El 13 de agosto se dio a conocer la propuesta salarial del gobierno de Juan Schiaretti a los trabajadores de la salud, que consiste en un 28% en cuatro tramos no acumulativos, con base en el salario de enero, para la segunda mitad del año: 5% en agosto, 7,5% en septiembre, 10% en noviembre y 5,5% en enero de 2022. El ofrecimiento, celebrado por las conducciones sindicales como el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), representa una nueva pérdida del poder adquisitivo que se suma al 11% ya perdido en el período 2019-2020.

Según el Índice de Precios al Consumidor que mide el Indec la inflación acumulada a julio superó el 29% y la inflación interanual de precios se ha engrosado en un 51,8%, y lo que más ha aumentado son los alimentos con un 57,6%. Esto quiere decir que tanto el 17,5% cerrado por José Pihén del SEP para la primera mitad del año y el 45% anualizado que aparece como propuesta superadora son un nuevo ajuste sobre salarios empobrecidos.

A esto hay que sumar lo engañoso del planteo del gobierno y la burocracia, puesto que la última cuota, que se cobrará en febrero de 2022, tomará como referencia el salario de enero 2021. Una estafa debido a que la revisión de julio del 28% no es tal, porque se aplica sobre un salario que se pagó en enero.

Por otro lado, no incorpora los reclamos del 70% de lxs trabajadores precarizados ni mucho menos del salario que se está pagando en negro. Además, solo los bonos provinciales tienen garantía de continuidad, pero no así los nacionales. Esn un marco de ajuste fiscal, es una bomba de tiempo.

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A su vez, se suma a nuevos sectores a los escalafones más bajos de la pobreza. Mientras la canasta familiar valuada por ATE-Indec a junio fue de $100.000, recién en enero del 2022 una enfermera pasaría a cobrar un aproximado de $46.560 de básico, muy por debajo de la actual línea de pobreza. La situación de miseria en que nos encontramos es incluso reconocida por el propio gobierno, a través de la entrega de bonos en negro que no se integran a nuestra asignación básica, por lo que no repercuten en jubilaciones, aguinaldo, antigüedad.

La entrega de la burocracia sindical del SEP es un intento del propio legislador oficialista Pihén de darle un cierre a la lucha salarial que recorre los hospitales, para intentar tapar el colapso sanitario provincial, el catastrófico manejo de la pandemia del gobierno, y la miseria salarial de los profesionales de la salud, el sector con mayor reconocimiento social durante la cuarentena. El carácter patronal de Pihén es tan evidente que el propio comunicado que emitió SEP festeja que la administración pasará a cobrar un sueldo de $50.000: la burocracia aplaude y promueve la pobreza.

La respuesta de los principales hospitales han sido la de rechazar activamente el acuerdo y continuar con el plan de lucha. El martes hay asambleas en varios nosocomios y el miércoles hay una jornada de lucha provincial. El programa que se levanta no dista al que hoy levantan los compañeros de Garrahan que se preparan para un nuevo paro de 48 horas y varias provincias que siguen movilizadas. El 45% con base en julio en una sola cuota, la suma de los bonos al básico y cláusulas de actualización salarial para ganarle a la inflación son un planteo que tiene la justeza y firmeza de reclamar que nadie sea pobre y que se reconozca nuestra labor. Este programa solo lo defienden consecuentemente las asambleas de base, junto a un pliego integral de necesidades urgentes que tiene el sistema sanitario provincial y sus trabajadores. Todo el apoyo a la lucha de salud. Vamos por su triunfo.

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