Un proceso de deliberación recorre las escuelas de Córdoba debido al creciente malestar que se vive, tanto entre docentes como estudiantes, por las continuas decisiones anti-educativas y de ajuste del gobierno. El viernes pasado, un plenario de la docencia y las escuelas recogió una serie de mandatos que muchas delegadas y delegados elaboraron en asambleas en sus escuelas y resolvió un programa que organiza y orienta la intervención de la docencia y la propuesta de una acción colectiva para el próximo miércoles 9 de septiembre que ponga en la calle la lucha por ese programa.

Yendo detrás de los delegados y del activismo, la conducción del sindicato docente UEPC, que no había realizado ni siquiera una reunión en toda la cuarentena, convocó a una serie de plenarios informativos que buscan desviar esa intervención, desplazar la agenda y validar la política del gobierno contra la docencia y las escuelas. Pero más allá de sus intenciones, se está instalando en Córdoba un escenario de asambleas y un campo de intervención de las y los trabajadores de la educación.

La improvisación del Ministerio de Educación de la provincia frente a la organización del ciclo lectivo no puede ocultar el ajuste profundo que significa contra las escuelas. Desde el gobierno se niegan abiertamente a cubrir las vacantes, dejando a docentes sin trabajo y a estudiantes sin docentes. Durante todo el período de suspensión de clases y virtualidad forzosa cada decisión ha intentado avanzar por sobre la autonomía de las escuelas avasallando derechos laborales y destruyendo las condiciones de trabajo de les docentes y de cursado de les estudiantes. La fantochada de la plataforma Mi Aula Web, que el gobierno promocionó con bombos y platillos, no sirve para atender las deficiencias de conectividad de los estudiantes, pero sí en cambio funciona como un dispositivo de control contra docentes. Nada se propone para atender al creciente desgranamiento y la deserción (o la ahora llamada desconexión) más que anuncios ambiguos de lo que llaman “promoción acompañada” tras los que intentan esconder la incertidumbre en torno a la finalización de los ciclos.

La realización de exámenes virtuales, que el gobierno dispuso sin garantizar condición de conectividad alguna, profundiza la desigualdad de oportunidades entre estudiantes y funciona como una presión contra los docentes. Además, el memo 01/20 del Ministerio de Educación plantea que estos exámenes deberán ser grabados, algo que ya ha generado el rechazo de un amplio abanico de escuelas y delegados que realizamos una presentación formal frente al Ministerio, en defensa de nuestros derechos de educadores y en protección de la privacidad de nuestros estudiantes. El gobierno intenta aprovechar la situación excepcional de la virtualidad de la educación para avanzar en modificaciones de hecho del régimen laboral docente, mientras se ahorra el dinero que debería invertir en que los estudiantes tengan sus maestros.

A la par del ajuste y la regimentación oficial, se ha iniciado un lobby patronal desde la oposición derechista que, tras el mote de “emergencia educativa” promueve declarar a la educación como actividad esencial. Lo que subyace a este palabrerío es una presión por la vuelta a las aulas que además responsabiliza a los docentes por la crisis educativa. El gobierno por ahora prefiere el ahorro que le genera la virtualidad, sin designaciones de docentes y sin arreglar las escuelas, pero no es ajeno a estas presiones que puede resolver con mayor precarización laboral.

Frente a todo este panorama, el plenario de la docencia y las escuelas resolvió un programa que responde punto por punto a esta política de ajuste y se ubica en el terreno de la defensa de la educación pública. Con la participación de medio centenar de docentes, muchos delegados que llegaron con mandatos y pronunciamientos de sus escuelas, y gran parte de la oposición antiburocrática de la UEPC, el plenario propuso una resolución para ser discutida en asambleas en las escuelas. Esta orientación arma a las escuelas y prepara fuertemente su intervención.

La conducción de la UEPC solo reacciona como respuesta a la movilización y la deliberación de los docentes. Es incapaz de proponer una orientación para la intervención de la docencia, porque más que paralizada, resulta cómplice de la política de ajuste del gobierno, lo que la llevó a observar pasiva la postergación de la paritaria y a adelantar incluso la reforma previsional en el acuerdo salarial de marzo. La convocatoria tardía a una serie de plenarios informativos intentará desviar el programa de las escuelas y colocar a debate la agenda del gobierno, que tiene entre sus primeras intenciones una reforma reaccionaria del estatuto para flexibilizar el trabajo de los docentes y adaptarlo a la situación de virtualidad.

Para defender la escuela, la educación y a los educadores, es necesario un camino y un programa independientes del gobierno. Lo vienen desarrollando las escuelas y los docentes que contra todas las presiones se organizan y luchan por sus reivindicaciones. Así se han organizado las maestras suplentes por la cobertura de cargos y así se ha rechazado ahora la disposición de grabar los exámenes. El plenario de las escuelas es una instancia que organiza, prepara y orienta esta intervención y como tal ha resuelto también una acción de lucha callejera el próximo miércoles 9.

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