Un nuevo despido persecutorio -el de la médica gastroenteróloga y hepatóloga Mariana Jumene del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia-, se suma a otros perpetrados por el gobierno de Juan Schiaretti contra los trabajadores de salud.

El caso de los enfermeros Pablo Mercado y Facundo Paredes, quienes se desempeñaban en la Unidad de Terapia Intensiva Covid adultos del Hospital Domingo Funes del departamento de Punilla, engrosa la lista. Junto a los despidos, el gobierno armó una persecución judicial contra el pediatra directivo de la Unión de Trabajadores de Salud (UTS), Ariel Goméz, a quien suspendieron por 90 días en forma arbitraria y sin goce de sueldo para luego proceder al despido, pese a poseer fueros gremiales. Estela Giménez, enfermera y secretaria adjunta de UTS, fue el centro de una campaña persecutoria orquestada por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP). Se suman al emblemático caso del médico imputado del geriátrico de Saldán, Lucas Figueroa, que despertó la indignación y la reacción de miles de trabajadores que salieron en caravana a decir basta. Luego de ese episodio, el gobierno provincial procedió al traslado de otro trabajador del Hospital de Niños, también para perseguir su accionar de denuncia de las condiciones laborales en los medios de comunicación.

La complicidad antiobrera del SEP para armar las causas y participar de los aprietes tiene todo un prontuario entre los hospitales. Se trata de una conducción burocrática integrada al gobierno de Schiaretti y repudiada por el conjunto de les trabajadores de salud, cuyo secretario general, José Pihén, acaba de pactar la miseria salarial del 9% para los estatales. El acuerdo fue rechazado por la Multisectorial de Salud, quien convocó a un paro para el próximo 10 de noviembre que cobra cada vez más vigorosidad entre los hospitales.

Los despidos se desarrollan para quebrar el paro y la organización combativa de todo el personal de salud que denuncia la impostura del gobierno para hacerle frente a la pandemia. Justamente, los que están en la primera línea de combate contra el coronavirus, sostienen el sistema de salud con esfuerzo e hiperflexibilidad laboral y ya perdieron a 25 compañeros trabajadores de salud durante la pandemia, son perseguidos, imputados y hasta despedidos cuando salen a denunciar la falta de insumos, testeos, condiciones de bioseguridad y, por supuesto, la miseria salarial.

La respuesta de los trabajadores de los hospitales donde se desenvuelven los despidos fue inmediata: hubo asambleas de rechazo donde se exigió que el gobierno dé satisfacción a los reclamos que se vienen planteando desde cada nosocomio. El paro del 10 cobra fuerza y la lucha contra los despidos lo ha acicateado.

Tribuna de Salud repudia estos hechos, exige la reincorporación inmediata de todos los despidos, el cese de las persecuciones al personal de salud y la satisfacción de las demandas por las que se llega al paro del 10. La banca del FIT, a través de la legisladora Soledad Díaz, denunciará esta situación en la Legislatura a través de la presentación de un pedido de informe donde el Ministro de Salud, Diego Cardozo, tenga que dar cuenta de cada uno de estos casos. A su vez, se establecerá un proyecto de Ley que impida en la provincia el traslado, las suspensiones y los despidos a todo el personal esencial de salud mientras dure la pandemia.