Confirmando en un 100% lo que dijimos en Prensa Obrera -“Daer, otra vez al rescate de la patronal” (PO, 26/6)-, en el día de hoy se desarrollaron los siguientes hechos: la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), representando a 600 empresas de todo el país, declaró un cese de actividades para el 1ro y 2 de julio, exactamente los días en que la Federación del gremio de Sanidad (Fatsa) había anunciado paros de 4 horas por turno. Significa que el reclamo sindical por un aumento de sueldo viene en un solo paquete con el reclamo de la salud privada de aumento de los aranceles de las prestaciones médicas y subsidios con el argumento del “dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud y frente a la discusión paritaria 2021″ (Infobae, 30/6). Unas horas después, el Ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria, que retrotrae una y otras medidas, sin que quepa duda de que serán aceptadas por ambas partes.

Se trata del mismo modus operandi del marzo pasado y, en general, el maridaje gremio-patronal es una tradición en el gremio que dirige Daer. Si faltaran pruebas, en declaraciones a los medios lo confirmaron: “Las cámaras destacaron que el aumento salarial superior al 40% que pide el gremio es justo, mientras el líder sindical Carlos West Ocampo dijo que 'la medicina privada tiene que aumentar sus valores, que se mantienen igual desde 2019'″ (Ídem)

Pero es falso que se trate de intereses comunes. La empresas privadas de servicios médicos, fuertemente asociadas a las prepagas y obras sociales, han actualizado sistemáticamente sus aranceles y cuotas, aparte de haber recibido bajo la pandemia primero los ATP para pagar sueldos y ahora los Repro. Pagan sueldos de hambre y sobrefacturan medicamentos, materiales descartables y otros insumos. Los trabajadores, en cambio, con regímenes extenuantes de trabajo y riesgo de enfermedad y muerte, como lo evidenció la pandemia, cobran sueldos de pobreza que los obliga al mortal doble empleo.

El sueldo obrero no debe depender de la ganancia patronal. Con el reclamo de Fatsa de un 40% de aumento que trascendió en los medios -sin que fuera explicitado en la convocatoria al paro-, el sueldo de una enfermera pasaría de $60 mil a $84 mil, $13 mil por debajo de la canasta de insumos mínimos que pública ATE-Indec de $96.800.

Las asambleas convocadas para esta semana para “preparar los paros” no pasaron de alguna salida a la esquina de pocos establecimientos, de algunos acólitos de la burocracia con carteles. Es de esperar que en las próximas horas, tal como sucedió en marzo, el gobierno autorice a las cámaras empresarias a cargar el aumento de sus beneficios a las espaldas de trabajadores y usuarios. La Naranja de Sanidad está realizando una agitación sobre el gremio llamando a votar en asambleas el reclamo de $100.000 de básico inicial y un verdadero plan de lucha, sin patrones, hasta conseguirlo.

 

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