El gobierno nacional sigue presionando en su política de ajuste e intervención en las paritarias utilizando las negociaciones con los gremios estatales para imponer una nueva pauta ruinosa para los trabajadores, que marque el ritmo de la ofensiva gubernamental contra el conjunto de los trabajadores y sus salarios. Para Milei la receta para el éxito consiste en deprimir aún más salarios ultradesvalorizados, para garantizar así las ganancias capitalistas.

Es lo que ocurre con la negociación de la paritaria estatal, cuyos plazos se van extendiendo y donde el gobierno ofrece un mísero aumento del 1% mensual para el primer cuatrimestre del año. Ya en la primer semana de enero entraron en vigencia aumentos en los combustibles, telecomunicaciones y servicios; y según algunas consultoras privadas los alimentos y bebidas subieron 1,2% solo en la primera semana.

Cabe señalar que los trabajadores estatales fueron de los sectores más perjudicados por el ajuste oficial, cerrando el 2024 con más de 30 puntos porcentuales de pérdida ante la inflación y más de 36.000 despidos en el sector, siendo unos de los principales damnificados por los recortes oficiales.

Más allá de la política oficial de desmantelamiento del Estado y supresión de servicios y acceso a derechos de la población, el gobierno se vale de la paritaria estatal para marcar el rumbo de la orientación que pretende para el conjunto de los trabajadores, incluido el sector privado.

Si algo dejó en claro este 2024 es que los “liberales” de Milei no se han privado de intervenir para la fijación de uno de los precios de los salarios, buscando que estos corran por detrás de la inflación, logrando así mejorar las condiciones para los capitalistas y un cóctel explosivo para los trabajadores.

Es que mientras la economía continúa su línea recesiva y los salarios se encuentran deprimidos, los precios de los bienes y servicios se han disparado muy por arriba del poder adquisitivo de los trabajadores, donde se pagan precios dolarizados y superiores a los del “primer mundo”, pero con salarios de pobreza.

Los trabajadores estatales nacionales vienen de un último ajuste salarial del 3% para el bimestre final del año, sumado a un bono navideño miserable de escasos $30.000, lo que da cuenta de una política sistémica contra los trabajadores.

Además, el gobierno viene de modificar las condiciones para el ingreso y permanencia de trabajadores estatales, refrendando la precarización laboral con contratos temporarios de seis meses y una política de “altas” subordinada a la eliminación previa de tres puestos de trabajo en el área correspondiente: una línea de liquidación del empleo.

El vocero presidencia Manuel Adorni no se cansa de resaltar en sus conferencias que la remuneración promedio supera el millón de pesos (actualmente $1.178.925,33 para noviembre de 2024), sin embargo son contados los trabajadores estatales que pueden acceder a esta cifra, imponiéndose salarios por debajo de la canasta de pobreza y en condiciones precarias e inestables.

El gobierno de Milei busca extender esta realidad al conjunto del movimiento obrero, utilizando las paritarias estatales como palanca para imponer su pauta de ajuste en todo el sector público y privado. Si esto se combinara, eventualmente, con una devaluación tendríamos una confiscación salarial sin precedentes.

Hay que enfrentar esta orientación ruinosa con la organización independiente de los trabajadores, sin depositar expectativas en la burocracia sindical entreguista que pacta con el gobierno. Abriendo paso así a los métodos de acción de la clase trabajadora, con un plan de lucha para derrotar a los salarios de hambre, los despidos y el ajuste en marcha.

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