Con oportunidad de las actividades que se desarrollaron durante el pasado 1° de Mayo, el presidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para defender la institucionalización de la “Economía Popular”, en el horizonte próximo. Ante un deterioro del empleo privado y la caída del trabajo genuino, el gobierno pretende profundizar el modelo de precarización laboral.

El mensaje del presidente fue dirigido al acto impulsado por las organizaciones sociales aliadas de la Utep, que entre sus reclamos volvieron a colocar una agenda de leyes propias, la mayoría de ellas incompatibles con el acuerdo sellado por el gobierno con el FMI.

Como contraparte de las palabras del presidente, la CGT, ausente en toda convocatoria, emitió un comunicado público donde caracterizó que el “contexto socio-económico en nuestro país es preocupante”, señalando la existencia de una “desigualdad social que hoy resulta intolerable”.

Desde la CGT reclamaron por “trabajo digno”, en una misiva que se aparta del dogma oficialista del “crecimiento económico permanente”. Aunque plegándose al discurso kirchnerista contra los “especuladores financieros” y quienes “recibieron una renta extraordinaria”.

De más está decir que el documento de la central obrera carece de cualquier referencia al FMI y a las consecuencias ruinosas del pacto impulsado por el gobierno y refrendado por la burocracia sindical.

“Ministros del salario”

Presidencia de la Nación también difundió un video donde el presidente celebra la existencia de 400 mil puestos de trabajo en la construcción, soslayando que una cifra levemente superior de los mismos se encuentra laborando en la informalidad, con salarios más bajos que los ya deprimidos ingresos del sector.

Allí, Alberto Fernández arenga sobre “que se viene la recomposición salarial”, algo que las paritarias y la inflación galopante desmienten a todas luces. Siguiendo esta lógica retorcida, el presidente afirmó que “cada funcionario del gobierno va a ser el ministro del salario”: del salario no registrado (Trabajo), del salario mínimo y precarizado (Desarrollo Social), de la caída del salario (Producción), del salario devaluado (Economía), o el salario asistencial (Anses).

Las propias cifras del Indec reconocen que en los últimos cinco años se han perdido 146.000 empleos en el sector privado, donde se “goza” de un 40% de informalidad laboral. Cuando el gobierno hace énfasis en institucionalizar la Economía Popular –eufemismo para la precarización de trabajadores “cooperativistas”- , a lo que apunta es a profundizar el régimen de precarización laboral, donde se somete a millones de trabajadores a cambio de un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo de indigencia o, incluso, nada por parte del Estado.

El gobierno solo puede ostentar la cifras que dan cuenta del fracaso de su gestión, algo que con el programa recesivo e inflacionario, acordado con el FMI, se agravará aún más. Si el gobierno tuviera empleo para ofrecer no tendría necesidades de forzar el cierre de los programas sociales ya que, como ha ocurrido en el pasado, las y los desocupados abandonan los planes sociales cuando existe trabajo remunerado y un salario que supere al menos la canasta básica.

La Marcha Federal, convocada por el movimiento piquetero y las organizaciones obreras y sindicales combativas, se inscribe como la única expresión de lucha por los salarios y puestos de trabajo, por una recomposición general de los salarios e ingresos populares y un plan económico de la clase trabajadora para enfrentar la crisis y rechazar las extorsiones del FMI y el capital financiero.