En la provincia de Córdoba, a los trabajadores bibliotecarios nos toca defender nuevamente nuestros derechos laborales y el derecho social a la educación. El gobierno de Martín Llaryora avanza con una medida que busca dar de baja los cargos bibliotecarios de los compañeros y compañeras que se jubilan, sin cubrir esos puestos ni garantizar la continuidad del servicio educativo que brindan las bibliotecas escolares.

Esta política, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de un proceso de vaciamiento del sistema educativo público. Con el cierre paulatino de cargos, se empuja al cierre de las bibliotecas escolares, espacios fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Porque las bibliotecas no son depósitos de libros: son centros de aprendizaje, investigación, acompañamiento pedagógico y construcción colectiva del conocimiento.

Los bibliotecarios y bibliotecarias escolares también realizamos tareas pedagógicas, trabajamos junto a los docentes en proyectos educativos, promovemos la lectura crítica, la alfabetización informacional y el acceso igualitario a la cultura. Por eso, exigimos el reconocimiento pleno de nuestro rol docente y el acceso al régimen jubilatorio correspondiente, tal como lo establece la justicia y como corresponde a todos los trabajadores de la educación.

Con Uepc Capital, agrupaciones y colectivos de bibliotecarios, nos venimos organizando para frenar este ajuste en la educación. Rechazamos las políticas que pretenden desmantelar nuestras bibliotecas, porque la defensa de cada cargo, de cada biblioteca, es una defensa del derecho a la educación pública y popular. Ni un cierre más. Ni un bibliotecario menos. Por el reconocimiento de nuestras tareas pedagógicas y el régimen jubilatorio docente.

Un proyecto de reforma educativa reaccionario

¿De qué se trata el borrador impulsado por el secretario del área, Carlos Torrendell? -

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