Tras negarse a dar vigencia y apelar el fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, que instaba a prohibir el funcionamiento de las plataformas de envío hasta regularizar las condiciones de seguridad de sus repartidores, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha puesto en marcha un sistema de multas y exigencias viales que penalizan, no ya a las empresas, sino a los propios repartidores.

De esta manera, se hace pagar por la inseguridad laboral a sus víctimas, los trabajadores, que vienen sufriendo la aplicación de multas por parte de agentes de Tránsito que van desde $1.500 a $3.200, sobre sus ya magros salarios.

Las mismas empresas de reparto (Glovo, Rappi, PedidosYa) que no garantizan los elementos básicos y necesarios de seguridad como cascos, pilotos y provisión y mantenimiento de los vehículos -obligando a los repartidores a procurárselos por su cuenta- y que los presiona para que entregue los pedidos en el menor tiempo posible –propiciando las condiciones para accidentes viales-, han comenzado ahora a enviarles por mail “advertencias” sobre seguridad por mail, e incluso (como en el caso de PedidosYa) a realizar auditorías para evaluar si las bicicletas están en correctas condiciones.

A su turno, se les insta a realizar capacitaciones sobre seguridad vial y se exige realizar trámites obligatorios fuera del horario laboral (sin pagarles, en caso de quienes no tienen horario fijo). Tampoco se les retribuye el costo de los trámites pagos, como el curso de manipulación de alimentos.

 

 

Todo esto cuando el 80% de los trabajadores son monotributistas, sin reconocimiento de la relación de dependencia laboral ni obra social, ART para la atención de siniestros laborales ni vacaciones pagas. Este año PedidosYa despidió 400 trabajadores que estaban en blanco, justamente para reemplazarlos por monotributistas aún más precarizados.

El “premio” de $500 que otorga la patronal de esta misma empresa a aquellos que pasen las auditorías ha causado indignación entre sus trabajadores, que desde hace más de un año no reciben aumentos de sueldo.

 

 

Tras el inaplicado fallo del juez Gallardo, el enorme nivel de desprotección laboral de los repartidores quedó expuesto en toda su crudeza con la muerte de Ramiro Cayola Camacho (trabajador de Rappi), atropellado por un camión cuando iba camino a entregar un pedido. Entre los múltiples carencias en materia de regulación laboral, no existe ninguna normativa sobre la cantidad de kilómetros por pedido, lo que obliga a los trabajadores a recorrer distancias kilométricas en tiempos récord.

La acción del Estado, desligando a las patronales de su responsabilidad en la seguridad laboral y transfiriéndola a sus trabajadores, forma parte de toda una política del gobierno nacional y de Horacio Rodríguez Larreta de promoción al desarrollo de estas empresas. La precarización reinante en las aplicaciones es el “modelo” de la reforma laboral flexibilizadora en carpeta, reclamada por el FMI y la burguesía nacional y negociada por la burocracia de la CGT.

Desde la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR) reclamamos que las empresas se hagan cargo de las multas, los costos de los trámites obligatorios y los elementos de trabajo; que los cursos de seguridad vial y manipulación de alimentos sean en horario laboral (o con remuneración extra) para quienes deban realizarlos; y que se pase a planta a todos los trabajadores de reparto, garantizando ART, obra social y todos sus derechos laborales.