Un par de días atrás asumió la Comisión Normalizadora de la CGT regional Córdoba compuesta por Rubén Urbano (UOM), Edgar Luján (Camioneros) y Héctor López (Atsa-Salud). Se desplazó así al sector de José Pihen quien antes encabezaba la Central.

Mientras en los lugares de trabajo los delegados electos expresan el malestar creciente de los trabajadores por una inflación en permanente ascenso, que reclama la intervención directa para frenar el ajuste, en las cúpulas priman los intereses que dirimen cuestiones de caja. El conflicto por el desfinanciamiento de las obras sociales frente a los recortes en partidas clave como la destinada a la discapacidad se asoma a cada paso y muestra cómo está atado con alambre el conflicto social.

El contraste no puede ser mayor: lo exhiben las calles diariamente, con los reclamos de docentes autoconvocadxs que rechazan paritarias a la baja, propinando una derrota histórica a Monserrat de Uepc; lo hacen los prestadores precarizadxs de salud acompañados de familiares y usuarios de servicios ligados a tratamientos de discapacidad, que no se conforman con los “no pagos diferidos”, en una muestra del cinismo de un gobierno que postega la salud de la población naturalizando el pago fuera de término y licuado por la inflación; lo hacen los trabajadores del Sutna, que llevan más de 100 días de asambleas, paros y bloqueos de fábrica en defensa del salario mientras la patronal pretende hacer pasar una reforma laboral que liquida conquistas históricas. Lo hacen los jubiladxs, en plenarios y cabildos abiertos que reclaman por el 82% móvil. Lo hacen los trabajadores desocupadxs, nucleados en el Polo Obrero y la Unidad Piquetera, que no abandona un plan de lucha por apertura y universalización de planes y refuerzo de emergencia frente a un gobierno que pretende abandonarlos a su propia suerte.

Mientras esto sucede en las calles, en las oficinas de los dirigentes se traman alianzas, presiones, coaliciones y desplazamientos con la única intención de garantizar la contención del movimiento obrero y evitar su desborde para sostener al gobierno provincial y nacional, atados ambos a la agenda ajustadora del FMI. Pero, de la agenda de lxs trabajadores, ni noticia.

En un cuadro de inflación que acumula 46% en lo que va del año, que pronostica arriba del 6% para agosto y estar encima del 90% para diciembre, con una caída histórica y sostenida del salario, el horno no está para bollos: las maniobras para contener muestran su límite porque el hambre no entiende de dilaciones. Es lo que deliberaron los trabajadores que se convocaron al plenario de ocupados y desocupados del 25 de agosto y lo que expresarán el próximo jueves 8 de septiembre en la marcha impulsada por el Polo Obrero, la Coordinadora Sindical Clasista, ATE y CTA y un sector del ambientalismo.

Vamos con la unidad de toda la clase obrera, en un frente único contra el ajuste y por trabajo genuino, por aumentos de salarios y jubilaciones. No al pago de la deuda usuraria y fraudulenta, que ya revela que se paga a costa del hambre, la salud y la educación de nuestro pueblo.

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