A tan sólo una semana de la reincorporación docente a sus puestos de trabajo (en el régimen especial de Ruralidad ya han comenzado) el gobierno provincial de Arcioni ha mostrado su lado “dialoguista”, manteniendo reuniones con la nueva conducción de la Atech, la Lila, para poder garantizar el inicio del ciclo lectivo sin problemas. Pese a que ya hubo cuatro reuniones, en ninguna se logró torcer el rumbo del ajuste: el aumento por decreto de 2021 a los estatales de conjunto –el primero en 2 años, del 30% en tres cuotas espaciadas, lleva el básico testigo docente de $24.385 a $31.284 recién a cobrar en mayo. La cuestión salarial en la docencia es uno de los mayores problemas afrontados en la gestión de Mariano Arcioni como gobernador: desde 2018 el peso del pago de la deuda provincial cae sobre los salarios estatales y utiliza a la justicia como una forma de aleccionamiento y persecución.

A pesar de las cifras abultadas por las regalías del petróleo, lo mismo que de la pesca, Chubut es un claro ejemplo de una política serial de pago de una deuda ilegítima y usuraria, sin que sea siquiera investigada, y en la que el 2021 durante la pandemia logró demostrar su capacidad de ajuste; especialmente en Educación y Salud, afectando a trabajadores que no contaban con las condiciones salariales ni biosanitarias necesarias. En enero, los ingresos por coparticipación fueron los mejores de los últimos años, e inclusive superaron los puntos de la inflación con $5.482 millones, un 53,2% más que en 2021. Sin embargo, el aumento por decreto del 30% en cuotas entre 2020 y 2021 y un 6% en tres cuotas hasta junio como “oferta paritaria” no deja de ser una miseria, siendo que los salarios quedaron congelados durante más de 20 meses ante una inflación galopante. Con esta nueva oferta, el básico testigo quedaría en junio en $37.261, cuando se necesitan alrededor de $90.000 para no caer bajo la línea de pobreza.

La falacia de la paritaria nacional

La paritaria nacional 2021 estableció que hacia diciembre el salario mínimo debía ser de $40.000 para un cargo, con el engaño de incluir al Fonid y las sumas por conectividad dentro de ese monto. Cabe recordar que durante 2020 la CTERA entregó a la base docente nacional como parte del “pacto social” con el que debutó el gobierno de Fernández, estableciendo un doble pago del Fonid y la creación del ítem “conectividad”. El salario no solo queda licuado, sino que está por debajo de la línea de la pobreza, afrontamos una inflación del 36% de 2020, un 50,9% del 2021 y un estimaciones que no bajan del piso de otro 50% para el 2022. Pese a estos números, Mariano Arcioni ha dicho públicamente que desde 2018 los trabajadores de la educación han tenido “un 166% de incremento salarial”. ¡Un número totalmente falaz!

La nueva dirección sindical y el gobierno

La Lila, a cargo de la Junta Ejecutiva Provincial desde diciembre, ya ha mantenido varias reuniones con el gobierno, aún sin respuesta satisfactoria plena en ninguno de los 21 puntos del pliego de reclamo presentado. El gobierno se jacta mediáticamente de su postura abierta a la discusión, intentando aletargar cualquier tipo de organización de medida de fuerza y poder dar la foto de inicio de ciclo lectivo 2022 sin problemas, una foto que sólo consiguió en 2021 con la firma del Protocolo de Retorno en la recorrida de Trotta y, a la vez, colocando “la cuestión docente” como un foco conflictivo socialmente.

El gobierno de Arcioni “vende” una inversión en más de 700 millones de pesos en infraestructura escolar, con edificios totalmente inviables en los puntos de seguridad y habitabilidad. En los años sumaron más de 400 edificios con estas características de desidia durante su propia gestión. En paralelo, ofrece regularizar la titularización docente en secundaria (desde hace 15 años postergada, lo que ha sido un gran comodín para los recortes de cierre de cursos y de cargos). La estabilidad laboral no es un hecho menor, pero su discusión redirecciona la atención hacia un único tema de la docencia: la profesionalización. Es decir, se subordina la paritaria salarial frente a la técnica en calidad de urgencia y disruptiva en los términos de la propuesta del gobierno (sólo titularizan quienes tiene 10 años de antigüedad y título docente, por 12 horas cátedra).

La semana pasada, Arcioni, Antonena (Economía) y Ayala (Gobierno) viajaron a reunirse con Jaime Perczyk, el ministro nacional de Educación, un día después de la reunión de la paritaria nacional. Por tanto, el viaje fue a reforzar el “inicio sin conflicto”. Es una forma de intentar avanzar contra el Estatuto Docente (esto ya está regulado para los otros niveles) y así poder entregar los derechos conquistados convertidos en un convenio colectivo, un reclamo histórico de la agenda del ajuste.

La salida: el plan de lucha votado en un Plenario de Delegados Provincial

Es necesario preparar a las bases docentes, aún en período de licencia anual, para afrontar un año de lucha salarial. No puede haber inicio de ciclo lectivo 2022 sin una recomposición salarial acorde a los puntos perdidos en 2020 y 2021, con cláusula gatillo mensual indexada de forma automática y un explícito rechazo al pago de la deuda provincial y contra el pacto colonialista con el FMI. Porque el pacto es antieducativo y pretende un –falso “relanzamiento educativo” en términos de ajuste no solo en materia de salarios, sino también en presupuesto para infraestructura, y especialmente hacia las condiciones sanitarias; con menos del 50% de los niños con esquema completo de vacunación, sin testeos masivos y la presión de la presencialidad plena. Es urgente la necesidad de un plan de lucha votado en asambleas escolares, y refrendado por el Tercer Plenario de Delegados Provincial de Atech, a la espera desde 2019.

https://prensaobrera.com/politicas/el-macrismo-se-suma-al-pacto-del-gobierno-con-el-fmi/

https://prensaobrera.com/politicas/fmi-tarifazos-permanentes-y-crisis-politica/