El nuevo superministro de Economía, Sergio Massa, reunirá a representantes de todos los ministerios para establecer cuáles serán los topes de gasto para este año y empezar a perfilar un recorte en las posibilidades presupuestarias de todas las esferas públicas, tanto centralizadas como descentralizadas. Así, el gobierno pretende reducir un 0,7% del PBI, que constituiría el excedente erogado por el Estado sobre las metas de déficit que reclama el FMI.

La idea que sobrevuela el equipo económico es fijar un techo de gasto en todas las áreas públicas. Para eso, el Palacio de Hacienda informaría a los ministros que, en adelante, no habrá ningún tipo de actualización por inflación para las partidas presupuestarias, cuando hasta el momento los decretos de readecuación del gasto implican apenas un 52,4% por encima del Presupuesto 2021, y el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central registra una estimación de la inflación de hasta el 95% para fin de año.

A su vez, Guzmán había subejecutado las erogaciones en la obra pública y en las transferencias corrientes a las provincias, lo que se dejó un margen para ajustar que fue comunicado por Batakis. En el primer caso el presupuesto ejecutado era tan solo de un 33% al cierre del primer semestre, y en las transferencias a los gobiernos provinciales de apenas un 27%, habiendo caído ambos rubros en torno al 10% de su participación en el gasto total.

Massa fue de hecho el mejor alumno de estos recortes en obra pública: su mujer Malena Galmarini es titular de Aysa y ahora va a aplicar una segmentación para acrecentar el tarifazo igual que en energía, cuando en el ítem agua potable cayó la inversión real directa un 26,9% y otro 26,2% las transferencias de capital. Esto, en un área donde la población, que ahora será víctima de un nuevo tarifazo, percibe los peores servicios.

De esta forma, el ajuste fiscal asestará un golpe enorme sobre los puestos de trabajo y la actividad económica que la obra pública significa, mientras que el recorte en las transferencias a las provincias será un punto de conflicto, sobre todo en el marco de una enorme lucha de docentes y estatales por aumentos de salarios.

Para otras erogaciones, como las destinadas al área social y previsional, el objetivo sería “realizar proyecciones de crédito y cuotas”, de acuerdo al nuevo techo que estime el Ministerio de Economía para lo que resta del año. Es otra confiscación de los haberes jubilatorios que se sitúan por debajo de la línea de indigencia, y respecto de 2021 perdieron en el semestre 1,7 puntos porcentuales como participación en el total; y también sobre la asistencia social que perciben millones de personas, cuando como vemos esta política agravará la desocupación. Incluso, como porcentaje del gasto total, los salarios de los empleados públicos nacionales siguen 2,5 puntos por debajo de la etapa macrista.

Además, en la última actualización aprobada por decreto sobre el Presupuesto 2022, que preveía una inflación de casi un 60%, los rubros con menores actualizaciones, con respecto al año anterior, fueron asistencia social (30,2%), políticas alimentarias (33%) y vivienda (5,2%). Mientras tanto, entre las cinco jurisdicciones que tuvieron mayor actualización (Trabajo, Economía, Obligaciones del Tesoro, Deuda Pública y Desarrollo Social), el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una reasignación inferior al promedio (30,8%), mientras que las obligaciones a cargo del Tesoro percibieron un incremento del 81,1% (Página 12 25/6/22)

La erogación presupuestaria para las distintas esferas públicas, y sobre todo para el área de asistencia social, ya se encontraba actualizada muy por detrás de las proyecciones inflacionarias, mientras que los gastos estipulados para financiar las obligaciones del Tesoro, estas compuestas en mayor medida por deuda, obtuvieron actualizaciones muy por encima de ese índice. Esta orientación a favor del capital financiero permanece, por ejemplo, en el reconocimiento de una tasa de interés de hasta el 90% en los bonos del Tesoro, mientras quiere mantener el tope del 52% para los cálculos de la actualización de presupuesto.

Ahora, el gobierno continúa en la misma línea, buscando recrudecer su política de ajuste en los gastos del Estado, lo que terminará impactando de lleno sobre todo en los sectores más vulnerables, con el presunto objetivo de establecer un “orden fiscal”, a lo que también se suma el congelamiento de la planta del Estado. Pero mientras tanto evalúa prebendas impositivas para las patronales agrarias, los pulpos exportadores y para los especuladores, a la vez que propone seguir tomando deuda con los organismos de crédito, lo que condicionará aún más la política económica del país.

Queda claro que serán los trabajadores los que continuarán pagando la crisis. Es fundamental derribar el acuerdo ruinoso con el FMI ganando las calles y peleando por un paro nacional y un plan de lucha, porque es el único camino para enfrentar el ajuste del gobierno y que la crisis la paguen los capitalistas.