Sindicales
4/9/2024
Fallo en el caso de la explosión de la escuela de Aguada San Roque
Los peces gordos sobreseídos o directamente nunca imputados.
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Movilización al Tribunal.
El fallo que se conoció este martes 4 al mediodía, por el cual el tribunal declaró a cinco de los seis imputados por la explosión y las tres muertes que produjo la explosión de la escuela de Aguada San Roque en Neuquén, es un fallo más donde el gran entramado de corrupción del gobierno y sus funcionarios con los empresarios de la “patria contratista” produce algunas condenas para la tribuna, pero pone a salvo a la flor y nata de esa trama de grandes, medianos y hasta pequeños negocios con “la tuya”.
Los funcionarios de educación, desde la ministra hasta los integrantes oficiales del Consejo de Educación que obligaron al regreso forzado a la presencialidad, nunca estuvieron siquiera imputados en la causa.
Quedaba un solo cargo de funcionario de alto rango entre los imputados, tal es el caso del subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza, el que precisamente fue absuelto en el fallo que se conoció.
Se condenó por estrago culposo y administración fraudulenta contra el fisco a dos directores de Obras Públicas, un socio y el representante técnico de la empresa contratista. Esto a pesar que el propio tribunal afirma en su fallo que existía “una regla dentro de la subsecretaría de Obras Públicas” consistente en una “promiscuidad entre los inspectores y los contratistas”.
Pero… queda en evidencia que para el tribunal este caso no era parte de la regla. Se habría tratado de una excepción a la misma. Un cuento chino.
El papel de la Fiscalía y las querellas
La querella del caso estuvo a cargo de un equipo de abogados de Aten en representación de la familia de dos de las víctimas, un tercer abogado por otra de las víctimas y en todos los casos adhirieron a la acusación realizada por la Fiscalía durante las audiencias del juicio. Es decir que los imputados atravesaron el juicio y llegaron al momento del fallo sobre la base de la acusación fiscal.
Sobre esa base es que el tribunal al emitir el fallo puede argumentar que respecto a quien era subsecretario de Obras Públicas “los acusadores no han traído elementos suficientes (…) las pruebas que se han producido respecto a Roberto Deza no alcanzan para demostrar que conocía que las obras de la escuela de Aguada San Roque no estaban finalizadas al momento en que se elevó para la firma del certificado 1521 que habilitó el pago (…) esa falta de pruebas de que conociera personalmente que la obra no se encontraba terminada o del resto de las irregularidades que hemos referido respecto de esa contratación impiden destruir o superar la presunción de inocencia que lo ampara”.
Una ilación argumental que tira un manto de sospecha sobre el papel de las querellas y de la propia Fiscalía y la insuficiente contundencia probatoria contra el funcionario político de máxima jerarquía imputado en la causa.
Porque no se trata de si el subsecretario de Obras Públicas tenía o no conocimiento personal de las serias, objetivas, contundentes y prolongadas en el tiempo irregularidades en esa obra. El funcionario no podía desconocer que bajo su mando funcionaba una relación de corrupción con las contratistas, que es convicción del tribunal que era la “regla” de toda la obra pública bajo su responsabilidad.
No hay responsables políticos condenados. Ni del Ministerio de Educación, ni del Consejo de Educación, ni de la subsecretaría de Obras Públicas.
Afuera de Tribunales la movilización de las seccionales recuperadas
Este fallo se dictó en el segundo día de paro de esta semana votado por Aten, por lo que las seccionales Capital, Plottier y Senillosa marchamos desde el monumento a San Martín hasta los Tribunales donde concentrados, cortando la calle, la lectura del veredicto se siguió con atención por altoparlantes.
Brilló por su ausencia, justo en el momento crucial del fallo, la conducción provincial de Aten y la militancia del TEP-Celeste. Esta conducta tal vez haya que explicarla por la conclusión que sacó el secretario general de Aten cuando afirmó apenas conocida la sentencia: “Las responsabilidades políticas ya sabemos todos de quién son. Acá lo que se ha condenado son responsabilidades penales (…) por supuesto que lo de Deza lo vamos a apelar”.
Recordamos que cuando falleció, días después de la explosión, la docente Mónica Jara, en una movilización, el mismo Guagliardo ya había dicho que era “inconducente” exigir la renuncia de la ministra de Educación.
El secretario general no desconoce que para apelar el sobreseimiento de Deza se deben agregar nuevos elementos probatorios, que si los abogados de Aten los tienen no se entiende porqué no los presentaron durante el juicio para evitar que el tribunal lo sobresea aduciendo que no tiene pruebas suficientes aportadas por la querella.
Es decir, como con Sobisch, su subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, cuando fusilaron a Carlos Fuentealba, los máximos responsables políticos no son siquiera imputados o son sobreseídos. Y no se trata que ante la justicia del régimen capitalista una organización sindical o popular pueda siempre lograr una condena a los máximos responsables políticos de un crimen de Estado, pero no se debe conformar con la conclusión genérica que “ya sabemos quienes son”. Hay que denunciarlos con nombre y apellido.
Para Tribuna Docente, desde el minuto uno de la explosión y el triple crimen laboral, lo hemos expresado: la ministra de Educación del momento, Cristina Storioni y los vocales oficiales en el Consejo de Educación; el subsecretario de Obras Públicas y el funcionario de quien dependía; el Secretario de Gobierno y Servicios Públicos; todos ellos como máximos responsables de sus áreas involucradas en la obra y el funcionamiento de la escuela de Aguada San Roque.
La obra tenía un pliego, o sea un contrato público, por lo que ningún funcionario superior desconoce, por los informes que recaba de las distintas obras y sus funcionarios dependientes, que pasa en cada una de ellas. Máxime cuando aún en Neuquén estábamos con semáforo rojo en período de pandemia.
Una parte del entramado de corrupción ha sido condenado. La pata política del poder del Estado sigue impune. Vamos por la imputación de todas y todos ellos.
