Los trabajadores municipales del sector Educación de la ciudad de Córdoba se manifestaron nuevamente en la mañana del miércoles 7 de octubre en reclamo por la mala liquidación en sus haberes. Es que el martes 6, en los haberes correspondientes al mes de septiembre que se suponía tendrían las rectificaciones pendientes por mala liquidación del mes de agosto, se encontraron nuevamente numerosas irregularidades.

Frente al hecho, la Secretaría Gremial del Suoem (sindicato municipal) efectuó reclamos y los funcionarios se comprometieron a rectificar lo actuado para el día siguiente. Sin embargo, este “error” no quedó subsanado, lo que llevó a desarrollar una protesta en las puertas del Palacio Municipal. Se trata de descuentos que oscilan entre 10 y 20 mil pesos, sin que a esta altura del partido quede claro a qué corresponden, ya que el manoseo sobre el salario ha llegado al extremo de que los municipales no pueden saber con certeza cuánto cobran ni a qué corresponden los descuentos que se les realizan.

Mientras tanto, la negociación paritaria de este año sigue largamente demorada, teniendo en cuenta que la anterior venció con el salario de diciembre de 2019. Recordemos que el intendente Martín Llaryora pretendió desconocer la última cuota y luego acordó pagarla como cifra no remunerativa en abril, como parte de la negociación para reincorporar los contratados despedidos en enero.

A partir de allí –y con la pandemia como trasfondo- el Ejecutivo precarizó sistemáticamente el salario, eliminando horas extras, con prolongaciones de jornada y pasando a no remunerativas cifras correspondientes a bonificaciones y refrigerio, además de implementar el recorte de la jornada laboral con la ordenanza 13.033. Con esa batería de medidas propinó un duro golpe a todas las reparticiones, afectando entre un 15 y un 50%  del salario de bolsillo, además de modificar con ello los aportes personales y las contribuciones patronales a la caja de jubilaciones, a la Aporss (obra social) y al sindicato.

La alteración de las cifras remunerativas y no remunerativas condujo a múltiples errores de liquidación, afectando también el cálculo del impuesto a las ganancias (Afip), por el que se ha pasado a tributar más que antes, dado que se calcula sobre el bruto con independencia de si corresponde a sumas en blanco o en negro.

Así las cosas, transitamos con nuestros sueldos recortados el mes de octubre, con una inflación que según el Indec acumula un 19% hasta agosto y previéndose un 3% más para septiembre y con pronósticos de que llegará al 40% a fin de año.

Mientras los docentes de las escuelas venimos afrontado con nuestros propios recursos y dispositivos los desafíos de la educación virtual, y los agentes de salud hacen lo propio en un sistema colapsado y al que le retacearon insumos y personal, el Ejecutivo inunda las redes sociales y los medios de prensa con costosas publicidades para intentar mostrar su gestión.

El intendente Llaryora necesita mostrar éxitos para candidatearse a gobernador y hacer méritos ante las grandes empresas y los grupos de poder, con miras a conseguir su respaldo. De allí su pretensión de eliminar tareas de las áreas operativas y trasladarlas al sector privado y su empecinamiento en tratar de doblar el brazo de los municipales, liquidando el estatuto y el salario, nivelando hacia abajo y deprimiendo el salario del resto de los trabajadores estatales.

Avanza, además, en la flexibilización laboral, como ocurre con los chalecos celestes, quienes son exhibidos como muestra de cuánto pretende este gobierno hacer retroceder derechos laborales al siglo pasado, para garantizar el rescate de las empresas.

En ese marco y con la comprensión de que la defensa del salario es una tarea impostergable que nos involucra a todos en cada repartición, exigimos: devolución de la séptima hora a todos los trabajadores afectados; restitución y pago en blanco de la totalidad del salario precarizado (bonificaciones, refrigerio); urgente recomposición salarial considerando la inflación anual; reincorporación de la totalidad de los trabajadores despedidos; restitución de la carrera administrativa; no a la precarización, contratación de trabajadores bajo convenio municipal en todas las áreas esenciales: derogación de las ordenanzas 12.991 y 13.033 y de la ley provincial 10.694 (jubilatoria).

Con la unidad y la movilización de los y las municipales podemos conquistar un aumento salarial y todas las reivindicaciones pendientes.

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