La reciente lucha de los trabajadores del neumático, nucleados en el Sutna, volvió a colocar un tema que las patronales deslizan ante cada conflicto: la criminalización de los conflictos gremiales tachándolos de “salvajes”, “duros” y/o “radicalizados”.

En los últimos años ha crecido la tendencia patronal a organizarse para denunciar e impulsar acciones legales contra activistas y dirigentes gremiales, por diversas acciones sindicales, particularmente las asociadas a bloqueos de portones y piquetes de fábrica.

Esto ha llevado a la conformación de un polo patronal, autodenominado Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (Meab) -brazo antisindical creado por Patricia Bullrich-, desde donde contabilizan unos 42 “episodios violentos”, producidos en conflictos gremiales, denunciados ante la Justicia entre 2021 y 2022.

Casi un tercio de estas denuncias van dirigidas contra el gremio camionero y contra los bloqueos de portones, que las patronales denuncian como “violentos” e “ilegales”, y por fuera del derecho al ejercicio “lícito” de la huelga.

También se suman denuncias contra la Uocra (Construcción), Químicos, Panaderos, Estaciones de Servicio, Aguas y Gaseosas, Carga y Descarga, Portuarios, Atilra y los sindicatos de la carne y del telgopor.

El encuadre legal que las patronales buscan darle a los bloqueos de fábrica suele vincularse al art. 141 del Código penal (privación de la libertad personal), art. 158 del CP (coacción para tomar parte en la huelga), art. 149 bis del CP (coacción), art. 181 del CP (turbación de la posesión), etc.

A la fecha hay unos 10 sindicalistas presos, 50 imputados y ocho expedientes fueron elevados a juicio oral. Entre ellos se encuentra el caso de los dirigentes camioneros de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, a quienes, incluso, se les ha negado el beneficio de prisión domiciliaria, en una causa impulsada por una patronal que adeudaba los aportes obreros correspondientes al sindicato.

Las patronales manejan una doble vara para la interpretación del derecho. Muchos de estos piquetes y bloqueos de fábrica suceden cuando la patronal violenta los marcos del conflicto gremial apelando a trabajadores externos, empresas tercerizadas y/o todo tipo de artimañas y conductas “desleales” para quebrar al colectivo obrero.

Esto también se vio en el conflicto del neumático, con sistemáticas violaciones al reconocimiento de los fueros gremiales de delegados y dirigentes del sindicato, impedidos de ingresar a las plantas por orden de las patronales; actos de discriminación y humillación en Bridgestone; agresiones físicas directas que pusieron en peligro la vida de trabajadores y transeúntes, como la embestida de un camión de Fate al salir de la planta; militarización de las plantas; etc.

La tendencia de las patronales es a asociar toda práctica sindical a un delito penal –los piquetes como coacción, la huelga como extorsión- y todo avasallamiento propio como un ejercicio del derecho constitucional a la “libertad de trabajo”.

Se trata de una práctica que también ejerce el Estado y los sucesivos gobiernos contra los trabajadores desocupados, anteponiendo el derecho a la “libre circulación” al derecho a manifestarse contra el hambre y la miseria y judicializando y persiguiendo activistas y luchadores en las distintas jurisdicciones nacionales.

Los argumentos patronales se caen cuando la huelga y el conflicto son fuertes, y son trabajados con el conjunto del colectivo obrero, por medio de la asamblea y la acción directa con medidas de lucha. Esto es parte del saldo positivo de la lucha del neumático, que deja conclusiones para todo el movimiento obrero.

La utilización del Código Penal contra los conflictos obreros es parte de una orientación criminalizadora, asociada a los calificativos de “huelga salvaje”, “sindicato inflexible”, “conflicto ideologizado” y otros epítetos que buscan justificar el accionar represivo. La respuesta correcta no se da a espaldas de los trabajadores con acciones de aparato, sino involucrando a los trabajadores en la resolución de de los conflictos planteados: algo que responde al método del clasismo y que refuerza la organización obrera contra los ataques patronales.

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