Una nueva marcha de centenares de trabajadores ganó este viernes 13 las calles de la Ciudad de Córdoba. Alentados por la disposición de la administración municipal que les retira las chapas de inspectores a más de 450 empleados, quitándoles a su vez el adicional del 30% por tareas de inspectoría, la marcha finalizó en el Colegio de Abogados.

Así se hizo explícito el repudio a la integración de decenas de abogados monotributistas, que bajo el programa de “Promotores de Convivencia” fueron habilitados para realizar multas en la municipalidad, en una maniobra que golpea sobre el cuerpo de inspectores. Esta última medida del intendente Martín Miguel Llaryora viene a consolidar su política de precarización laboral, montando un cuerpo paralelo que garantice principalmente la actividad en áreas destinadas a la recaudación.

La acción, que tuvo características masivas, fue precedida por concentraciones de los sectores de salud, que un día antes desmintieron en las calles las afirmaciones oficiales a propósito de que la reducción salarial del 15% no afectaría a salud y educación. Asimismo, denunciaron el pago en negro de bonificaciones como el título, una resolución que apunta al desmembramiento de uno de los salarios más importantes de los trabajadores cordobeses.

El sistemático ataque que comenzó con la eliminación de horas extras y prolongaciones de jornada y se fue profundizando con el recorte de la jornada laboral, el pase a sumas no remunerativas de las bonificaciones, la ampliación del Régimen de Pasividad Anticipada, la anulación de la paritaria 2020, entra ahora en una nueva etapa. La embestida contra los inspectores de tránsito es acompañada con un despliegue de medidas destinadas a golpear sección por sección. Llaryora está en una verdadera cruzada contra los municipales para aplicar la misma receta del pejotismo provincial: quebrar el convenio municipal, supliendo sus funciones con programas precarios como los Servidores Urbanos.

El creciente conflicto municipal lleva más de un mes. En cada repartición se expresa con particularidades, porque los modos de afectación son diferentes, pero queda claro que el profundo malestar recorre a los trabajadores de todos los sectores, que demandan una unificación de la pelea y la definición de un plan de lucha progresivo.

Con el argumento de la cuarentena, la conducción del gremio posterga la necesaria convocatoria a una asamblea de delegados y activistas, quienes igualmente se encuentran cotidianamente en las calles. Aun así, se multiplican en las dependencias municipales las acciones de lucha y madura la tendencia a la coordinación de un plan común que debe ser necesariamente progresivo, unificado y preparar el camino hacia un paro total que ponga freno al avance de Llaryora.

La decisiva lucha de los municipales de Jesús María demostró que el camino más efectivo es la asamblea general, el plan de lucha, la huelga y la movilización. Es necesario apuntar a las áreas de la administración pública y de recaudación para ir al corazón de la política de Llaryora, que se encuentra fuertemente condicionado por la bancarrota municipal y las extorsiones empresariales.

Con esta perspectiva, trabajamos para que el activismo municipal y el conjunto de las y los luchadores sean protagonistas en la jornada nacional de lucha que prepara el Plenario del Sindicalismo Combativo para el próximo 16 de junio.