Al día siguiente de la votación de la Ley Bases en el Senado, entre gallos y medianoches y de la mano del exministro de Educación macrista Alejandro Finocchiaro con las firmas del Pro, la UCR, la Coalición Cívica, el bloque de Miguel Pichetto y, por supuesto, del mileísmo, se aprobó en la comisión de educación de la Cámara de Diputados un dictamen de un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio esencial: es decir, para eliminar el derecho de huelga de la docencia en todo el país.

El proyecto de mayoría establece “la apertura de todos los establecimientos educativos en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días que se hayan establecido en el calendario lectivo”, esto con independencia de que haya o no paros; “el servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo”, aún cuando el gobierno mileísta ha desabastecido a los comedores escolares; que “cuando las medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el mismo ciclo lectivo escolar y fuese entre uno a dos días continuos o discontinuos se deberá contemplar un porcentaje mínimo de 30% de personal y a partir de los tres días continuos o discontinuos se deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente que deba cumplir funciones en cada establecimiento educativo, en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria”, y “el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase”, no importa que se hayan perdido por otros motivos ajenos a las medidas de fuerza, que es lo que normalmente ocurre, con escuelas que se caen a pedazos.

Esto se da en el marco de una Ley Bases que que es repudiada en un sector amplio de la docencia. Así lo expresó la importante movilización y paro en la Ciudad de Buenos Aires, convocados por Ademys y una presencia destacada de la provincia de Buenos Aires, especialmente de la oposición Multicolor –a pesar del boicot enorme de la dirección de Baradel- , que se negó a sacar micros y que no paró ni impulsó la movilización.

La dirección de Baradel, como toda la burocracia sindical, abandonó la Plaza Congreso en plena sesión. Abandonando al resto de los manifestantes a la brutal represión desatada por Milei y Bullrich. También hubo manifestaciones con importante presencia docente en diversas provincias del país, muy destacada en Neuquén, con más de 1.000 docentes.

La negativa de Ctera-Suteba a desenvolver una lucha real contra el plan de guerra de Milei contra los trabajadores, la docencia y la educación pública está generando un rechazo creciente contra la burocracia celeste. La entrega de la burocracia fue estratégica para darle aire al gobierno reaccionario y antiobrero que, sin la complicidad de toda la oposición patronal, no podría sostener su ofensiva.

Una puerta abierta contra todos los derechos docentes

Finocchiaro justifica este engendro señalando: “Entre el derecho a la educación y el de la huelga, yo estoy a favor del derecho a la educación”, una hipocresía obscena de parte de un ministro de un gobierno que redujo el presupuesto educativo bajo su gestión con Macri.

Pero además, el texto de este proyecto obliga a recuperar todos los días en los que no se abran las escuelas. Esto lo publicitó Finocchiaro mucho antes de la sustanciación del proyecto: “En caso de un imponderable -inclemencias climáticas, problemas de infraestructura y otros imprevistos- prevé que los días deben recuperarse en las vacaciones de invierno o en diciembre. Como mínimo el ciclo lectivo tiene que cumplirse. De ahí en más la escuela puede abrir sábados, domingos, feriados, vacaciones, con actividades extracurriculares” (Infobae, 11/5).

Con la excusa de que la lucha docente es la causa de los males de la educación, cuando muy por el contrario es la que ha permitido que el derrumbe sea mucho menor, Finocchiaro y sus cómplices derogan de hecho los estatutos docentes, e imponen una suerte de presentismo sin remuneración, y el desconocimiento del régimen laboral de la docencia.

Esta avanzada contra la educación pública y contra la docencia se emite a pocos días de que en la escuela N° 4.381 Nevado de Acay, de la localidad salteña de La Poma, Valentín, un niño de 11 años y abanderado de la institución, perdiera su vida por el derrumbe del pozo ciego, en medio del patio y junto a las hamacas y juegos de los niños. Finocchiaro y su banda garantiza recuperar los días que la escuela estuvo cerrada por este crimen del estado contra la niñez, pero no la vida de los hijos de los trabajadores que concurren a la educación pública.

¡Y esta gente tiene la caradurez de decirse defensores de los derechos educativos de los niños por encima de todo!

Los especialistas, en contra de la esencialidad

“Declarar a la educación como servicio esencial es sacarse el problema de encima, es mentirles a los padres”, sentencia Flavio Buccino, consultor en educación y referente de Argentinos por la Educación. Las escuelas tienen una doble función: enseñar y dar cuidado. La esencialidad ayuda a cumplir la segunda, pero no la primera. Se enmascara de política educativa algo que es meramente una norma de regulación del trabajo en el área de la educación. Se está queriendo minimizar el costo del conflicto y lo que hay que hacer es resolverlo” (La Nación, 6/2).

Otro representante de una institución también ajena por completo a promover cualquier acción de lucha, Manuel Álvarez Trongé, presidente de Educar 2050, sostuvo que “la declaración de servicio esencial no va a impedir el problema educativo argentino, sino que va a ser una curita. Se necesita algo mucho más amplio, un plan integral de mejora de los aprendizajes, que es nuestro gran problema” (ídem).

En el mismo sentido se pronunció Gustavo Zorzoli, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y muchos otros especialistas en educación, todos integrantes de los pedagogos afines a uno u otro de los gobiernos que han hundido la educación en los últimos 40 años.

Rechazo y plan de lucha

La realidad es que la esencialidad profundizará el conflicto docente. Por el rechazo de los educadores y porque ni los directivos ni los inspectores ni funcionario alguno pueden conculcar el derecho a la huelga, que está garantido por la Constitución Nacional y por lo tanto está por encima de esta misma ley que proponen Finocchiaro y compañía. Por eso, el artículo 5 de este dictamen impresentable señala que “se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida en el artículo 3° inciso c)”.

La injustificación no es otra cosa que la política impuesta por Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires ante los paros de los sutebas multicolores, con el pedido y aval expreso del Suteba de Roberto Baradel.

Romina Del Plá, en nombre del FIT-U, presentó un dictamen de rechazo de esta avanzada ilegal, que denuncia la burda justificación de que esto es en pos de mejorar la educación y que se trata de un mamarracho que va en contra de toda la legislación vigente, nacional e internacional, como son los preceptos y fallos de la Organización Internacional del Trabajo sobre educación, que está excluida de las actividades pasibles de declararse esenciales, y que señala que “el tratamiento de improviso, por la ventana, con maniobras de manipulación y eliminación de giros de los proyectos en acuerdo con el presidente de la Cámara está completamente viciado, y demuestra que no tiene la fortaleza para poder tratarse de frente a la docencia y la comunidad educativa. Un debate serio colocaría la responsabilidad de la educación y su deterioro en quienes se debe, los sucesivos gobiernos” (dictamen FIT-U).

El proyecto de ley de esencialidad docente se tratará en la Cámara de Diputados probablemente junto con la Ley Bases.

Ese día, llamamos a toda la docencia a organizar y marchar masivamente en su contra a la Plaza de los dos Congresos, y a Ctera le reclamamos parar y movilizarse, y un plan de lucha hasta derrotar la avanzada antieducativa de Milei y los gobernadores.

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