El gobierno nacional estaría preparando una oferta de aumento del salario mínimo que totalizaría un acumulado del 70% -integrando el 45% ya aplicado-, en línea al cepo presupuestario anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa y a las metas de ajuste fiscal comprometidas con el FMI.

De esta manera, la convocatoria a la reunión el Consejo del Salario convalidaría una diferencia de más de 20 puntos porcentuales respecto al cálculo de la inflación para todo el año, que ya se calcula por arriba del 90%.

De reafirmarse esta posición se estaría ante un papelón por partida doble: uno, porque el gobierno que insiste en que los “salarios le ganan a la inflación” y en que gobiernan para los sectores más vulnerables estaría dando un nuevo salto en el ajuste contra millones de trabajadores desocupados, precarizados y jubilados; dos, porque la burocracia cegetista, que viene de cacarear en favor del gobierno y contra los formadores de precios, quedaría en offside, nuevamente, ante tremendo ajuste.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil se encuentra en niveles bajísimos: actualmente en $47.850, menos de la mitad de la canasta básica de pobreza y por debajo de la canasta alimentaria de indigencia. De aplicarse el aumento señalado el mínimo quedaría en $56.100, aunque incluso se habla que se llegaría a esa escasa suma por medio de cuotas.

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Esto es quizás una muestra ejemplar de lo que se refiere el gobierno cuando habla de poner en pie un nuevo “acuerdo de precios y salarios”. Mientras que los primeros tienen vía libre por medio de las remarcaciones y las maniobras patronales, los segundos se encuentran condicionados a la pauta oficial de ajuste, comenzando por aquellos montos que dependen del Ejecutivo nacional.

Donde esta política representa un cóctel explosivo es en el movimiento de trabajadores desocupados y en los beneficiarios de los programas sociales. Se trata de los sectores más afectados, tanto porque el salario mínimo tiene fuerte incidencia en el trabajo no regularizado y las changas, como en el Potenciar Trabajo, cuyos beneficiarios perciben la mitad de este salario de indigencia.

También en gran parte de los jubilados que cobran la mínima, condenados a la indigencia, cuyos haberes no pueden perforar el piso de lo que se establezca como salario mínimo.

La burocracia sindical viene manifestándose partidaria de un aumento anual del 90%, para empatarle a la inflación, lo que llevaría el salario mínimo a $62.700. Se trata de una orientación entreguista, que celebraría como una victoria la conservación del status quo de miseria. Tampoco plantean ninguna acción o medida de lucha para conquistar ese aumento, lo que ratifica su política.

Anuncios de este tipo a pocas horas de que la burocracia expresara, en palabras de Pablo Moyano, que Alberto Fernández “ponga lo que tiene que poner” ponen en su lugar a la CGT que este 17 de agosto se negó a denunciar la política de ajuste del gobierno nacional, jugando un papel lamentable, de complicidad con los ajustadores.

El movimiento obrero combativo, en cambio, levantó una tribuna independiente en Plaza de Mayo, entre cuyos reclamos se encuentra el de un salario mínimo que cubra la canasta básica y que se actualice conforme ésta, todos los meses. Con ese reclamo se movilizará al Consejo del Salario, cuando éste sesione.