En los últimos años se ha dado un fuerte proceso de deterioro salarial dentro del gremio docente. Para verlo concretamente: en marzo 2017 el sueldo neto del cargo Maestra/o de Grado de Jornada Simple sin antigüedad se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires en $13.000, poco más de 10% por debajo de la línea de pobreza según los datos oficiales del IPCBA, con una canasta básica total (familia “tipo” con vivienda propia) en $14.640. En marzo 2022, el sueldo del mismo cargo apenas alcanzaba los $64.269, frente a una canasta básica total en $90.467, es decir, casi un 30% por debajo de la línea de pobreza.

Este profundo hundimiento del poder adquisitivo de los salarios ha tenido un correlato en el empeoramiento de las condiciones de vida de las familias docentes. Concretamente, un segmento de la docencia ha caído por debajo de la “clase media”, una pauperización aguda y acelerada.

Por otro lado, y a diferencia de docentes de otras jurisdicciones del país que lo tienen restringido, la docencia porteña ha incrementado su jornada laboral para paliar parcialmente la degradación del salario, llegando a trabajar hasta tres cargos.

Sumado a la intensidad de las condiciones laborales, agudizada luego de la pandemia, esta extensión de la jornada laboral lleva a un fuerte desgaste y agobio laboral a una docencia ya de por sí agotada tras lo que fue la virtualización forzosa sin recursos durante 2020 y la presencialidad sin condiciones durante 2021.

¿Qué se discute en la Mesa Salarial?

La mayoría de los sindicatos que se sientan a negociar con el gobierno lo hacen sin mandato de la base docente; los mueve sus propios intereses como burocracia sindical integrada al Estado, es decir, la obtención de prebendas como comisiones de servicio y la aprobación automática de cursos y carreras con puntaje, a cambio de aceptar el perjuicio de sus propios afiliados. Esta característica pesa sobre 15 de los 17 sindicatos docentes que carecen, en su gran mayoría, de representatividad real.

La UTE, que posa de oposición al gobierno de Larreta, forma parte de las negociaciones que profundizan la precarización del salario y el trabajo, en lugar de organizar al gremio para desarrollar un plan de lucha que le imponga al gobierno nuestra agenda de reclamos. Es que la burocracia por su integración al peronismo en todas sus variantes tiene la misma orientación: la defensa del pacto con el FMI. Es así que en aquellas provincias en que gobierna el peronismo son directamente responsables de la pobreza salarial.

Ademys –cuya conducción Multicolor integra Tribuna Docente- ha realizado un planteo de fondo que implica partir de un salario igual al costo de vida para el cargo de jornada simple, pasando todas las sumas al básico para restituir la escala salarial y, a partir de allí, la indexación mensual para proteger ese salario de la escalada inflacionaria.

La presentación mentirosa del gobierno y los sindicatos socios no resiste el menor análisis. Partimos de un salario de pobreza y cada porcentaje de “aumento” es sobre el sueldo de febrero, mientras que la inflación de cada mes se mide sobre los precios del mes inmediato anterior, con lo cual seguimos perdiendo poder adquisitivo.

La docencia de San Juan y La Rioja marcan el camino

Un proceso masivo de autoconvocatorias que superaron los límites de la burocracia sindical de San Juan está desarrollando una serie de huelgas y movilizaciones que lograron reabrir la discusión paritaria en la provincia.

La docencia de San Juan ha enfrentado los ataques del gobierno del pejotista Sergio Uñac, que ha llegado a la represión de una de sus movilizaciones el pasado 25 de mayo, y de las direcciones sindicales oficialistas como la UDAP (entidad de base de CTERA), UDA y AMET (ambos de la CGT), que han sido totalmente desautorizados por la contundencia de los paros y movilizaciones que intentaron desactivar.

Luego de la represión del 25 de mayo, en el marco de una protesta de la docencia en la que hubo detenidos, la docencia respondió con una fuerte huelga el jueves 26. El conflicto fue tomando cuerpo tras la continuidad de las medidas de lucha y, en la propia negociación con el gobierno provincial, lograron que la autoconvocatoria tuviera representantes en la mesa de discusión.

El planteo de la docencia es claro: que el aumento impacte en todas las escalas salariales y cargos, que no sea en cuotas y que el salario mínimo no puede estar por debajo del costo de vida hoy en $94.335, y el compromiso del gobierno de no descontar los días de paro, entre otras demandas (Tiempo de San Juan, 6/6).

Por su parte, en La Rioja, docentes autoconvocados están llevando adelante huelgas, movilizaciones y cortes de rutas votados en asambleas masivas, que superan la regimentación de la burocracia sindical de la AMP.

El conflicto no está pudiendo ser contenido por la burocracia sindical (UMP, AMET, SELAR, UDA), que pactó los salarios a la baja en marzo, y también debe plegarse al paro, incluso declarando que será por “tiempo indeterminado” si el gobierno no da respuestas inmediatas.

La multitudinaria asamblea de docentes autoconvocados riojanos resolvió el sábado 28 de mayo un paro por tiempo indeterminado que comenzó el lunes 30 con cortes de rutas que se sostuvieron en 9 departamentos.

La contundencia de las medidas es una advertencia no solamente para los gobiernos provinciales de esos distritos, sino para todo el país. La CTERA debería romper su subordinación al gobierno nacional y de cada una de las provincias, y convocar a un proceso huelguístico en todo el país para reabrir las paritarias y lograr un salario de emergencia de $100.000 por un cargo e indexación mensual por inflación en el camino al salario igual a la canasta familiar.

La docencia de San Juan y La Rioja marcan el camino necesario de poner en pie un plan de lucha sostenido y masivo, resuelto en asambleas, para forzar a los gobiernos a reabrir las paritarias y lograr los reclamos planteados para que la crisis no la paguemos los docentes y la educación.

https://prensaobrera.com/sindicales/sutna-nuevas-medidas-de-lucha

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