El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, realizó declaraciones afirmando que se quitarán “incentivos económicos” a lxs empleados municipales que no se vacunen contra el coronavirus. También advirtió que “la próxima semana es el ultimátum” y señaló que “vamos a ir por más”. Desde la izquierda objetan que no obedece al necesario avance de la vacunación para disminuir las riesgos sanitarios, sino a una política rabiosamente patronal contra los derechos laborales.

La concejala del FIT por el Partido Obrero, Cintia Frencia, salió al cruce de las declaraciones del intendente. Advirtió que: “las amenazas del intendente contra los municipales no responden a ninguna política de salud pública. Se trata de una extorsión patronal que tiene como propósito preservar la renta empresaria, tal y como lo señaló el propio Llaryora en su discurso. Es la misma lógica con la cual el Ministerio de Salud de la Nación impuso la obligatoriedad de reintegrarse a las actividades presenciales a personal de riesgo que hayan recibido una sola dosis; o la que impone ahora Schiaretti con las sanciones a los estatales provinciales que no accedan a la vacunación”.

Las citadas declaraciones de Martín Llaryora se realizaron durante un acto oficial, luego de que el presidente de la UIA, Funes de Rioja, reclamara la potestad para las empresas de no pagar los salarios a los trabajadores no vacunados.

Sin embargo, la posición del intendente está por fuera del marco legal. La vacunación no es obligatoria en nuestro país, entre otras cosas porque se trata de una vacuna provisoria. Además, hablar de obligatoriedad cuando aún la inmensa mayoría de los trabajadores esperan la segunda dosis es un sinsentido. Una medida de estas características es impracticable porque faltan vacunas. Y en una ciudad donde el trabajo informal alcanza al 60% de la población, es claro que no tendrán un efecto significativo a la hora de controla la propagación comunitaria del virus.

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La concejala del FIT rechazó cualquier mecanismo coercitivo, y clarificó que “Llaryora aprovecha la pandemia para avanzar un paso más en el ataque al convenio colectivo de las y los municipales, desconociendo conquistas históricas de los trabajadores. Una política sanitaria implicaría en primer lugar disponer de las vacunas necesarias para completar el calendario de vacunación de todos los trabajadores en espera, y una campaña de promoción y acceso a la vacunación desde las barriadas. Presentamos un proyecto de resolución para preservar los derechos de las y los trabajadores, rechazando cualquier medida sancionatoria”.

La amenaza no puede pasar de largo para quienes trabajamos todos los días en las reparticiones municipales. Es necesario una acción independiente para rechazar la medida. Desde el día en que asumió, Llaryora sancionó la ordenanza de emergencia que ajustó los ingresos de las y los trabajadores municipales, primero argumentando en la crisis de las finanzas municipales para manejar a discreción las partidas del presupuesto, y luego justificándose en la pandemia para desconocer el estatuto y profundizar el ataque sobre el salario con el recorte de horas y maniobrando con el pago de sumas no remunerativas, además de imponer una paritaria que incrementó la pérdida del poder adquisitivo y mostró un alineamiento indisimulable entre la conducción del sindicato y el Poder Ejecutivo.

A la luz de los hechos es claro que lxs trabajadores del Suoem deben votar contra los gobiernos ajustadores, para de esa manera reforzar la organización independiente dentro y fuera del sindicato. Un ejemplo en ese sentido, es el camino que vienen desandando lxs trabajadores municipales de Jesús María, el Sitram conquistó un 55% de aumento salarial, y arrancó el pase a planta permanente de trabajadores precarizados. Para apuntalar todavía más ese desarrollo, la secretaria adjunta del gremio integra la lista del Partido Obrero en las próximas elecciones.

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