Se acerca el 7 de diciembre -conocido como el “7D”-, fecha en la que termina la medida cautelar que beneficia al grupo Clarín y en la que se discute si éste debe realizar una desinversión inmediata de sus licencias audiovisuales, como plantea el gobierno, o si a partir de esa fecha debe computarse el plazo de un año para ésta.

Clarín defiende su enorme concentración mediática y el gobierno, por su parte, un nuevo armado -incluso más monopólico, pero en manos de empresarios amigos. Los trabajadores del grupo Clarín estamos, objetivamente, en medio de esta disputa.

No se trata de una cuestión jurídica o comercial. La guerra por el reparto de medios refleja una división política en el campo patronal que divide aguas en el seno de la Justicia, de la UIA, de la Cámara de Diputados, entre los gobernadores e, incluso, entre los sindicatos, debido a la falta de independencia de sus direcciones.

La directiva del sindicato gráfico -SFGB- históricamente ha estado “atada” a Clarín: allí está como postal la foto de Ongaro en la celebración de los 50 años de Clarín, su acuerdo para promocionar la AFJP Activa -de Clarín- cuando se dio la privatización de las cajas jubilatorias o el acuerdo para que el beneficio de Médicus que tenemos los trabajadores vaya atado a la obligación de mantenerse en la obra social gráfica, a la que Clarín siempre adelantó sus cuotas. Tal vez por todo esto a Clarín le resultó tan fácil en los ’90 desconocer el convenio en AGR con la implementación de la “semana desplazada”. La directiva también se ha caracterizado por su amistad con todos los gobiernos -en particular, de Menem para acá. Esta subordinación a Clarín y al gobierno ahora los ha llevado a partirse; no para defender los intereses obreros, sino en función de la división en el campo patronal.

Así, los delegados de Clarín Zepita escribieron una carta de apoyo a Recursos Humanos -que Clarín publicó el 11/10- y, al otro día, el SFGB sacó otra carta, esta vez obsecuente con el gobierno. Ambas posiciones desarman por completo a los trabajadores ante cualquier eventual ataque. Los primeros están aliados a la patronal que en el propio diario está impulsando retiros “voluntarios” -promocionados por ellos. Los segundos embellecen la ley de medios y desinforman a los afiliados al asegurar que ésta no traería aparejada ninguna consecuencia para los gráficos, mientras -a caballo de su implementación- está en marcha una reorganización empresarial completa de los medios. ¿La directiva desconoce la caída en la venta del diario y los “retiros” mencionados? ¿O que en AGR imprimimos la revista de Multicanal? ¿No sabe del manejo discrecional de las licitaciones para impresiones del Estado, así como de la distribución de la pauta publicitaria oficial sin considerar cantidades en tirada y ventas de diarios y revistas?

¿Desconoce que toda mayor concentración tiende a un posterior achique?

Además, los trabajadores de AGR-Clarín en el pasado ya sufrimos el bloqueo informativo a nuestros conflictos por la “unidad” patronal-estatal de los grupos mediáticos. Una nueva monopolización de contenidos no significaría más que una nueva versión de lo mismo, sólo que con Vila-Manzano, Spolszki y Cristóbal López en lugar de Magnetto. Las empresas periodísticas no garantizan la libertad de prensa ni de expresión; la concentración de esas empresas en torno del Estado, menos.

Dentro de las empresas de Clarín, nuestra fábrica es en la que los trabajadores más hemos sufrido las consecuencias de las idas y venidas entre Clarín y el gobierno en los últimos años: de los más de 500 policías invadiendo el taller contra la huelga de 2004 (pleno gobierno de Néstor Kirchner y los despidos masivos -119- más la persecución gremial, a los bloqueos de 2010 y de 2011, encabezados por una interna que luego arregló con la gerencia.

Con el gobierno y Clarín amigos o peleados, nunca nadie defendió a los trabajadores más que los trabajadores mismos. La lucha contra la “semana desplazada”, por la que hasta julio pasado nos obligaban a trabajar los sábados y los domingos en franca violación al convenio, la tuvimos que dar también contra la complicidad del Ministerio de Trabajo. El propio Tomada dejó pasar los despidos de 2004 y la exclusión, durante siete años, de representantes gremiales. Luego acordó con el sindicato y con Clarín el reingreso de los delegados de la Juventud Sindical, quienes se terminaron yendo por dinero; pero mantuvo la exclusión de dos miembros de la actual interna, los que fueron reincorporados luego por vía judicial.

Los trabajadores tenemos intereses distintos a los de los grupos en disputa. Vaya como ejemplo la nueva ley de ART, celebrada por la UIA y Adeba. El gobierno la impulsó, ¿alguien piensa que Clarín pueda estar en contra? Para nada. ¿A quién perjudica? A nosotros, los trabajadores que nos encontramos reclamando por la inseguridad industrial.

A raíz de ello, frente a esta disputa patronal, la Comisión Interna Gráfica de AGR Clarín nos solidarizamos y llamamos a los trabajadores de todo el grupo Clarín a defender, con asambleas y unidad, en forma independiente del gobierno y de la empresa, todos los puestos y condiciones de trabajo -en especial, en los medios más afectados, como las radios, el cable y canal 13/TN (Artear). Pero también en los medios gráficos. Nos oponemos a cualquier “retiro” compulsivo en Clarín Zepita y reclamamos, para el caso de nuestro taller, que se garantice la continuidad de la impresión de todas las publicaciones. Reclamamos y llamamos a unirnos por la total libertad sindical y de elección de delegados en todas las empresas gráficas y periodísticas, por el cumplimiento de las paritarias en Tacuarí y por la reincorporación de Mariana Cuccarese en el 13. Reclamamos que este debate se lleve al seno del pleno del cuerpo de delegados del SFGB, sin exclusiones.

26/10/12