Luego del agradecimiento público del presidente Alberto Fernández a la acción de Hugo Moyano de poner a disposición el sanatorio del sindicato de camioneros para las exigencias de la pandemia, el radicalismo en la figura de su presidente y actual diputado nacional mendocino: Alfredo Cornejo, presentó un proyecto de ley para suspender los aportes al sindicato y obras sociales de los afiliados gremiales por 180 días, con el argumento de “reducir todas aquellas obligaciones que no sean imprescindibles y hagan aún más gravosa e insostenible la finalidad de preservar los puestos de trabajo y la integridad de las remuneraciones”(Los Andes 2/4). 

Lejos de ser un llamado a la solidaridad de todos, de aprobarse este proyecto de ley sería una intromisión estatal reaccionaria en el sueldo de los trabajadores, porque afiliarse y pagar la cuota sindical o no hacerlo, es justamente una decisión política de los trabajadores. Para nada constituye un gasto del Estado o de las patronales. 

Si le preocupan la caja de las obras sociales gremiales y el poder de las burocracias empresariales sobre las mismas, o cómo se obtienen más recursos para enfrentar la pandemia, deberían atender los proyectos del Partido Obrero que plantean la centralización del sistema de salud (dividido en sector público estatal, privado y obras sociales gremiales) que termine con el lucro en la salud.

Pero, en realidad, Cornejo aprovecha la situación excepcional por la pandemia (con congelamiento de paritarias, de cuarentena con “tareas esenciales” que dividen objetivamente al movimiento obrero entre quienes están trabajando y quienes están confinados en sus casas) más el descontento popular contra las burocracias sindicales, para continuar su tarea política de desprestigio sobre la herramienta sindical, favoreciendo el vaciamiento de los gremios y una mayor división de nuestra clase social trabajadora exaltando la idea de la unidad nacional con las patronales frente a la crisis. 

También intenta mostrarse alejado de las burocracias sindicales, pero siendo gobernador de Mendoza ¡tejió una enorme alianza con ellas, al punto de custodiar con la policía el mayor fraude sindical de la historia provincial! y se valió de ella para destruir conquistas laborales de uno de los gremios estatales más combativos de la provincia, logrando así imponer techos salariales en paritarias donde premiaba a las burocracias con la polémica “cuota solidaria”.

El secretario General de la CGT mendocina calificó la iniciativa radical como una “perversa posición ideológica que busca el desfinanciamiento de los sindicatos” y se limitó a defender el aspecto legal de la ley 23.551 en su art. 38 que plantea al empleador como agente de retención del aporte sindical. Pero nada dicen de cómo van a organizar la lucha contra los despidos o la reducción de salarios que ya ocurre y que el DNU del presidente de prohibición de despidos no garantiza. 

En estos tiempos que corren es cuando más necesitamos de la herramienta sindical -no de los burócratas sindicales y sus negociados con los gobiernos de turno- por ello la tarea de recuperar los gremios y democratizarlos recobra mucha importancia para el movimiento obrero para la etapa, para defender la cuarentena y protegernos en el ámbito laboral con comisiones obreras de higiene salud y seguridad, ante la voracidad patronal y la falsa idea de una unidad nacional contra la pandemia.