En las deliberaciones del plenario de delegados de CTA-A quedó en evidencia que, socialmente, casi no existe diferencia entre el sector más plebeyo de los estatales y los compañeros las organizaciones sociales.

En hospitales, municipalidad y escuelas se han incorporado a trabajar compañeros con planes sociales. Es la “salida” que encuentran los directores, inspectores y encargados frente al congelamiento de la planta estatal. Esto pone en evidencia la farsa de “sobran estatales”.

Un municipal cobra hoy entre $6 mil y $10 mil, o un docente $12.500 de bolsillo para la categoría inicial, mientras que los planes sociales están en $5.750 y llegarían a $6 mil para fin de año, esta es una diferencia importante en relación a la anterior crisis. La depreciación de los salarios municipales casi al nivel de planes sociales es una política consciente para favorecer el retiro de estos y la tercerización de sectores enteros con empresas privadas, lo mismo ocurre con los celadores de las escuelas o con limpieza, servicios generales y camilleros de los hospitales.

Las patronales privadas reclaman la eliminación de la “asistencia social”, tanto de planes sociales como de cobertura médicas, pues se ha trasformado en un piso para la reducción salarial. El famoso “se ha perdido la cultura del trabajo” o “si necesitan, que trabajen de cualquier cosa” es la búsqueda de las patronales por dividir a los trabajadores y bajar aún más el “costo laboral”.

Con un tercio del gran Mendoza debajo de la línea de pobreza la CTA resolvió establecer la lucha unificada entre ocupados y desocupados. Reclamar el inmediato aumento de la asistencia alimentaria, el pase a planta de todos los trabajadores de planes sociales prestando servicio en cualquier sector del estado y el aumento de los planes sociales al valor del salario mínimo como medida de subsistencia particular y de defensa del salario en general.

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