Cuando Sergio Massa asumió como superministro de Economía, le solicitó al Congreso que avance con el tratamiento de una serie de proyectos que implican una serie de exenciones impositivas a la biotecnología, la construcción y a la industria automotriz. En su mayoría, estas iniciativas tienen la aprobación de la Cámara de Diputados pero están trabadas en el Senado, solo la que tiene que ver con la construcción tiene dictamen de comisión de la Cámara alta y está en condiciones de ser tratada en el recinto. Mientras el gobierno mantiene muy altas las tasas de interés, lo que constituye un gran factor de recesión, y continúa recortando el presupuesto para el Conicet y los organismos públicos de investigación, busca aprobar estos proyectos que tendrían como presunto objetivo contribuir al desarrollo de la industria y de la ciencia. Queda claro que el “orden fiscal” que exige el FMI, y que trae Massa abajo del brazo, implica un hachazo en el gasto público que golpeará brutalmente las condiciones de vida de los trabajadores, pero para las patronales se barajan prebendas tributarias en pos de garantizar el pago de la deuda.

Proyecto para la biotecnología:

El proyecto contempla extender hasta el año 2034 la vigencia del régimen de beneficios fiscales y su alcance a las actividades de nanotecnología. De esta manera, las empresas que accedan al régimen de promoción, podrán obtener beneficios de amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Este presunto financiamiento para el desarrollo de la investigación científica, que supuestamente el proyecto busca promover, solo le otorgará mayores beneficios a las patronales de ciertos sectores que ya cuentan con enormes prebendas, como es el caso de los pulpos semilleros de soja y trigo. Estos exigen desde hace tiempo que, aparte de las bolsas que les venden a los productores, se le adicione un monto por la autoría genética de las mismas y eludir el pago de ese plus cuando las comercializan. El gobierno busca ceder ante la exigencia de estos obtentores, cuya compensación, según estimaciones de la Sociedad Rural, sería unos 300 millones de dólares anuales, de los cuales solo un 10% de lo recaudado se destinará al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) para financiar programas de investigación y desarrollo de germoplasma y tecnologías aplicadas.

También es el caso de los sectores industriales ligados al trigo, para el que el gobierno autorizó la libre comercialización del trigo transgénico HB4 (publicitado como resistente a la sequía) desarrollado por el pulpo biotecnológico Bioceres. Las empresas de biotecnología y agrotóxicos presionan por mayores beneficios a cambio de presuntas inversiones millonarias que, como podemos dar cuenta no son tales, pero que sería habilitado por el nuevo proyecto. El gobierno, por su parte, ratifica el rumbo del agronegocio y sus “innovaciones” para el imparable avance de la frontera agropecuaria con el objetivo de hacerse de los dólares que exige el FMI y garantizar el pago de la deuda externa. Esto solo traerá más desmontes, incendios, sequías y el envenenamiento de los suelos y cursos de agua, a la vez que generará una mayor concentración de la producción e irá en contra de las pequeñas explotaciones y de la agricultura familiar, volviéndolas dependientes de estos pulpos de la biotecnología.

Proyecto para la industria automotriz:

Otra de las iniciativas que pasó de Diputados a la Cámara alta está vinculada con el incentivo a la industria automotriz que, entre otros beneficios fiscales, también prevé la devolución anticipada del IVA, reduciéndola de seis a tres años; la amortización de bienes de capital se reduce de cinco a tres años y 0% de derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031. Este sector integra a las importadoras que realizan maniobras espurias para especular con la brecha cambiaria y ya se vio favorecido hace unos meses con la simplificación del acceso al mercado para el pago de importaciones de las autopartes, cuando son las multinacionales del sector las que montan plantas de ensamble de autopartes a costos más bajos que en otros países, beneficiándose con el derrumbe salarial de los trabajadores argentinos, para luego exportar el producto final.

Además, esta rama puede ampliar la producción sin grandes inversiones porque cuenta con una gigantesca capacidad instalada que permanece ociosa. Ahora, el gobierno buscaría otorgarle exenciones tributarias que no revertirán la huelga de inversiones ni impulsarán una actividad industrial que se encuentra en sus niveles más bajos en décadas, producto también del encarecimiento de los créditos y del cepo a las importaciones (la industria Argentina es altamente dependiente de estas últimas). Al mismo tiempo, este tipo de medidas, con el afán por promover las exportaciones para cumplir con la meta de acopio de divisas que impone el FMI y nutrir las reservas, choca de lleno con la meta de reducción del gasto fiscal, lo que da cuenta de que el gobierno se encuentra acorralado frente al acuerdo con el Fondo y a su propia política económica.

Proyecto para la construcción:

El proyecto para la construcción ya cuenta con dictamen y estipula la prórroga de la vigencia de un blanqueo de capitales con el presunto objetivo de activar de manera específica al sector de la construcción con incentivos impositivos para quienes declaren bienes y que incluye parte del programa “puente al empleo”, referido a la conversión de los planes sociales en trabajo genuino. Este beneficio fue aprobado por la coalición gobernante y la oposición, y ya no incluye solo una exención tributaria, sino que ofrece mano de obra mega barata para las empresas constructoras que incluso integran licitaciones de obra pública. Este tipo de práctica es avalada por todo el arco político y enfrentada en las calles por el movimiento piquetero que lucha por trabajo genuino.

Este paquete de leyes está empantanado en el Congreso a pesar de los reiterados anuncios oficiales. El pedido de Massa forma parte de los guiños a los pulpos que concentran las ramas más importantes de la economía nacional, en el marco de las medidas improvisadas por el gobierno para ganar tiempo y apaciguar la corrida, y como garantía para cumplir más adelante con el repago al FMI. En nada solucionará la crisis ni revertirá la huelga de inversiones. Es imperioso poner fin al pacto con el Fondo y transformar al país desde sus bases, con un plan económico de los trabajadores para terminar con el saqueo capitalista de las riquezas del país.

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