Sindicales

19/1/2022

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Frenemos el derrumbe salarial con un plan de lucha arrancado desde la base

Un informe de la Junta Interna de ATE Indec asegura que una familia tipo necesitó, en diciembre de 2021, 123.598 pesos para atender sus necesidades básicas. Ese debería ser el salario mínimo de bolsillo de cualquier trabajador. El mismo informe señala que la pérdida de poder de compra acumulada desde noviembre de 2015, para un estatal, es en promedio un 34,7%.

Esa brecha se acrecienta en la medida que se desciende en la escala de precarización (ni hablar de los planes sociales y las jubilaciones) y marca el abismo que separa al pueblo trabajador de sus explotadores.

El fracaso de la política de control de precios de Roberto Felleti, consistente en implementar aumentos “consensuados” con los capitalistas, es rotundo. En líneas generales, las patronales han ido imponiendo su presión; sobre todo los pulpos alimenticios. Si se excluyen las regulaciones, la inflación de 2021 salta del 50,9 a cerca del 70%. Ese podría ser un “piso” para este año, en caso de que avance la exigencia del FMI de acelerar el ritmo de los tarifazos y la devaluación.

Las paritarias y revisiones que arrancaron por estos días -bancarios, Comercio, estatales, petroleros, entre otros- delinean la hoja de ruta que pretenden el gobierno, las empresas y las conducciones de la CGT y las CTA. Sergio Palazzo, por ejemplo, negocia una suma fija para los bancarios hasta marzo; Armando Cavalieri adelantó que pedirá un 16% adicional para redondear algo cercano al 50% de punta a punta; la Uocra cobraría en febrero la última cuota del 47,8 pactado el año pasado; la UOM recibirá un 5% en enero, febrero y marzo, como parte del 50,2% acordado, los camioneros firmaron por el 45% con cuatro cuotas de 12 mil pesos hasta mayo.

Las cuotas, sumas fijas y revisiones (que van “ajustando” siempre algunos puntos hacia abajo y con un desfasaje importante en el tiempo) consolidan la pérdida. A esta lista se suman los estatales y la muy importante paritaria docente.

El verso repetido por el ministro Martín Guzmán sobre “salarios ganándole a los precios” vuelve a quedar en evidencia con el 33% de previsión inflacionaria que incluyó en el malogrado proyecto de Presupuesto 2022. Lo mismo vale para el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que lo llevará en febrero a obscenos 33 mil pesos, un 60% de la canasta de pobreza.

La burocracia canjeará su participación en este operativo antisalarial por un mayor rescate de las obras sociales y la “asistencia” del Ministerio de Trabajo en las elecciones sindicales, obstaculizando la presentación de oposiciones (¡ferroviarios!) o convalidando padrones completamente fraudulentos (músicos) y reforzando la regimentación, sobre todo al nivel de los cuerpos de delegados.

En medio del desquicio sanitario que se vive en los lugares de trabajo, crece la deliberación y empiezan a abrirse paso algunos conflictos, como el de los rurales de Río Negro y Neuquén, o los municipales de Coronel Suárez, que pueden adelantar una tendencia. Impulsemos asambleas, plenarios y congresos de delegados, para sacar a los salarios y las jubilaciones del pantano actual mediante un plan de lucha que tome como referencia la canasta familiar y la necesidad de cláusulas de actualización automática por inflación.