El último periódico del PTS publica un artículo titulado “Son o se hacen”, que resulta un compendio de falsedades dirigidas contra el PO y La Naranja Gráfica. Refutar cada una implicaría abusar del espacio acotado de este semanario.

Detengámonos aquí en lo que, tal vez, sea lo más pérfido. Dice el PTS: “Cuando la patronal buitre gerenciaba Donnelley, los gráficos de Morvillo… tuvieron una actitud reivindicable. Se negaron a imprimir trabajos que los vaciadores querían desviar a otras imprentas. Pero la semana pasada, con Donnelley bajo gestión obrera, Morvillo realizó un trabajo que correspondía a Donnelley, sin que sus delegados se negaran”.

Es la primera vez que el PTS hace referencia a lo que llaman “una actitud reivindicable”, que es presentada como un mero trámite. Rechazar los trabajos de Donnelley -en AGR, en Morvillo y, sobre todo, en Ipesa- obligó a parar máquinas y chocar fuertemente con nuestras patronales. No fue una ‘actitud’ sino una nueva expresión de una tradición inquebrantable de clase.

Lo que los críticos omiten sin el menor pudor es que mientras Morvillo e Ipesa luchaban, muchos de esos trabajos se imprimían en las cooperativas de La Red Gráfica. Estamos ante un operativo de encubrimiento de la burocracia sindical de Ongaro. El PTS y la Bordó, al revés, insisten en destacar “que el sindicato apoya”.

El rechazo de Morvillo e Ipesa a aceptar trabajos de Donnelley quebró el intento de esta patronal de imponer el Preventivo de Crisis, que perjudicaba enormemente a los compañeros de Donnelley. Ahora, en cambio, la continuidad productiva pasa por derrotar los mecanismos de la quiebra, que imponen duros golpes a los trabajadores. La burocracia de Ongaro, sin embargo, se ha convertido en cómplice de la quiebra. Ipesa comenzó a hacer los trabajos de Atlántida -cliente de Donnelley- solamente cuando los compañeros de Donnelley lo pidieron, esto para preservar su relación comercial con Editorial Atlántida, interrumpida por la quiebra. Sólo después de esto, las asambleas de base resolvieron dejar sin efecto los bloqueos.

El PTS ataca a los trabajadores de Morvillo, pero acepta que los trabajos de Donnelley se impriman en Ipesa, Arcángel Maggio, Step, Impresiones Barracas, Encuadernación Moreno y en Cooperativa Patricios.

Como ya señalamos antes (PO N° 1.329), hay en marcha un operativo piloteado por el sindicato, que involucra al juez y al Ministerio de Trabajo, para imponer una “salida” cooperativa, sin aclarar que ella supone dejar de cobrar las deudas laborales de Donnelley. La cooperativa podría ser funcional a la ‘red de cooperativas’ de la burocracia de Ongaro o al “nuevo inversor”. Szpolski negó todo interés pero hay en danza nombres ligados al grupo Televisa, dueño de Editorial Atlántida.

Buscando el aval de las dos terceras partes del personal que exige la ley de quiebras, la Verde de Ongaro impulsó un pronunciamiento a favor de la continuidad bajo distintas formas, una de ellas, la constitución de una “cooperativa”. De este modo, metió en la bolsa a los que se manifestaron partidarios de una estatización.

El juez de la quiebra, Santicchia, es un viejo conocido del ongarismo. Es el mismo que intervino y habilitó la conversión en cooperativas de las ex Dinam y Talleres Unión. Hace unos días, reunió a los clientes de Donnelley y es quien recepciona los pagos por los trabajos que salen del taller y controla los fondos de cuenta corriente de la patronal yanqui (que promete ir liberando a cuentagotas). ¡La burocracia, no ‘la gestión obrera’!

La Directiva dice haber recibido un “guiño” del juez para continuar con la producción “en los términos legales que corresponden” (comunicado de la FGB). El pilotaje de la burocracia ongarista incluye los Repro del gobierno, de 2.000 pesos por cada trabajador, “gestionados en el trabajo en común con el jefe de Gabinete y el ministro Tomada”, según informa la Federación Gráfica Bonaerense.

Impulsemos una Comisión de Seguimiento

El PTS busca distraer de las maniobras del juez, la burocracia y el ministerio, acusando al PO y La Naranja. Dice que su política es “embretar” al ongarismo, evitar “confrontarlo” (“no es igual que Pignanelli” nos dijeron).

Defendemos la expropiación de la planta sin indemnización alguna y su puesta en funcionamiento bajo gestión de los trabajadores, y en especial la garantía estatal de todas las condiciones salariales y laborales. Es una salida que requiere una lucha y denunciar las extorsiones oficiales.

¿Cuál es la política del PTS, la cooperativa y la pérdida de derechos laborales o la estatización? ¿O la estatización es para la tribuna, mientras se reúnen las firmas para los dos tercios exigidos en la quiebra?

Proponemos formar una Comisión de Seguimiento del conflicto, amplia, debatida y votada en el plenario de delegados, que asuma las tareas de apoyo, que reciba y difunda la información y que acompañe las negociaciones y reclamos ante la Justicia y el gobierno. Una comisión de este tipo actuaría como un control obrero de las cuentas y contratos de la quiebra, del accionar de la Justicia, de la intervención del ministerio y, junto al cuerpo de delegados de Donnelley, abordaría la cuestión de cualquier posible inversor. El punto clave en todas las variantes, es que los trabajadores preserven sus puestos, sus condiciones salariales y convencionales. Es decir, una comisión obrera para enfrentar las tremendas presiones capitalistas que actúan sobre los trabajadores de Donnelley.

Miguel Bravetti