Los trabajadores municipales de Malvinas Argentinas están realizando medidas de fuerza desde el jueves 10 de diciembre en reclamo por la arbitraria e ilegal medidas del intendente Gastón Mazzalay (PJ- Hacemos por Córdoba). Si bien los despidos están prohibidos por el decreto nacional de necesidad y urgencia 891 hasta el 15 de enero, en Malvinas Argentinas la realidad contradice a la ley.

El viernes 4 de diciembre, con media hora de anticipación y por WhatsApp, fueron convocados 22 trabajadores de planta a una reunión en la que se le impidió participar al secretario general del sindicato, Pablo Ríos. En dicha reunión el intendente les entregó el decreto 444/2020 donde se resuelve darles de baja y reubicarlos bajo la figura de monotributistas y pasantes. Se dejaba sin efecto su pase a planta permanente llevado a cabo el 15 de junio de 2019, un año y medio atrás, por un supuesto error administrativo en el proceso de nombramiento.

Lo concreto es que los 22 trabajadores que tienen entre 4 y 14 años de antigüedad, cuya condición de planta fue reconocida tardíamente, fueron degradados en su condición laboral en un claro acto de ilegalidad llevado adelante por el propio intendente. Por esa razón, los trabajadores con el sindicato municipal a la cabeza, procedieron a desarrollar asambleas en las que acordaron llevar adelante un plan de lucha si el ejecutivo no revierte su decisión, poniendo el eje en alertar a la población malvinense de este atropello y al conjunto de los municipales de la necesidad de actuar de manera unificada.

El accionar de Mazzalay constituye una expresión más del ajuste que los intendentes han desarrollado desde comienzo de año contra los trabajadores municipales. Es lo que hizo el intendente Luis Picat en Jesús María, donde actuó como patrón de estancia para detener de manera ilegal a 41 trabajadores que reclamaban por el cumplimiento de la paritaria acordada y sus derechos laborales. Es lo que hizo Martín Llaryora, con un ataque alevoso sobre el estatuto de los municipales de Córdoba, precarizando el salario y sus condiciones de trabajo. Es lo que pretende hacer Mazzalay para proceder a remplazar a trabajadores de planta por cuadrillas municipales que cobran $3.500 semanales y actúan como jornaleros. Por ello, el secretario general del sindicato expresó ante medios locales que si la medida está motivada por una situación económica “los trabajadores implicados deberían tener prioridad por sobre las decenas de funcionarios, asesores y administrativos que fueron contratados durante esta gestión y que no son de la localidad, robándole así la oportunidad a los vecinos de la ciudad” (RadioSuquía, 8/12).

¿Sobran trabajadores?

Malvinas Argentinas es una ciudad donde la proporción entre habitantes y trabajadores municipales es muy inferior a la establecida. Esta es la principal razón por la cual la inmensa mayoría de los barrios de la ciudad no tiene asistencia por parte del Estado. Antes de los despidos el Municipio, apenas tenía un plantel de ¡130 trabajadores de planta para asistir a 20.000 habitantes con todos los servicios!

Los despedidos entienden que este ataque es la antesala de un ajuste mayor. La inclusión de una reducción de la partida salarial en el presupuesto capitalino de apenas un 9%, mientras se prevé una inflación del 51% para todo el 2021 es un hoja de ruta para todos los municipios de la provincia. Mientras los gobiernos locales pretenden disciplinar a los que luchan para que no levanten cabeza bajo el argumento de que “por lo menos tienen trabajo”, los sindicatos como el Sitram (Sindicato de Trabajadores Municipales) de Jesús María, muestran que si se lucha se gana. Es lo que refleja la paritaria obtenida durante este año 2020 (del 59% para las categorías más bajas) en continuidad con la del año 2019 (del 70% para las más bajas y del 53% para el resto de las categorías).

En Malvinas, ninguno de los trabajadores municipales despedidos supera los 25.000 pesos de bolsillo y con este despido pierden aportes jubilatorios, obra social y estabilidad laboral. Aún con 14 años de antigüedad, se condena a la indigencia más absoluta a familias enteras en un contexto de recesión aguda y desempleo creciente.

En un emotivo video denuncian que no son un número más: son padres y madres de familia, sostenes de hogar, recolectores de basura, agentes de tránsito, enfermeros y enfermeras que están en la primera línea de fuego y exponen su propia vida para garantizar la prestación de los servicios municipales. Entre ellos hay dos trabajadoras con hijos discapacitados, una trabajadora embarazada y un trabajador a días de ser padre de familia. La comprensión de que el accionar del intendente constituye una ilegalidad que es preciso revertir con la lucha y la unidad crece en la conciencia de trabajadores y vecinos.

https://fb.watch/2jMz3kyeD2/

La Coordinadora Sindical Clasista, el Polo Obrero y el Sitram de Jesús María, este lunes 14 participarán junto los trabajadores de las asambleas y movilizaciones planteadas para exigir que se dé marcha atrás con estos despidos arbitrarios.