En las primeras horas del lunes, el juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro dispuso la intervención judicial del Fondo Compensador del sindicato de Luz y Fuerza, tras el pedido realizado por el fiscal federal Carlos Casas Nóblega. El pedido procede luego de que Casas Nóblega procesara a una veintena de miembros de la comisión directiva y sectores allegados por presunto lavado de activos, asociación ilícita y el delito de defraudación. Entre los imputados se cuenta al secretario general, Gabriel Suárez; el adjunto, Jorge Molina Herrera; y al secretario de actas, Fernando Navarro, por esos tres delitos. El fiscal solicitó ir aún más lejos mediante la intervención total del sindicato.

En la práctica, la intervención imposibilita a la comisión directiva en el manejo económico del gremio. El magistrado resolvió designar a dos contadores dependientes de gendarmería como veedores de la administración de Luz y Fuerza y administradores del Fondo Compensador, ya que varios de los delitos que se investigan se habrían cometido desviando recursos de ese fondo.

Esta causa ya cursa su segundo año y tuvo su origen dos años atrás, cuando la justicia federal libró 21 órdenes de allanamiento a la sede del sindicato y domicilios particulares de integrantes de la organización gremial y allegados.

Intervención: modus operandi del ajuste

Una causa casi espejo se ejecutó a principios del 2020, cuando Alberto Fernández mandó a su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a intervenir al también poderoso Sindicato Único de Recolectores de Córdoba (SurrbaC), en el marco una megacausa donde se investigó presuntas maniobras de lavado de activos, entre otros delitos, por la que quedaron detenidos el secretario general, Mauricio Saillén, y su adjunto, Pascual Catrambone. Este caso también fue comandado por el juez Bustos Fierro que, al igual que el fiscal Casas Nóblega, son hombres de Estado. Casas Nóblega “intervino como defensor público de represores en Catamarca y fue impugnado por familiares de desaparecidos y expresos políticos de esa provincia” (Página 12, 9/7/17).

Volviendo al “caso SurrbaC”, las principales secuelas no la sufrieron los imputados, que hoy en libertad son defensores públicos del mismo gobierno que los encarceló, sino sus trabajadores. El año pasado, con el apoyo de los imputados se estableció “un cambio en el convenio colectivo con un pago del 25% del sueldo como no remunerativo, lo que impacta, entre otras cosas, en el pago de aportes que las empresas tienen que hacer al Municipio. Pero, además, el sindicato “comprometió a sus empleados a empezar a hacer tareas que antes no realizaban” (Perfil, 23/6). Vale aclarar que este ahorro millonario no fue a parar a los contribuyentes; el año pasado, las empresas recolectoras recibieron en concepto de reajuste 80 millones más de pesos mensuales.

Convenio y privatización de Epec, los objetivos de la intervención

Detrás de la intervención de Luz y Fuerza hay fuertes motivaciones tanto del gobierno nacional, que tiene sus intereses en la central atómica de Pilar, como del provincial. El gran botín millonario es la empresa estatal de energía Epec y el convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza, que a pesar de haber sufrido varios ataques, sigue siendo uno de los mejores convenios del país y una referencia para el conjunto de la clase obrera que hoy, en su mayoría, cobra sueldos por debajo de los índices de la pobreza.

A pesar de que el secretario general Gabriel Suárez denuncia que el accionar de Bustos Fierro es “netamente político” y declara que “ha molestado mucho que un gremio como Luz y Fuerza no se haya sometido a la intención de privatización del gobierno de Córdoba”, no ha convocado a las y los trabajadores a defender su convenio. Por el contario, en un comunicado niega que el sindicato haya sido intervenido y coloca todo el eje de sus declaraciones en que a Schiaretti le “molestó el apoyo (de la conducción) al Frente de Todos”.

La oposición a Suárez, integrada por las agrupaciones Naranja y Azul y Blanca, emitieron una declaración donde, entre otras cosas, convocan al conjunto de los compañeros y compañeras lucifuercistas a firmar el petitorio para exigir una Asamblea General, donde la dirigencia procesada informe las implicancias de la situación actual y se analicen las medidas a seguir… “para recuperar a nuestro sindicato como herramienta de lucha”. Uno de los objetivos de este petitorio es poner en pie un movimiento que pugne por el adelantamiento de las elecciones para defender el sindicato de la justicia y el Estado, que claramente tiene intenciones opuestas a la de los trabajadores.

Que Schiaretti persiga a conducciones sindicales por enriquecimiento ilícito o malversación de fondos es un contrasentido. El conjunto de la cúpula de la CGT, que por cierto no dijo una sola palabra sobre Luz y Fuerza, está compuesta por burócratas enriquecidos con los aportes y las obras sociales de sus afiliados. A diferencia de los dichos de Suárez, todos apoyan a uno u otro gobierno indistintamente, según se presenten las circunstancias. Inclusive, tanto el gobierno provincial como el nacional han tenido políticas para desnaturalizar las organizaciones obreras y transformarlas en cajas negras compuestas en su mayoría por punteros del PJ.

La intervención de los trabajadores, la única garantía

Algunos diarios editorializaron que Suárez, a pesar de su complicada situación judicial, estaba tranquilo por ser “el mal menor” para el gobierno. Esto tiene sentido ya que la oposición del sindicato, de haber ido unida en las últimas elecciones, se habría hecho de la conducción por una diferencia holgada.

Sin embargo, el apuro del gobierno nacional y provincial por dar un salto en el ajuste está presente en toda la situación política. La intervención de las y los trabajadores es la única garantía para defender el convenio, el salario y la Epec estatal e integral sobre la cual, gracias al concurso y la parálisis de esta conducción, el gobierno está avanzando y ahora pretende dar un salto en calidad. Todo el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza. Abajo la intervención de la justicia, Schiaretti y Fernández.

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