Las conducciones de los gremios estatales de docentes, empleados públicos y jerárquicos acaban de firmar con el gobierno de Córdoba un acuerdo que posterga hasta octubre la negociación salarial de las paritarias que vencen a fines de este mes de julio. Sin que medie asamblea, consulta  ni reunión informativa alguna, docentes y estatales de la provincia se enteraron por el diario (La Voz, 21/7) de esta decisión que resigna el salario y pone a los trabajadores al servicio de la política de ajuste del gobierno. A su vez, firmaron un incremento de 5% a cobrar no con los salarios de julio, sino cuando esté finalizando agosto. “Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras”, decía el viejo bolero “Entrega total”, que la burocracia sindical parece cantarle a coro al gobernador Juan Schiaretti.

El acuerdo salarial de la primera mitad de este año 2020, establecido en el orden de un 16% en cuotas, fue usado para consolidar una pérdida del año anterior de alrededor de 20 puntos por la inflación que no se compensó en los salarios y para dar de baja definitivamente a la cláusula gatillo. Con esto, se definió un salario muy por debajo de la línea de pobreza. El salario de una maestra que recién se inicia no llega a los $35.000, es decir apenas cubre los viáticos que se acaba de aumentar el gabinete de la planta política del gobernador. En el caso de docentes, además, el acuerdo incluyó una rebaja de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, haciéndolo pasar como parte del aumento salarial y avanzando por acuerdo paritario en la armonización del régimen previsional y en la reforma que el gobierno luego establecería en la ley 10.694. Los docentes, las escuelas y la propia asamblea provincial del sindicato Uepc (docentes) rechazaron esta propuesta que luego la burocracia firmó en cuarentena, contra la voluntad de la docencia.

Con este acuerdo que posterga la discusión paritaria a octubre, la burocracia le está regalando al gobierno mucho más que dos meses de salario. Por un lado y contra todo planteo de defensa del poder adquisitivo, entrega de forma concluyente el reclamo de la cláusula gatillo y la actualización salarial automática para proteger el salario contra la inflación. El sebo de un 5% para cobrar a finales de agosto, que no fue establecido en ninguna asamblea, constituye la firma de una orientación que entrega al gobierno la disposición de los aumentos, por fuera de cualquier indicador e incluso por fuera de los reclamos y mandatos de los trabajadores. Por otro lado, el acuerdo ilustra el absoluto lacayismo de la burocracia sindical que así como hoy posterga sin queja, reclamo o condición alguna la discusión paritaria, abre el camino para los recortes salariales y el pago en cuotas o bonos, algo para lo que el gobierno ya abrió el paraguas y dejó establecido que tiene voluntad de hacer.

Cuando las luchas obreras proliferan en Córdoba y exponen una tendencia de los trabajadores a enfrentar el ajuste y el recorte de salarios y condiciones laborales, el rol de las conducciones sindicales y la CGT es el contrario. No solo no han llamado a plenario o asamblea que busque u organice la intervención de los trabajadores ni han llamado al paro provincial para enfrentar la reforma jubilatoria, sino que ni siquiera se han pronunciado contra la avanzada represiva del gobierno contra las luchas. No se vio al SEP (empleados públicos) atender los reclamos de los trabajadores de los hospitales, trabajando en condiciones de emergencia. Tampoco a la Uepc tomar la reivindicación de los maestros que quedaron sin cargo y sin salario. Sí se los ve ahora, atendiendo presurosos y contemplativos los asuntos financieros del gobernador. Completamente postrada ante el gobierno, la burocracia sindical está en la vereda de enfrente de los reclamos de los trabajadores.

Para organizar una salida de las y los trabajadores es necesaria la independencia política de las organizaciones obreras. Para resolver cualquier acuerdo, Uepc y SEP deben convocar a asambleas para que deliberen y resuelvan los trabajadores, así como la CGT debería discutir y convocar al paro provincial. Resulta imprescindible un plenario de delegados de base que prepare y organice este camino y lo lleve adelante con el programa y el método de los trabajadores.

Para desarrollar esta orientación convocamos desde la Coordinadora Sindical Clasista a un gran plenario de trabajadores el próximo 25 de julio que asumirá esta tarea con el protagonismo de las luchas y la independencia política de los trabajadores.