El 3 de abril es el día de las trabajadoras de casas particulares (TCP) en Argentina, una fecha que se conmemora a partir de la promulgación de la Ley 26.844, “Régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares”, sancionada en el año 2013, y que resulta oportuna para revisar la situación actual del sector

Argentina se encuentra entre los países de América Latina con mayor proporción de mujeres empleadas en el rubro “doméstico”, junto con Paraguay y Brasil. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec y la Encuesta Nacional de Trabajadores sobre condiciones de empleo del año 2018, hasta el momento de la pandemia el sector ocupaba el 17% del total de personas ocupadas y registradas y el 22% del mercado laboral femenino, con una población de trabajadoras cercana al millón y medio. Pandemia mediante, se calcula que el 60% (datos UTDA y Ecofeminita) de las trabajadoras perdieron su trabajo, recibieron cobros por debajo de sus ingresos regulares y fueron objeto de todo tipo de atropellos por parte de los empleadores, como el ocurrido con la funcionaria Victoria Donda, quien recibió el apoyo cerrado de todo el gobierno. Esta realidad de brutal discriminación laboral y económica contra una mayoría de mujeres se completa con el decreto presidencial que establece un techo salarial para el sector que se actualiza al ritmo del salario mínimo.

Al finalizar su jornada laboral, gran parte de estas trabajadoras continúan con el trabajo de cuidados no remuneradas en sus casas atendiendo a sus hijos/as y/o adultos/as mayores, realizando tareas de limpieza, cocina y preservación del hogar, entre otras. Sin embargo, ningún organismo del Estado hasta el momento ha referido a la cuestión de la socialización de las tareas, sino a planes de asistencia que profundizan la reclusión para estas mujeres. Muy por el contrario, la política de ajuste gubernamental está alejando cada vez más de las mujeres los recursos para la socialización de las tareas de cuidados de menores y mayores: menos escolarización, sin recursos para la educación a distancia, sin jardines materno-paternales, sin ámbitos de socialización deportiva y cultural, sin vivienda digna y así podríamos seguir.

La feminización de estas actividades rotuladas como “domésticas” se vincula directamente a la organización del régimen capitalista que para garantizar su funcionamiento y la reproducción de la fuerza de trabajo divide sexualmente el trabajo, construye roles sociales y coloca a la mujer en una condición de sobreexplotación.

Régimen especial y salarios de hambre

Hasta 2013 el estatuto que regía para las TCP era un decreto (ley 326/56) de la dictadura de Aramburu, con escasas protecciones, derechos y regulaciones, y que fue derogado bajo el gobierno de Cristina Kirchner al sancionar el 3 de abril de ese año una ley específica para las trabajadoras. Sin embargo, el reconocimiento formal al gremio más feminizado del país se hizo a través de un esquema que continúa siendo discriminatorio.

Si bien la norma implica el reconocimiento de derechos en torno a la jornada laboral, el descanso semanal, vacaciones y licencias, mantiene un “régimen especial” dejando a estas mujeres por fuera de la ley de contrato de trabajo, algo que tiene diversas implicancias como por ejemplo que ante un reclamo legal las TCP recorren un camino diferencial al de cualquier trabajador/a, debiendo recurrir a un tribunal específico donde se ejerce una fuerte presión para que todo termine en un final “acordado” en pos de resguardar los intereses patronales.

Por otro lado, la ley no ha resuelto el problema del trabajo no registrado, aunque el régimen propuesto exime a los/as empleadores de afrontar altos costos ya que los ingresos de este rubro son deducibles de ganancias.

En materia salarial la ley establece la Comisión Nacional de Trabajo de casas particulares (CNTCP), integrada por representantes del Estado y los sindicatos, bajo presidencia de un representante del Ministerio de Trabajo, teniendo entre sus funciones más importantes se encuentra la de establecer el salario mínimo. Aunque el gobierno nada tiene que ver con la contratación de la actividad, es quien resuelve el monto salarial y representa de manera concreta el interés económico del empleador/a, que no necesita otra defensa que la de garantizar que este sistema discriminatorio laboral continúe con salarios bajos y deducibles.

La última Comisión resolvió un aumento del 28% en 3 cuotas dando como resultado con el último incremento para este mes de abril un salario bruto de 22.765 pesos. Un monto miserable acordado a espaldas de las trabajadoras que tiene como testigo al salario mínimo que no alcanza a cubrir ni la mitad de la canasta básica, cercana a los 60 mil. El desprecio hacia las mujeres por parte del gobierno que dice tener perspectiva de género es brutal y se corona con los datos recientes del Indec que reflejan un crecimiento de la pobreza al 42%, compuesta principalmente por el género femenino.

Durante la pandemia y el aislamiento obligatorio la situación de precarización y malestar para las TCP se profundizó, aunque la actividad no fue declarada como esencial, muchos empleadores ordenaron a las trabajadoras a concurrir igual a sus domicilios a partir de cambios de categoría bajo el mote de “cuidado de personas”, sin ningún tipo de protocolos de higiene y exponiéndose al contagio, persuadidas a pernoctar en sus lugares de trabajo, manteniéndose alejadas de sus familias y aumentando el nivel de explotación. A esto se suman las situaciones de violencia en los hogares, que aumentaron con el aislamiento y son un verdadero padecimiento para las mujeres de menos recursos frente a lo cual el Estado tampoco ha respondido con ninguna iniciativa concreta.

La única medida por parte del gobierno durante esta etapa fue la generación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que en algunos casos las TCP no pudieron cobrar por las arbitrariedades que contenía, y en otros terminó convirtiéndose casi en un subsidio a la patronal ya que lo descontaron como parte del salario. Sin embargo, ese mínimo ingreso extraordinario fue eliminado en noviembre del año pasado mostrando la orientación del gobierno de recorte del gasto público y atención a necesidades populares en el marco de las negociaciones con bonistas y el FMI.

La defensa del trabajo y el salario en manos de las trabajadoras

Luego de 8 años de la nueva legislación, las TCP siguen siendo precarizadas, prolifera el trabajo no registrado, la discriminación laboral y todo tipo de atropellos por parte de empleadores y del Estado que las condena sistemáticamente a la pobreza.

En un contexto de profundización del hambre y de agudización de la crisis económica en el marco de la segunda ola del coronavirus que deja a los trabajadore/as a merced del virus, es necesario que intervengamos y nos organicemos por nuestros derechos, en defensa del salario del trabajo y la salud, frente a un gobierno que no tiene como prioridad atender las demandas más sentidas de la población sino la de cerrar acuerdos de pago inmediatos con el FMI y el Club de París.

El miércoles 7 de abril movilicemos masivamente con las TCP al Ministerio de Trabajo, contra la miseria salarial, por un aumento del 100%, por la reincorporación de todas las despedidas y la regularización de todas las trabajadoras, por protocolos por Covid y un plan de vacunación para las TCP, por asistencia real en violencia de género y para que el Estado garantice la socialización de las tareas de cuidado mediante la creación de guarderías, lavanderías y salas de cuidado en los barrios.