Un reciente informe del Ieral (Fundación Mediterránea) arroja que en los últimos tres años el poder adquisitivo de los trabajadores perdió 11 puntos en promedio, en todo el país. La combinación de años de saltos inflacionarios, con periodos de “empate” contra los precios, determinan la tendencia bajista de los salarios bajo los gobiernos del Frente de Todos y Cambiemos.

El estudio en cuestión mide la evolución del poder adquisitivo de los salarios durante los últimos años, provincia por provincia. En el periodo medido desde el primer semestre del 2018 –bajo el gobierno de Mauricio Macri- y junio de este año, los salarios perdieron un 11%, con picos en las provincias de Tierra del Fuego (24,5%), Catamarca (18,5%), Neuquén (17%), La Rioja (16%), Misiones (15,4%), Chaco (15,3%), Tucumán (14%), Mendoza y Córdoba (13,8%) y Río Negro (13,65).

A esto se adiciona una pérdida de 442 mil puestos de trabajo, respecto al mismo periodo, lo que representa una contracción de la masa general de salarios y una mayor explotación y precarización del personal restante, que en muchos casos ha visto aumentarse sus tareas a cambio de salarios “devaluados”.

Los organizadores de derrotas

Esta pérdida salarial tiene sus orígenes en las medidas económicas confiscatorias aplicadas por los sucesivos gobiernos capitalistas, desenvolviendo la liberación de precios y tarifas al tiempo que los salarios son “postergados” en aras de supuestas “lluvias de inversiones” o “acuerdos de precios y salarios”, que son la cobertura política de una política servil a los capitalistas, el FMI y la banca privada. El Estado juega un papel activo en esta confiscación, haciendo pasar proyecciones inflacionarias truchas (como el 29% de Guzmán) e imponiendo salarios de hambre entre el personal estatal.

El correlato de esta política es la adaptación y entrega de la burocracia sindical, que en los “años malos” -con devaluación, despidos y saltos inflacionarios- reivindica la “defensa de los puestos de trabajo” a costa de sacrificios, y en los “no tan malos” celebra “empatarle” –o arrimarle-  a la inflación. El resultado es una clara tendencia decreciente del poder adquisitivo de los salarios y un mayor empobrecimiento de los y las trabajadoras.

El estudio de Ieral concluye que en los años 2014, 2016 y 2018 la inflación derrotó claramente a los salarios y que en 2015 y 2017 las paritarias, a duras penas, empataron el alza de los precios. Pero que en ninguna circunstancia nos encontramos ante una recomposición salarial.

Para el caso del presente 2021, la pretensión de la burocracia sindical (de distinto pelaje) es hacer de cuenta que le empata a la inflación. Los acuerdos oscilan según gremio, pero a simple vista resultan todos perdidosos: Uocra (47,8%), Camioneros (45,5%), Sanidad (45%), Bancarios (43%), trabajadoras de casas particulares (42%), Mecánicos (42%), Choferes de colectivos del interior del país (UTA) 37,8%, Estatales Nacionales y UOM (metalúrgicos) 35%, entre otros, contra una inflación proyectada en el 48-50%.

Entre los que se escapan a la media se destacan los gremios que impulsaron medidas de acción directa y que organizaron el reclamo paritario sin componendas con el gobierno y su política oficial. Entre ellos, el Sutna (neumático) con un 55% de aumento, los trabajadores vitivinícolas con el 57% arrancado tras la lucha y los y las trabajadoras de la salud de Neuquén con el 53% obtenido tras la histórica huelga.

El deterioro del poder adquisitivo del salario responde  a una orientación del régimen de ajustadores que, con distintos pretextos, tratan de ocultar los resultados de sus políticas y encubren, en los hechos, la ofensiva patronal en los lugares de trabajo.

Esta pérdida de los salarios también está haciendo estragos en la economía nacional, con una porción significativa de trabajadores que no alcanza a cubrir el valor de una canasta básica y con el endeudamiento como el principal propulsor del consumo.

Esta caída de los salarios no debe ser naturalizada sino enfrentarse como propone el Frente de Izquierda Unidad, con la recomposición general de los salarios, estableciendo un piso equivalente a la canasta familiar, lo que debe ser arrancado con la intervención independiente de los trabajadores, siguiendo los pasos de los procesos de lucha que han arrancado paritarias exitosas.

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