El gobierno de Juan Schiaretti ha dispuesto la suspensión temporaria de afectaciones a programas especiales, redirigiendo a las y los trabajadores para cubrir los grados y cursos vacantes. Una medida de ajuste y de ataque al estatuto docente, que golpea a las maestras que no han conseguido cargos.

Con el memorándum 09/2020, firmado por la secretaria de Educación, Delia Provinciali, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba establece la suspensión de los programas “Fortalecimiento pedagógico de lengua, matemáticas y ciencias” (coordinados por la Dgep y la gremial Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba -Uepc-), así como los proyectos institucionales en el ámbito del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (Isep) “Nuevos lugares docentes”, y los responsabiliza de un grupo áulico en los jardines de infantes y escuelas primarias hasta fin de año.

Con esto, se consuman varios ataques a la vez a la educación y sus trabajadores. Por un lado, se avala el despido de más de 3.000 docentes que no pudieron tomar cargos; por otro, se procede a cubrir esas suplencias en desmedro de otros programas, lo que constituye lisa y llanamente un ahorro a costa del trabajo de las y los docentes. La conocida paradoja de la frazada corta: el gobierno pasa a tapar un hueco abriendo otros en otras áreas. Por último y no menos importante, como se alude a la situación de excepcionalidad por la cuarentena, se procede a golpear sobre el estatuto docente, ya que no se utilizan los mecanismos transparentes y democráticos de nombramiento de vacantes a través de las listas de orden de mérito o la cobertura de cargos por medios de actos públicos virtuales.

Estamos frente a otro gravísimo ataque hacia la ya precarizada labor docente.

La medida de ajuste se consuma cuando las y los docentes que no han podido tomar cargos y horas por el parate administrativo vienen llevando una lucha sostenida. Una pelea que comenzó en el minuto uno de la cuarentena, con una presentación acompañada por la legisladora de PO-FIT, Soledad Díaz García; un empadronamiento que arrojó miles de inscriptos que no pudieron acceder a un cargo u horas; y una gran cantidad de plenarios y movilizaciones.

La Uepc ni siquiera se ha pronunciado ante esta situación, a pesar de que el reclamo tocó varias veces sus puertas. Luego de ningunearlo por “minoritario” (el argumento de la conducción fue que sólo se trataba de 50 cargos sin cubrir, tal como lo había expresado el ministro de Educación Walter Grahovac), ahora permite que proceda este nuevo ataque.

Para hacer frente a este paquete de ajuste, es imprescindible seguir con la movilización callejera.  Vamos por asambleas y mandatos hacia el plenario de las escuelas del 28 de agosto, para votar un programa que contemple la cobertura legítima de cargos, la reapertura salarial, el rechazo a la reforma jubilatoria y la reforma laboral de hecho que han impuesto contra la docencia, y establecer un plan de acción independiente para las escuelas y docentes de la provincia.

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