Con el avance del Covid-19, las patronales de las empresas que operan en las localidades bonaerenses de San Nicolás y Ramallo han aprovechado para avanzar en despidos masivos, demostrando una vez más que el decreto presidencial de prohibición de despidos es letra muerta.

En la última semana tenemos el caso de Exiros, del grupo Techint de Paola Rocca, que ha avanzado en el despido del 20% de los trabajadores. Exiros es la empresa de compras y contrataciones del grupo Techint, dedicada al abastecimiento de todas sus unidades de negocios: principalmente para Tenaris, en Campana, pero también para la planta industrial General Savio, que Ternium opera en suelo de Ramallo; para la petrolera Tecpetrol y para la constructora Techint Ingeniería y Construcción. Centraliza las operaciones de compra para Tenaris y Ternium, compañías siderúrgicas del Grupo Techint, Techint Ingeniería y Construcción entre otras, consolidando unos 9 mil millones de dólares en 14 países, según reporta la propia compañía. (Diario el Norte, 13/6). Al grupo, llamado “miserable” por el presidente, se le permite seguir con los despidos en sus fábricas, mientras continúa siendo subsidiada por el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), pagando el 50% del salario. Una ganancia redonda, que cuenta con la complicidad de la burocracia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que deja pasar estos atropellos.

La otra novedad de la semana es el cierre de Howard Johnson en Ramallo, despidiendo a sus 22 trabajadores directos, pero que son muchos más, sumando a contratados y precarizados. Se trata de una cadena internacional de hoteles (con 800 en todo el mundo), que se ha convertido en la Argentina en la cadena principal del rubro, con más de 35. El cierre del de Ramallo, acordado con el intendente Gustavo Perie, afecta al turismo ya golpeado por la pandemia, y va tener sus consecuencias para los trabajadores de la ciudad.

A estos despidos en la zona, se suma la situación de los portuarios en San Nicolás. Hay denuncias de despidos a cuentagotas, llegando a casi 20 trabajadores en las últimas semanas y a partir del cambio de autoridades -se prevé para estos días- una nueva ofensiva contra las condiciones de trabajo. Este sector cuenta con centenares de trabajadores y es un botín de disputa de la ciudad; es manejado por el intendente local, Manuel Passaglia, que permite todo tipo de atropello sobre las condiciones laborales, con trabajadores fuera de convenio y precarizados.

Por último, en la zona norte del interior de la Provincia de Buenos Aires, tenemos el parque industrial Comirsa, que concentra a decenas de fábricas, donde las patronales vienen avanzando contra los trabajadores y sus convenios, como se expresó desde el año pasado con los despidos de los aceiteros de Bio Ramallo (un anticipo de la reforma laboral, que tuvo como objetivo pasar a todos sus trabajadores al convenio petrolero, con sueldos menores y peores condiciones de trabajo). En la metalúrgica JMA -cuyos trabajadores ya habían hecho una huelga a fines de 2019 ante despidos y el atraso del pago del aguinaldo- desde hace meses que no se pagan los sueldos; en los últimos dos solo cobraron lo correspondiente al ATP, es decir un 50% del sueldo.

La mayoría de las patronales de este complejo industrial son subvencionadas por el intendente de Ramallo, no pagando impuestos ni las tasas municipales, mientras se les dejan pasar despidos, recortes salariales, no respetar convenios y aplicar una persecución a los trabajadores que se organizan, como en el caso de Bio Ramallo y JMA.

La parálisis de las burocracias sindicales, que actúan como apéndices de las políticas oficiales y de los capitalistas, es una valla a superar para poder hacer frente a este cuadro de crisis y ofensivas patronales. No hay que olvidar que sigue vigente el acuerdo de la CGT-UIA y el gobierno, que permite la rebaja salarial a los trabajadores que no están cumpliendo tareas por la pandemia. Esta situación se reproduce con la UOM, que permitió que Siderar, que nuclea miles de trabajadores de la zona, pague a los trabajadores que están con suspensión de tareas entre el 50% y el 75% del sueldo.

Preparemos la intervención de la clase obrera

Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, este cuadro requiere de una acción enérgica.

Se trata de la defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo, contra el avance de los convenios laborales y la reforma laboral de hecho. Por la reapertura de las paritarias y un salario igual a la canasta familiar. Por el reparto de las horas de trabajos sin afectar el salario.

Planteamos la nacionalización de toda fábrica que cierre o despida masivamente, bajo control de sus trabajadores; la apertura de los libros contables de las patronales a una comisión de trabajadores elegida democráticamente; la constitución de comisiones de seguridad e higiene, compuesta por trabajadores, que evalúen y pongan en pie un protocolo que cuide la integridad de cada uno.

La jornada nacional de lucha del Plenario del Sindicalismo Combativo del 16 de junio, con las consignas “que la crisis no la paguen los trabajadores”, “fuera el pacto UIA-CGT-Gobierno” y “sin salarios, salud, trabajo y alimentos, no hay cuarentena”, representa un fuerte punto de reagrupamiento.