Sindicales
24/8/2025
Escuelas municipales de Córdoba: la resolución 117/25 profundiza precarización laboral y desconoce derechos laborales
La docencia suplente debe organizarse contra este ajuste en educación.
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Protesta de docentes municipales.
Con fecha del 29 de julio la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba aprobó mediante la resolución 117/25 un protocolo para la firma de certificados ad honorem y actividades especiales que está siendo analizada por los equipos legales del gremio de trabajadores municipales.
La resolución 117/ 25 constituye un verdadero avance precarizador contra la docencia que aspira a ingresar al sistema educativo municipal y pretende “normalizar” bajo el barniz de un protocolo administrativo exhaustivo un régimen de superexplotación laboral cuyo principal responsable es la Secretaria de Educación, Alicia La Terza.
¿Por qué este protocolo ahora?
Para entender la oportunidad en la que se presenta esta resolución, es preciso remontarse al escándalo generado durante el concurso abierto de ingreso 2024, donde la comisión examinadora constató en carpetas de legajos de algunos aspirantes irregularidades vinculadas con la presentación de certificados truchos, abriendo la puerta a una investigación administrativa que recayó con posterioridad en el conjunto de concursantes, incluyendo directivos, administrativos y docentes. El punto más agudo de esta investigación (pero no el único) fueron los certificados ad honorem y de actividades especiales, cuyo valor en el instrumento de valoración supera el desarrollo profesional.
La innumerable cantidad de certificados emitidos por las instituciones puso en relieve el nivel de superexplotación laboral al que se ven sometidos los y las docentes suplentes que aspiran a ingresar al sistema educativo de la municipalidad de Córdoba.
El decreto del intendente, Daniel Passerini, dejando sin efecto el concurso que estaba a un paso de terminar, generó incertidumbre y malestar entre cientos de compañerxs e incluso significó postergar el inicio del ciclo lectivo en las escuelas y las titularidades. La magnitud del problema se evidenció con la intervención de la justicia y los debates que se produjeron al interior de las escuelas. Por todo esto, en un contexto de plan de lucha por el reclamo de recomposición salarial y el pase a planta transitoria de becarios y monotributistas 2020- se suspendieron los ad honorem y actividades especiales. Dictada la conciliación obligatoria y con el regreso a la jornada completa, la ausencia de ad honorem se manifestó en toda su complejidad. Las inasistencias docentes por diferentes causas planteó la necesidad de reorganizar la cobertura de grados, apelando a figuras existentes como DAP y a los propios equipos directivos de las escuelas, afectando en muchos casos la jornada escolar en los grados y salas de nivel inicial.
Las capacitaciones oficiales, montadas sobre la base de cambios de actividad, fueron reprogramadas, ya que mermó significativamente la participación docente. Un sistema con cientos de tentáculos anclados sobre la base de la superexplotación laboral quedó al desnudo. El decreto 117 busca cubrir de ropaje nuevamente para disimular la explotación, aunque la obscenidad que ostenta es indisimulable.
Una resolución con patas cortas: una mentira tras otra.
La resolución parte de admitir la necesidad de aprobar el protocolo para poder cubrir cargos, y argumenta que “en muchos casos esta figura se ha constituido como un primer paso en la trayectoria docente permitiendo los agentes adquirir experiencia y fortalecer su formación profesional”. Sin embargo, el grueso de los aspirantes tienen años frente al grado e incluso doble cargo, en caso de que se desempeñen además en el régimen provincial, como modo de garantizar la continuidad en época de receso. El propio sistema municipal requiere una experiencia mínima de 6 meses de antigüedad en la docencia para poder acceder al concurso.
Más adelante señala que “personas con vocación interés profesional o compromiso institucional acceden a trabajar sin remuneración”. Como ya demostramos en una publicación anterior, el régimen de ad-honorem implica que el suplente percibe un 65% del salario de un titular, ya que las 70 jornadas dobles significan que por el mismo salario deben realizar un 35% más de trabajo, constituyendo una licuación del haber real. “¿derecho de piso?” o reforma laboral encubierta…
Sin que le tiemble la pera, la secretaria de educación vulnera los derechos laborales al sostener en su resolución que “el docente ad-honorem y de actividades especiales tiene las mismas obligaciones compromisos y responsabilidades que su equivalente remunerado, en todo el orden normativo que rige tanto la labor académica como administrativa que se encuentre vigente”. Importa destacar que éstas incluyen la planificación de actividades, reunión con familias, corrección de actividades, cuidado de recreos, comedor y el cúmulo de tareas académicas y administrativas inherentes a las prácticas docentes. Incluso, la responsabilidad legal ante situaciones que derivan de esta práctica, para las cuales basta mencionar accidentes que ocurran con estudiantes a su cuidado -para no escandalizar al lector.
Sin embargo, la secretaria, que sabe que esto puede ocurrir, deja expreso que “el protocolo no implica de modo alguno reconocimiento laboral ni vínculo contractual con el estado municipal, sino un instrumento para formalizar y registrar colaboraciones voluntarias, limitadas, transitorias y debidamente autorizadas”. O sea, “si pasa algo, no te conozco”.
El protocolo pretende blindar al estado municipal frente a una necesidad constatable: que las escuelas garanticen el servicio educativo, en un contexto donde la pobreza se acrecienta día a día. Eso sí, con cero costo para el estado y todo el costo para las suplentes. “No hay plata para cargos”, repite el mantra municipal, fiel reflejo del provincial y nacional. El protocolo llega a la infamia de habilitar la cobertura sin título habilitante, ya que por ejemplo habilita a un docente de grado a cubrir salas de nivel inicial o viceversa, o incluso áreas especiales. Convertir las escuelas en meros espacios de contención, con una sobrecarga laboral explícita, sin responsabilidad del estado municipal por lo que pudiera ocurrir y colocando la problemática educativa formal a la par de los parques educativos y los Centros de Encuentro Barrial constituye un botón de muestra del nivel de improvisación e irresponsabilidad con que se maneja el DEM.
Mientras seguimos esperando que la comisión legal del gremio se expida, el tiempo corre y juega a favor del ejecutivo, que maniobra con la incertidumbre de docentes suplentes. A instancias de directivos que no dimensionan la superexplotación que implica esta actividad leonina, desarrollada con su consentimiento y bajo su responsabilidad legal y que presionan para cubrir inasistencias, el docente suplente es la variable de ajuste: su vida laboral transita entre la expectativa por alcanzar un cargo de planta permanente en el contexto de una competencia salvaje y el resguardo de su salud física, psíquica, y de su salario.
La alternativa a este escenario es la convocatoria a todos los docentes suplentes a una verdadera asamblea gremial que delibere y resuelva ponerle fin a la precarización laboral que propicia el estado municipal. La trampa a la que pretende someternos este ejecutivo es la misma extorsión que quedó manifiesta cuando ligó la recomposición salarial al pase a planta de becarios y monotributistas, y que la docencia municipal desafió con un rotundo ¡no!, demostrando que hay voluntad de lucha contra la precarización y el deterioro salarial.
Reclamamos que el sindicato convoque al cuerpo de delegados y establezca iniciativas que denuncien esta resolución infame en defensa de la integridad de los docentes suplentes. La única manera de enfrentar el ajuste es defendiendo que a igual trabajo corresponde igual remuneración y no aceptar la precarización del trabajo docente. Es indispensable organizar la docencia municipal contra condiciones de explotación como las que refrenda la Secretaría de Educación.
