El conflicto que se ha desatado hace varias semanas entre las cámaras empresariales pesqueras y los obreros de la pesca es una postal de la pandemia empuñada como ariete para avanzar en reformas laborales de hecho, con la complicidad de los gobiernos provinciales y nacional y direcciones sindicales burocráticas que no pueden contener a sus bases, que intuitivamente defienden sus convenios colectivos de trabajo con paros y piquetes en diferentes puertos y ciudades del país, haciendo crujir el pacto social que busca reforzar Alberto Fernández junto a la burocracia de la CGT.

Esta guerra es en torno a una mercancía en particular: el langostino, que se exporta en dólares y fija los salarios para la pesca del resto de las especies. En este conflicto están implicadas las cámaras y empresas pesqueras como el Consejo de Empresas Pesquera de Argentina (Cepa) de Mar del Plata, la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) de Santa Cruz, y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (Capip) de Chubut. Afecta a todos los puertos del litoral marítimo argentino como Mar del Plata, Puerto Madryn, Camarones, Comodoro Rivadavia, Rawson, Trelew, Puerto Deseado, Caleta Olivia, Caleta Paula, Ushuaia. Los sindicatos involucrados son fundamentalmente tres: el Somu (marineros), el Stia (alimentación) y el Aacpypp (capitanes de barcos).

¿Qué es lo que busca imponer el capital de la pesca?

En el marco de la pandemia, la actividad pesquera fue declarada esencial muy temprano, el 3 de abril. Señalando un derrumbe en los mercados de exportación del langostino (fundamentalmente España, China, Portugal, Rusia), por ende profundizando la baja en los últimos años del valor en dólares de la tonelada y habiendo fallado un reclamo de quita de retenciones a la exportación, las cámaras empresariales impulsaron a mediados de junio, junto al comienzo de la zafra del langostino, un verdadero lockout patronal, es decir, no sacaron sus barcos al mar. Hay que mencionar que los permisos de pesca son nacionales, así como el hecho de que los trabajadores están contratados y cobran por embarque, en un esquema similar al de la construcción.

¿Por qué decidieron no pescar, y mantener paralizada la actividad? Del mismo modo en que las petroleras hacen sus propios “piquetes” a la producción y a la inversión al no perforar pozos cuando el valor del barril es bajo, las empresas pesqueras frenaron la producción, como un mecanismo de presión para que se modifique el Convenio Colectivo del Somu, y se reduzca un 40% el valor de referencia en dólares de la tonelada de langostino, uno de los ítemes que se toma como referencia para liquidar los salarios (en pesos) en cada “salida”. Es decir, un problema de costos. Las cámaras mencionan en un comunicado en repudio a las medidas de los sindicatos: “Es falso que las empresas estén proponiendo una baja del salario. (…) discutimos que sea a un valor del langostino más en sintonía a los precios del mercado internacional, y no a valores de hace 14 años”. Sostienen que precio del congelado (buques que pescan, procesan, congelan y exportan) a bordo bajó de U$D/Tn 9.531 en 2006 a U$D/Tn 4.755, y que por lo tanto sufren una pérdida de 1.271 dólares por tonelada que pescan en estas condiciones. El convenio del Somu fija como valor de producción de la tonelada de langostino el 78% + 0,85% de 5.800 dólares. No existe por parte de las pesqueras “pérdida” alguna, sino una voluntad de mantener ganancias extraordinarias en dólares, como han acumulado durante los más de 15 años del “boom” del langostino patagónico.

Piquetes y medidas de defensa

El 5 de julio, el Somu, gremio que forma parte de la burocracia de la CGT y cuyo secretario general es Raúl Durdos tras el encarcelamiento de Omar “Caballo” Suárez, lanzó un paro nacional de la flota congeladora (pesca, procesado y congelado a bordo) y fresquera (pesca, enfriado y procesamiento en tierra), involucrando casi una decena de puertos. Como el paro fue muy fuerte en los buques congeladores, las patronales ejercieron una presión fuerte sobre la flota fresquera, que salió a pescar. En una reacción que se escapó por completo del radar de la dirección del sindicato, los trabajadores llevaron adelante piquetes en las rutas que transportan el langostino a las plantas de procesamiento en tierra, es decir, donde se lavan y se limpian los langostinos. Esto en Chubut y Santa Cruz, Puerto Madryn (Ruta Nacional A010) y en Puerto Deseado (Ruta 281), respectivamente.

La amenaza de cientos de toneladas de langostino echadas a perder fue utilizada por las patronales y ampliamente difundidas por medios de comunicación, para quebrar la huelga e impactar en la opinión pública. Nunca la alarma es la misma cuando se trata de puestos laborales o reducciones salariales de convenios homologados por ley.

Frente a la proliferación de estos piquetes organizados desde las bases, el Ministerio de Trabajo de Claudio Moroni dictó una conciliación obligatoria el día lunes 13 de julio (hay que recordar que por la zafra de langostino el Estado nacional percibe 500 millones de dólares en retenciones), que el Somu en un principio no acató, pero sí instó a levantar los cortes en las rutas del langostino. Por otro lado, el Stia, gremio involucrado en el procesamiento en las plantas, también largó medidas de fuerza en reclamo por sus propias condiciones salariales y despidos en el sector, como los casi 300 en la empresa Fyrsa que opera en Rawson y Trelew.

Tras un cuarto intermedio, el martes 14 de julio, en el momento de mayor fuerza de la huelga marítima, la dirección del Somu y las cámaras pesqueras acataron la conciliación obligatoria “para seguir negociando pero pescando”. Sin embargo, ahora sucede que las empresas violan la conciliación y realizan un nuevo lock out patronal: nuevamente no sacan los barcos, y lo justifican, al margen de los elevados costos mencionados, por la logística de movilizar a los puertos a los marineros (el 80% son del norte del país) y los costos de los testeos (promedio $10.000) que debe tener realizada con 48 horas de anticipación toda la tripulación de un buque antes de zarpar, además de una cuarentena a bordo finalizada la pesca. Cabe recordar que Comodoro Rivadavia, la ciudad más poblada de la Patagonia, tiene un brote de Coronavirus producto del contagio de 8 marineros del buque “Santorini”, en una causa que investiga la justicia federal en manos del fiscal Norberto Bellver; a lo que se suma el reciente caso de un buque en Tierra de Fuego de 64 contagios a bordo. De este modo, los obreros no son solo víctima de la avaricia de los capitalistas de la pesca sino de la pandemia, la imposibilidad de aislamiento a bordo y los ritmos de producción que exigen las patronales, frente a los cuales los protocolos significan un costo mayor.

La lucha de los obreros de la pesca necesita una orientación independiente para triunfar y persistir en la defensa irrestricta de los convenios colectivos. La pandemia no puede ser utilizada como ariete para avanzar sobre derechos adquiridos como el salario, las jubilaciones y las condiciones de trabajo. Por otro lado, la irracionalidad de los empresarios de la pesca pone de manifiesto la necesidad de la nacionalización y control del comercio exterior bajo control de los trabajadores.