El gobierno parte de una caracterización que no es desacertada: lo peor está por venir. Eso a pesar de que el final de julio puede tener al 50% de la Argentina debajo de la línea de pobreza. La ola de quiebras y despidos está en el centro de la escena y de los meses futuros. Los nuevos desocupados pueden orillar el millón en el año. El gobierno se prepara para eso no con un plan de transformación de esa realidad, sino con un plan de “contención” de los efectos devastadores de la descarga de la crisis capitalista y la pandemia sobre las masas. Y mucho más: con un plan de rescate capitalista a expensas de los trabajadores.

La presencia del llamado “grupo de los seis” que concentra a la burguesía argentina, incluida la Sociedad Rural, junto a la burocracia de la CGT en Olivos el 9 de julio, sentados alrededor del Presidente, tuvo un objetivo político de fondo: relanzar el pacto social como política estratégica, cuando la cuarentena luego de cuatro meses ha llevado las condiciones preexistentes de recesión, ajuste y ofensiva contra las masas, a niveles extremos.

El escenario para lograr esas presencias lo brindó la última oferta de reestructuración de deuda que fue celebrada eufóricamente por alzas en bonos y acciones por las enormes concesiones al capital financiero, aunque todavía pueda haber más. Lo cual augura, además, la omnipresencia del FMI en la economía argentina, cuando se negocie su propia deuda, tras cartón de la deuda privada. Por otro lado, el gobierno ha archivado la expropiación y hasta la intervención de Vicentin, hoy a cargo de los vaciadores. En tanto, el meneado impuesto a las fortunas tampoco llegó al Congreso.

Más allá de la deuda y de esos “gestos” el gobierno ofrece el comienzo del reclamado “plan económico” por parte de la burguesía: la moratoria y otro blanqueo de capitales focalizado en la obra pública, dos grandes ofrendas a los empresarios que han evadido $440.000 millones y han seguido fugando capitales en medio de la cuarentena y la pandemia. Por lo pronto el proyecto de moratoria ya entró en el Senado con apoyo de la derecha, es decir, como prenda de “unidad nacional”.

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Pelegrina de la Sociedad Rural y Acevedo de la UIA no fueron, sin embargo, con las manos vacías a Olivos. O dicho de otro modo, no ha sido gratis su presencia mientras un sector de la pequeño burguesía antiexpropiación de Vicentin y anticuarentena se movilizaba en distintos lugares, fogoneada por la derecha. Llevaron los lineamientos del “plan económico” que reclaman.

“Los empresarios picaron en punta con una serie de pedidos: reprogramar vencimientos impositivos; promover incentivos fiscales para la inversión; mantener hasta fin de año el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP)… y disminuir la carga tributaria. La Cámara de la Construcción pidió por un blanqueo del dinero que esté en el país y que sea destinado a proyectos privados. También demandas (de reducción) a las retenciones al agro y la necesidad de reactivar Vaca Muerta… cuyo futuro hoy es incierto” (La Nación, 11/7).

A la burocracia sindical el Presidente le dio las gracias “por entender la fragilidad del momento”. Pero como la presencia de la CGT no agota al “movimiento obrero organizado” -como lo llamaba Lorenzo Miguel- Fernández habló con Moyano por privada y se estima que en estos días se reuniría con un díscolo del lado empresario, Paolo Rocca, para terminar de suturar la costura del pacto social.

Ambos sectores de la burocracia se han definido en favor de la reforma laboral a través de Cavalieri y de Facundo Moyano. No están pensando en una ley, si no en que “las cosas no vayan más lejos de lo que ya están en la cuarentena” (La Nación, ídem), lo cual no es poco decir. El método sería por convenios y acuerdos por empresa, el retome de la línea de flexibilización de convenios tipo Vaca Muerta, ferroviarios, textiles, etc. La ley de Teletrabajo es un tema en ese camino, ya el empresariado arrancó allí el “trabajo por objetivos”, la excepcionalidad por “fuerza mayor”, pero van por más en el Senado, con las Pymes a la cabeza.

En el camino de la reforma laboral las rebajas salariales, las suspensiones y cambios de sistemas de trabajo, la suspensión de paritarias y la cuotificación del aguinaldo son un terreno ganado por las patronales realmente inmenso. Revertir esta situación ahora y en el período que se abre, sea de pospandemia o de cuarentenas intermitentes, será el gran desafío del movimiento obrero ocupado y desocupado.

El cuadro social va adoptando características extremas. Mario Ishii, el pejotista intendente de José C. Paz, uno de los distritos más pobres del conurbano aunque no el único, hizo declaraciones reveladoras en un reportaje en el diario Perfil. Para él “a fin de agosto podemos tener un 2001” e informó que crece la bronca, los cortes de calle y ciertos enfrentamientos con la policía en el distrito. Y, lo más importante, que solo las medidas oficiales han impedido una irrupción mucho mayor: hay allí 89.000 IFE, más 19.000 planes sociales y 15.000 bolsones de comida. En un distrito de 300 mil habitantes, esta asistencia equivale prácticamente al total de la población activa. En tanto se ha conocido que en la Santa Cruz de Alicia Kirchner, dos tercios de la población está bajo línea de pobreza.

En resumen, las condiciones sociales de esta nueva versión del pacto social son infinitamente más explosivas que la de la original de Perón en 1973. La Iglesia, otro actor clave, ha planteado sumarse a una “mesa grande” y tiene en borrador la propuesta de un “ingreso universal”, otra idea asistencial preparando el estallido de pobreza y desocupación que prevén.

No la tendrán fácil, en el cuadro de depresión económica mundial no es posible la salida de 2003. Los trabajadores, aún maniatados por la burocracia  sindical han empezado un reguero de luchas defensivas desde abajo, en algunos casos comprometiendo a organizaciones sindicales: choferes del interior, pesca, marineros, municipales, portuarios, alimentación, docentes universitarios, neumático, sectores docentes combativos, salud y en algunos casos con huelgas tenaces como la de Algodonera Avellaneda de Vicentin, que desafió la conciliación obligatoria y retomó la huelga con piquete en la puerta de fábrica.

La Mesa Nacional del Plenario Sindical Combativo que se reúne próximamente tiene que tomar en cuenta esta batalla estratégica, para enfrentar los despidos, defender el salario y las jubilaciones y que la “nueva normalidad” no sea con flexibilidad laboral. El desafío es poner en pie al movimiento obrero ocupado y desocupado denunciando  el pacto social, para quebrarlo a su turno, porque será la vía de ejecución de la política del FMI: ajuste, reforma previsional, laboral e impositiva contra las masas. El movimiento piquetero combativo que encabeza el Polo Obrero, por su parte, asociado al sindicalismo combativo tiene que ser el organizador de las reivindicaciones más urgentes como ya lo hace por los $30.000 de seguro al parado. Y todos, ligando la intervención en la lucha a una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.

Allí estará el Partido Obrero en primera fila de la intervención de la clase obrera en la crisis. Y allí estaremos bregando para que el FIT se refuerce como referencia política independiente asociado a la intervención de los trabajadores.

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