El Centro de Capacitación de Transporte y Tránsito de la municipalidad de Córdoba vuelve a ser noticia. Lo fue hace meses cuando se hizo caso omiso al cumplimiento de protocolo por contagios de Covid-19, sin aislar a contactos estrechos y obligando a los trabajadores a asistir a la repartición. Lo es hoy porque nos llegan denuncias que reflejan la situación de indefensión de los trabajadores precarizados (becarios), alertando sobre la necesidad de intervenir sindicalmente, dada la estrecha relación que se establece en términos de funciones y tareas entre becarios y trabajadores de planta.

Victoria Romero se desempeñó como becaria de esta repartición desde el 15 de enero de 2021 afectada a la tarea de operadora Sinalic (sistema nacional de licencias). Victoria emitió durante meses licencias de conducir manejando información sensible ligada a antecedentes y exámenes de ciudadanos demandantes de licencias; a su vez, trabajó en el área legales, respondiendo oficios y expedientes electrónicos enviados desde tribunales a la secretaría de movilidad urbana.

Esta tarea se vio interrumpida hace tres semanas, donde estuvo afectada por una gastroenteritis infecciosa que le requirió por indicación médica 4 días de reposo. Sin embargo, el funcionario a cargo del Centro de Tránsito, Dr. Moretti, le pidió que devolviera los días en los que estuvo de licencia. Frente a la negativa de Victoria, el funcionario le indicó delante del resto de compañeros de la repartición que se retirara del lugar, “porque se me desvinculaba y que se me iba a notificar”. Victoria señaló que la conducta arbitraria del Dr. Moretti no es nueva, ya que “constantemente amenaza con gritos, diciendo que quien haga las cosas mal, o quien no lo apoye se va a ir porque él tiene el poder de sacarnos, como así de hacernos entrar. ¡¡Al que no le gusta se va!!”.
Victoria rindió concurso público abierto en el año 2019, logrando el número de orden 39 para el cargo de técnico en inspección de tránsito. Su desempeño en este concurso fue brillante. Sin embargo, no logró acceder a planta transitoria porque la gestión sancionó la ordenanza de emergencia apenas asumió como método para proceder a un conjunto de irregularidades e ilegalidades, de las cuales la contratación precaria es un claro exponente.

La discrecionalidad de Moretti refleja el objetivo de la precarización: es un mecanismo de ajuste que avanza sobre los trabajadores negando derechos elementales mientras conmina a tener las mismas obligaciones que los trabajadores de planta. El precarizado no tiene derecho a licencias por enfermedades, ni a recibir el mismo salario frente a igual tarea. No goza de vacaciones ni de bonificaciones. Los becarios de la escuela de tránsito perciben $30.000 mensuales por una tarea que puede implicar 20 hs semanales o 30 hs, según el antojo del funcionario, mientras la canasta básica (lo que se necesita para no ser pobre) está en $67.000 y la canasta familiar en $103.673. Sin embargo, la discrecionalidad y el arbitrio no se ejerce exclusivamente sobre los precarizados. También es un accionar hacia los trabajadores de planta, constituyendo un modus operandi que caracteriza la gestión de conjunto.

Es necesario advertir que lo que ocurre en Tránsito no es ajeno a lo que sucede en otras reparticiones donde la precarización está instalada, sea a través de la figura del becario, del monotributista o de los operarios de las empresas de limpieza. Resulta frecuente el disciplinamiento mediante el cambio de horario, de sede o de tarea. Hay ejemplos en cada repartición y en cada empresa tercerizada. Hace unos días una situación similar aconteció con una empleada de la empresa de limpieza Cleaners (empresa de limpieza que tiene la concesión en varias dependencias) que debió observar aislamiento por contacto estrecho en cumplimiento del protocolo aplicado en una escuela municipal de la zona oeste. A la operaria se le aplicó un descuento por $8.000 en concepto de días no trabajados y presentismo sobre un salario de … $17.000!!! llevando la percepción a la magra suma de $9.000 sin que a ningún funcionario que debía controlar a la empresa se le moviera un pelo por la discrecionalidad patronal.

La situación de indefensión laboral de los precarizados de la municipalidad de Córdoba, que ya abarca el 25% del total de empleados, muestra que el objetivo de la gestión es el desguace del estatuto y su reemplazo de hecho por contratos flexibles y a término. La rescisión de los contratos precarios sin causa exime de indemnización al trabajador y deja al funcionario en el lugar del déspota que actúa sin control o límite al accionar discrecional.

El sindicato debe colocarse a la cabeza de la defensa de los trabajadores, sean estos contratados o de planta, y enfrentar la actitud persecutoria del ejecutivo municipal contra todo tipo de persecución, amedrentamiento y disciplinamiento a los trabajadores vía sanciones o traslados, estableciendo un plan de lucha para revertir todos y cada una de los excesos que el ejecutivo desarrolló contra los trabajadores.
Desde nuestra agrupación Lista Fucsia, nos ponemos a disposición de todx lxs trabajadores, precarizados y de planta, para denunciar esta situación y a sus responsables; exigimos la reincorporación de Victoria Romero y de cada trabajador sancionado de manera arbitraria e ilegal y llamamos a los trabajadores de planta a defender el estatuto municipal, lo que requiere de manera inmediata la organización de un plan de lucha por el pase a planta de quienes cumplen tareas municipales en cada repartición. La unidad de los trabajadores es la única respuesta posible para frenar el ataque patronal.