Esta semana se dieron a conocer los datos de la Encuentra Permanente de Hogares (EPH) sobre el registro de uno de los sectores laborales más precarizados del país y de la provincia. Los datos arrojan lo que ya veníamos denunciando desde el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, SiTraCP, que el “Plan Registradas” que lanzó con bombos y platillos el gobierno nacional se trataba de un subsidio a los empleadores que no resolvía ni cerca el problema de la precariedad y falta de registración en este rubro.

Mientras que las representantes de los sindicatos propatronales Upacp y Sinpecaf, que integran la Comisión de Trabajo en Casas Particulares, declaran en los medios que el problema del registro pasa porque “falta fomento, inspección y también un cambio cultural”, lo concreto es que luego de 9 años de sancionado el régimen especial, ninguno ha planteado una salida a los problemas que tenemos las trabajadoras; esto es porque están ligados políticamente al Estado y los partidos gobernantes.

A la hora de hablar de nuestra actividad, Fernanda Sánchez, funcionaria del gobierno municipal de Córdoba y abogada de Upacp, aseguró que ”la pandemia demostró que es un sector esencial, se revalorizó el trabajo, todo el mundo se empezó a desesperar por tener su casa limpia, por cambiar de categoría para que puedan cuidar a niños o personas adultas”. Pero esta “revalorización del trabajo” de la que habla no la empujó en ningún momento, ni a ella ni a su sindicato, a discutir salarios que equiparen a la canasta familiar, incluso sabiendo que la mayoría de las trabajadoras son jefas de hogar. De hecho, firmaron los dos acuerdos de este año que nos siguen manteniendo bajo la línea de pobreza.

Cuando Altamirano, funcionaria de Hacemos por Córdoba y secretaria general de Sinpecaf , afirma que “con 60 mil pesos mensuales es difícil sostener un hogar y eso genera que trabajen horas de más y sientan un malestar generalizado”, intenta ocultar la responsabilidad de Upacp, sindicato burocrático que entrega nuestros derechos y salario.

Todas las declaraciones de las representantes de ambos sindicatos omiten que uno de los problemas centrales que trae aparejado la falta de registro es la jubilación. Actualmente hay miles de compañeras que no se pueden jubilar, o lo hacen como amas de casa y por la mínima, porque siempre trabajaron en la informalidad. El 1% de antigüedad corre desde el año 2019, es decir que no reconoce la antigüedad de los años anteriores y se calcula sobre salarios de indigencia. Por eso es fundamental la lucha por la retroactividad de la antigüedad, y a esto debemos sumarle la insalubridad del trabajo que realizamos.

En ningún punto de la nota del diario La Voz del Interior (15/11), de donde surgen las declaraciones antes señaladas, se menciona una salida para el sector. Aunque abunden las declaraciones por salarios y derechos, queda de manifiesto que estos sindicatos burocráticos, que responden al Estado y las patronales, no tienen absolutamente ninguna solución para los problemas de las trabajadoras de casas particulares.

Por el contrario, desde el SiTraCP venimos de realizar una concentración, el pasado 14 de noviembre, en las puertas de la sede del Ministerio de Trabajo de la ciudad de Córdoba, exigiendo la reapertura de la mesa de negociación salarial para discutir una verdadera recomposición salarial, un aumento del 100%, un bono de fin de año que no sea excluyente, la registración, la retroactividad de la jubilación y que sea anticipada por insalubridad.

Es claro que para derrotar el ajuste en curso que se descarga sobre el pueblo trabajador, del cual las trabajadoras de casas particulares somos parte, debemos seguir un camino claro, el del triunfo que marcó el Sutna, y avanzar en unidad con todos los sectores que salen a la calle, para impulsar de conjunto un paro nacional y un plan de lucha. En este sentido, nos volveremos a movilizar el próximo martes 22 de noviembre, al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

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