El 12 de agosto Sturzenegger firmó su primera resolución como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, poniendo en marcha el “régimen de disponibilidad” contenido en la aprobada Ley Bases para ejecutar despidos masivos sobre la planta permanente en todas dependencias públicas.

La ofensiva que queda planteada en el Estado es total. Previo a la Ley Bases, este nefasto mecanismo ya existía pero la Ley de Empleo Público y la estabilidad laboral habilitaban el despido en planta solo en el caso de que la patronal acreditara haber agotado un procedimiento para la reubicación, dando ciertas garantías a los trabajadores frente a la discrecionalidad.

Ahora, la carga recae sobre los trabajadores en disponibilidad, que pasan a ser responsables de su propia “reubicación” en un plazo máximo de 12 meses, luego de lo cual opera la cesantía. Algo imposible en un cuadro de despidos masivos y desmantelamiento de áreas estatales.

Hoja de ruta para el desguace

Valiéndose de la Ley Bases y el decreto 695/24 emitido hace 10 días para reglamentar el capítulo de Empleo Público, Sturzenegger comienza universalizando el alcance de este régimen para aplicarlo también sobre convenios colectivos del Estado que garantizan “estabilidad propia” por fuera de la Ley 25.164 de Empleo Público, por ejemplo en PAMI, Anses, AFIP, entre otros. Es decir, establece que la política oficial aplicar a fondo la motosierra contra los trabajadores.

Para iniciar el vaciamiento, dispone plazos express para intimar a todos los estatales que reúnan “condiciones” para jubilarse. Esto, luego de que la Ley Bases estableciera la eliminación del beneficio de permanecer un año en el puesto luego de la intimación -mientras se iniciaba el trámite. El golpe al bolsillo es brutal considerando que la jubilación compulsiva se calcula sobre salarios estatales hundidos en la pobreza.

Si cabe alguna duda del carácter automático de los despidos bajo este mecanismo, basta advertir que durante el período de disponibilidad se ejecuta una fuerte rebaja salarial por la vía de prohibir el cobro de adicionales que no se correspondan con la situación escalafonaria y que constituyen parches para salarios de hambre. La asfixia salarial acelera el trámite de despido.

También ataca el régimen de licencias del decreto 3413/79, permitiendo limitar las denominadas “sin goce de sueldo” con el objetivo de adelantar despidos. Así, queda cuestionada la “excedencia”, la opción que tienen las personas gestantes para extender la licencia por maternidad pero sin derecho a cobro. Pero también abre la puerta para cuestionar la propia licencia por maternidad, que es considerada “sin goce de sueldo”, dado que el ingreso que se percibe durante el período no es abonado por la patronal directa sino por Anses. La amenaza es gravísima.

Las presuntas tareas de capacitación durante la disponibilidad y períodos de prueba en el marco de una supuesta reubicación resultan una quimera bajo la orientación que expresa esta política de desguace. Ni siquiera generan obligación alguna a la patronal. Para peor, la Ley Bases deja habilitada la absorción de estatales en disponibilidad por parte de empresas tercerizadas que actúen en las dependencias, con menores sueldos y menos derechos.

Finalmente, quedan “protegidos” de despido los trabajadores con discapacidades, pero no así trabajadoras y trabajadores amparados por el Cupo Laboral Travesti y Trans, evidenciando la tentativa oficial de no solo desconocer la norma, sino de allanar el camino para su derogación. Por su parte, la “protección” de trabajadores con tutela sindical (delegados o candidatos en listas gremiales) encierra una maniobra política: el gobierno no comunica un supuesto respeto por los fueros gremiales sino que busca exponer frente a la población un “pacto de no agresión” con la desprestigiada burocracia que domina los sindicatos y que, a cambio de preservar su aparato, con entrega y parálisis, pavimentan los golpes del gobierno.

Upcn entrega y ATE desmoviliza

Es evidente que estamos frente a un salto de calidad en la campaña política que el gobierno desarrolla contra los estatales; ya produjo más de 20.000 “bajas” de contratos desde enero en todo el país, una política que se profundizará cuando a fines de septiembre “venzan” decenas de otros contratos trimestrales. Mientras, sobre esta extorsión, el gobierno refuerza el “plan licuadora” con el que día a día agrava la rebaja salarial en el Estado; uno de los pilares de la política del ajuste fiscal ofrendado al FMI.

En este marco, la parálisis que imponen las conducciones de los sindicatos estatales es intolerable. Andrés Rodríguez de Upcn es abiertamente cómplice de Milei y Sturzenegger. No solo porque viene de firmar la paritaria de 6,6% en cuotas hasta septiembre, sin mandato alguno para hacerlo y sin hablar de despidos (que sigue dejando pasar), sino por admitir públicamente su colaboración con el gobierno en la redacción de la Ley Bases, que además de su carácter antiestatales, habilita la reforma laboral que reclama la clase capitalista para atacar a los trabajadores del sector privado.

Por su parte, la Verde de Aguiar (ATE nacional) y la Verde-Blanca de Catalano (ATE Capital) agravan tanto su parálisis como su política de simulación. Tal es así que, de cara a la movilización a Plaza de Mayo del pasado 7/8, Catalano lanzó un paro que no existió, mientras que Aguiar decretó su clásica “jornada de lucha” sin paro, impidiendo que los trabajadores puedan movilizarse. Bajo esta misma política de simulación, ATE viene de rechazar la paritaria del 6,6% sin plantear a los estatales ninguna acción para organizar un rechazo de manera práctica, desde una posición de fuerza y a escala nacional como corresponde. Un fiasco.

Pero la entrega de Upcn, por un lado, y la parálisis y simulación de ATE, por otro, tienen una base material que las unifica: el gobierno de Milei sigue garantizándoles el nefasto descuento compulsivo del 0,5% sobre trabajadores no afiliados. Pero también tienen fundamentos políticos: los lazos de las conducciones de Upcn, ATE, la CGT y la CTA con la oposición que colabora con Milei en el Congreso y en las provincias buscan atarnos de manos para dejar correr los ataques del gobierno y alimentar un relevo político patronal peronista.

Asamblea nacional de estatales y plan de lucha ya

Los estatales tenemos fuerza para enfrentar el ataque del gobierno. Debemos superar la parálisis y la entrega que nos imponen las conducciones burocráticas de los sindicatos. Necesitamos una gran asamblea nacional de estatales, sin distinción de afiliación, que unifique todas las peleas en el Estado y votar un plan de lucha contra los despidos, el desguace y por salario.

Los docentes que enfrentan la motosierra de los gobernadores en todo país, la huelga universitaria contra la asfixia salarial y presupuestaria Milei y Pettovello, y la lucha de los trabajadores del neumático que combaten junto a su sindicato (Sutna) los despidos en la industria, nos marcan un rumbo.

Basta de despidos en el Estado y reincorporación de todos los cesanteados. Salario inicial igual a la canasta familiar de $1.362.000 (ATE Indec, junio 24) indexado a la inflación.

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