A raíz de los atropellos y humillaciones que sufren por parte de sus empleadores durante la cuarentena nacional, más de 200 empleadas de casas particulares de la provincia han comenzado a reagruparse para denunciar esta grave situación.

Las trabajadoras denuncian que son obligadas prestar servicios a empleadores que recientemente han regresado de países con gran circulación del virus, incluso cuando ellas mismas integran grupos de riesgo. Para  llegar a sus lugares de trabajo deben atravesar la ciudad en transporte público, poniendo en riesgo su salud sin que se las provea de ningún elemento de protección personal. Denuncian además que son utilizadas para salir a la calle a realizan los mandados.

 

 

En los casos en que sí se otorgan licencias por el aislamiento social sufren descuentos salariales, mientras que la mayoría de las que está en negro son directamente despedidas. Algunos empleadores han llegado al extremo de contabilizar como parte del salario el bono de $10.000 que el gobierno nacional anunció que pagará a trabajadores informales en abril; es decir que lo toman como una bonificación al patrón que mantiene contrata personal en negro. El silencio cómplice del Estado tiene un motivo evidente, ya que muchos de los empleadores son funcionarios políticos y judiciales.

Más de 200 empleadas domésticas de la provincia han creado un grupo de WhatsApp y están viralizando en sus redes sociales todas las denuncias, incluyendo audios amenazantes de sus patornes. Emitieron para ello un comunicado que cuestiona “el total desamparo y la falta de respeto por parte de autoridades del Sinpecaf (Sindicato de Personal de Casas de Familia)” Agrega que esto “ya nos pasó con el bono de $3.000 del que quedamos afuera y luego nos incluyeron porque nos manifestamos en la puerta del sindicato. Hoy pedimos nos incluyan en la ayuda de $10.000 que da el gobierno a todas las empleadas, no solo a las que están en negro” y reclama “que tomen cartas en el asunto por el maltrato laboral y las amenazas por parte de los empleadores (…), ya que estamos siendo hostigadas y obligadas a ir a trabajar porque si no nos van a pagar el sueldo o nos van a despedir”.

Desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda hemos recogido una infinidad de denuncias, en base a las cuales estamos presentaremos un proyecto de ley en la Legislatura y cursaremos los reclamos al sindicato, al Ministerio de Trabajo y ante el Inadi.