Sindicales
10/1/2025
El gobierno avanza contra las paritarias para imponer acuerdos salariales por empresa
Importaciones y cierres de lugares de trabajo como amenaza para negociar a la baja en medio del ajuste.
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Javier Milei.
El gobierno nacional se encuentra empeñado en intervenir en las negociaciones paritarias con el propósito de imponer un criterio de negociación, con acuerdos salariales a plazos más largos, por detrás de la inflación y con acuerdos por empresa bajo la amenaza de despidos y la “competencia internacional”, facilitando así la aplicación de la reforma laboral gremio por gremio y empresa por empresa.
Uno de los primeros pasos lo dio con las negociaciones de la paritaria estatal nacional, donde el gobierno quiere imponer una pauta salarial ruinosa del 1% mensual, en un gremio que cerró el 2024 con más de 30 puntos porcentuales debajo de la inflación y 36.000 despidos.
Ahora la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, está operando con las direcciones sindicales para la obtención de acuerdos salariales por empresa, con el argumento de obtener una mayor competitividad ante la apertura económica dispuesta por el presidente Javier Milei e incorporar así reformas en las condiciones laborales (horarios, modalidad de trabajo, etc.) para mantener los puestos de trabajo.
Se trata de imponer un retroceso en la organización colectiva del movimiento obrero, que implica su única relación de fuerza ante la patronal, atomizando la fuerza e intervención de los trabajadores y generando tensiones y fricciones internas.
Desde el gobierno, además, argumentan que estaríamos ante una recuperación del salario promedio real, calculado sobre la base del Ripte y su conversión en dólares, aunque sin aclarar que el conjunto de los bienes y servicios que se consumen en el país se pagan a valores superiores que en el mercado internacional, por lo que el poder adquisitivo de los trabajadores se encuentra por los suelos.
El Ejecutivo nacional entiende que las expectativas salariales deberían ajustarse a las proyecciones oficiales de una caída de la inflación, independientemente de la realidad material subyacente. A su vez, se vale de este proceso de empobrecimiento, real y palpable, para forzar la flexibilización de los convenios colectivos y su vulneración a la baja por acuerdos de empresa, en una remake noventista del “sálvese quien pueda”.
El gobierno celebró la paritaria camionera con subas decrecientes de 2,2% para diciembre, 1,8% enero y 1,5% febrero, cuando la inflación promedio en CABA fue del 3,3% para el mes de diciembre: la burocracia sindical que posa de contestataria es la primera en subordinarse a la pauta oficial de ajuste.
Esta orientación flexibilizadora y precarizadora llega al punto de proponer la resignación de mejoras salariales a cambio de “mejoras” en aspectos parciales de las condiciones de trabajo, como la comida en planta o la disposición de la jornada laboral, aunque siempre bajo la lógica del mejor interés de la patronal.
De profundizarse ésta política estaríamos ante un agravamiento de los indicadores económicos vinculado a la caída del consumo y el poder adquisitivo de los trabajadores: tendencias que ya prevalecen en la actualidad y que se destacan en la estadística oficial.
La apertura de las importaciones, promovida por el gobierno, no ha servido para deprimir los precios de los bienes producidos en el país, ni mejorar la calidad de vida de los trabajadores, aunque sí es utilizada por el gobierno como una amenaza solapada contra los trabajadores.
La burocracia sindical, a su vez, se acomoda al discurso oficial justificando la entrega salarial con las condiciones económicas generales y la “defensa de los puestos de trabajo”, cuando siquiera emprenden una acción aislada contra el cierre de los lugares de trabajo, despidos y suspensiones.
Hay que rechazar la política de ajuste del gobierno de Milei, preparando las condiciones para una respuesta colectiva de los trabajadores, por paritarias libres y una recomposición general de los salarios contra el deterioro de la inflación. Así como la defensa de los convenios colectivos y las condiciones de trabajo contra la reforma laboral antiobrera.
