La paritaria docente en Córdoba está vencida desde julio, cuando un acuerdo espurio entre el gobierno y la conducción del sindicato docente Uepc, sin el aval de siquiera un docente en la provincia, postergó la nueva discusión salarial para octubre.

Llegados a este punto, todavía no hay noticias de un reclamo salarial ni de la convocatoria a una sola asamblea o instancia de deliberación para establecerlo. Es claro que el gobierno está estirando la convocatoria e impone de hecho una baja salarial, cuando contiene el salario en una inflación que crece de forma constante. La conducción de Uepc promueve esta política del gobierno y ha entregado el salario docente como una variable de ajuste.

La gravedad de la situación se pone en evidencia cuando se observa que el salario docente, con un inicial que no alcanza los $35.000, está incluso más cerca de la indigencia que de la pobreza, ubicada la primera en $32.337 y la segunda en $46.630, según un informe del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba (CAC) del mes de agosto. Con una inflación que crece de forma constante en el orden de un 2% mensual, el salario docente ha quedado pulverizado.

El acuerdo de abril

El acuerdo salarial firmado al comenzar abril por la conducción de Uepc establecía un incremento en cuotas de 2% al básico más una serie de agregados en diversos ítems del salario que llevaban el aumento a un 16,9% con los haberes de julio. Sumando el bono del incentivo docente de la paritaria nacional, la burocracia vendió el acuerdo como un 20%. Con una inflación que se prevé no será menor al 40%, la pauta se hunde en la mitad del camino. El acuerdo, además, eliminó la cláusula gatillo y la actualización automática del salario, a la vez que le abrió la puerta a la reforma jubilatoria reduciendo los aportes a la Caja.

Con todo esto, la propuesta había sido rechazada por las escuelas y por la propia asamblea provincial del sindicato, y solo contó con la firma de un grupo minoritario de miembros de la conducción que ofició de secretaría del Poder Ejecutivo. El resultado de esta política es un salario desmoronado y completamente devaluado, que se suma a una jubilación destruida y a la continua y creciente precarización de las condiciones de trabajo de la docencia.

Garantes del gobierno

Ahora, frente a la necesidad de reabrir la discusión salarial, la conducción de Uepc vuelve a ubicarse como garante de los intereses del gobierno. La paritaria que debería haberse abierto en octubre todavía es un secreto y la conducción acompaña al gobierno en estirar el reclamo y arrastrar un salario vencido. El argumento explícito de miembros de la conducción es el de “acompañar este momento de crisis y esperar las negociaciones con el Fondo [Monetario Internacional]” (declaraciones del secretario de organización en La Tiza, programa radial del sindicato). Lo que no aclaran es que al momento de crisis los docentes lo “acompañan” con salarios por debajo de la pobreza y que el FMI viene a garantizar su condición de ajuste fiscal, es decir, a atacar el salario y no a protegerlo.

¿Con qué programa encara la conducción de UEPC esta reapertura de la negociación salarial? No han convocado a una sola asamblea para discutirlo, pero en comunicaciones mediáticas ya han dejado claro que lo primero que consideran es la exigua recaudación provincial (en el orden del 30%, según las citadas declaraciones en La Tiza). La especie de pretender equiparar la inflación anual con un 20% más, que deslizó en algún momento el secretario general Juan Monserrat, queda en la nada si no se establece como reclamo y se convoca a la docencia a deliberar e intervenir. La misma lógica que hizo a la conducción postergar la paritaria sin consultar a los docentes, la hace ahora abordar la discusión con los argumentos del gobierno y no con los de la docencia. En lugar de poner en primer lugar lo que necesita el salario docente para salir de la pobreza, parten de lo que necesita el gobierno del ajustador Juan Schiaretti para sostener sus cuentas.

Organizar la intervención independiente

El camino para defender el salario es exactamente el opuesto. La independencia política del gobierno ha llevado a un sindicato como el de municipales de Jesús María a conseguir casi un 60% de aumento anual. En lugar de escudarse en la pandemia para evitar la lucha y aplastar los reclamos, el sindicato debe promover la intervención de los docentes (y no facilitar, como hace constantemente, el control del gobierno sobre las condiciones de trabajo de la docencia). En esa línea han intervenido desde el comienzo las docentes suplentes, expulsadas de la escuela por el ajuste del gobierno, que consiguieron así una serie de designaciones (la conducción de Uepc, luego de boicotear la lucha, se limitó a informar las decisiones del gobierno).

El sindicato debe dejar de discutir de forma clandestina para resolver sin mandato la entrega del salario docente. Se deben convocar inmediatamente a asambleas de escuelas y de delegados con poder de resolución para establecer un reclamo salarial y un plan de acción que permita la intervención y la lucha de la docencia. Tenemos muchas herramientas a nuestro alcance,  incluso el no cierre del ciclo lectivo. Exigimos un aumento no inferior al 35%, que es lo que necesita el salario docente para salir de la pobreza. Para ello es necesario organizar la intervención unificada de la docencia, de forma independiente del gobierno y de la política entreguista de la conducción, para defender el salario y todo el pliego de demandas.

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