El gobierno acaba de rubricar, mediante el Boletín Oficial, que las tareas de cuidados serán reconocidas como años de aportes acumulables para los requisitos jubilatorios. Este nuevo sistema incluye el reconocimiento de aportes por el tiempo en que la mujer haya estado con licencias por maternidad, como así también un año de aporte por cada hijo, un adicional de un año en el caso de que fueran adoptados o discapacitados y dos años adicionales en el caso de que la mujer hubiera cobrado AUH.

Esta medida se toma mientras el propio gobierno restringe la posibilidad de acceso a la jubilación por parte de las mujeres. Es que la prórroga de la moratoria jubilatoria que se operó en 2016 y en 2019 no incluyó la modificación del año tope de referencia que sigue estancado en 2003 y el actual gobierno aunque hizo campaña sosteniendo lo contrario, lejos de solucionar el problema lo agravó con un nuevo recorte jubilatorio.

“Con el correr del tiempo esta moratoria se acota aún más” decía en 2019 la economista Julia Strada, hoy funcionaria del Banco Nación. “Las mujeres que hoy tienen 57 años y tendrán 60 en 2022, último año de la actual prórroga, necesitarán no cuatro sino siete años de aportes registrados post-2003 para contabilizar los 30 requeridos por ley”. La justa crítica de entonces quedó sepultada para gobernar en favor del ajuste y los planes fondomonetaristas.

Solo una de cada 10 mujeres se encuentra en condiciones de jubilarse (datos 2020 Dirección Economía, Igualdad y Género). Este cuadro coloca al “reconocimiento” subordinado a una política general de achicamiento del universo de mujeres con posibilidades de jubilarse y deja en pie el andamiaje jurídico macrista de recortes jubilatorios, extensión de la edad jubilatoria y vaciamiento del financiamiento del sistema.

Desde el 2020 hasta ahora, cayeron a la mitad la cantidad de trámites jubilatorios que efectivizó el Anses, lo cual constituye un claro recorte en el acceso al beneficio y en lo que va del año hay una caída del 10% de la prestación jubilatoria.

En el 2016 el macrismo aprobó la llamada “Ley Ómnibus” o de Reparación histórica, con un apoyo importante del peronismo gobernante hoy. En ella estableció un antecedente para proceder a una reforma jubilatoria reclamada por el capital a nivel internacional. Buscaban elevar la edad jubilatoria y estandarizar un ingreso asistencial. Por entonces se prorrogó la moratoria. La creación de la PUAM fue en este sentido una forma de crear una pensión solventada con el aporte de lxs propios trabajadores, a costa de condenar a la mayoría de las y los aportantes a la mínima y a quienes reciben la pensión a un ingreso que representa el 80% de la mínima.

La doble vara kirchnerista

Cuando en 2019 se acercaba nuevamente la fecha de caducidad de la moratoria para las amas de casa, y en plena campaña electoral, la Corriente Federal, la UTEP y el kirchnerismo realizaron marchas al ANSES y lanzaron una campaña reclamando la prórroga y más: “la extensión de tres años para las mujeres es una “farsa” porque no modifica la fecha de corte congelada en 2003.

“Es otra medida que encubre una jugada puramente electoral”, decía entonces el gremialista dirigente de la Corriente Federal Carlos Ortega y sostenía que “los casos de trabajadoras que puedan acceder a una jubilación ordinaria a través de este sistema son cada vez menos porque aumenta la cantidad de años que tienen que tener aportados a una edad en donde es cada vez más difícil acceder a un trabajo formal”. Se refiere en general a las moratorias porque estrictamente hay dos en “vigencia” una para varones cuyo año tope es 1993 y la otra la que se hizo popular como la jubilación del “ama de casa”, que reconoce la “compra” de aportes hasta 2003. Los mismos que antes criticaban hoy gobiernan imponiendo peores condiciones jubilatorias que en el pasado.

Frente a estas medidas que se toman con los fondos del Anses no aparece nunca la discusión sobre el financiamiento del sistema. Por el contrario la eliminación de aportes patronales sigue siendo una política mientras que los fondos jubilatorios se suplen por recortados fondos del fisco provenientes mayoritariamente de lo que se recauda por IVA, o sea, de lo que por otra vía también pagan los trabajadores. La promesa de Alberto Fernández de que iba a incrementar las jubilaciones con los intereses de las Leliqs forma parte de las grandes mentiras de campaña que formuló ese espacio político.

Durante la licencia por maternidad a la mujer se le cancela su condición de trabajadora, incluyendo esto la baja, muchas veces, del acceso a la obra social. Anses (o sea, los trabajadores con sus aportes) costean el salario mientras dura la licencia. En la medida que se redujo fuertemente el aporte patronal, lo que tenemos es que es una redistribución de los ingresos de los trabajadores la que permite realizar el pago del salario durante esos meses. El reconocimiento actual de esos aportes es un acto de justicia pero que se financiará de una manera injusta, sobre la base de congelar en la mínima el conjunto de las jubilaciones. Peronistas y macristas operaron una fuerte transferencia de recursos que antes debía poner la parte patronal, de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de las patronales.

La medida anunciada, si se hubiera dado en un marco de actualización de la moratoria, y de un financiamiento del sistema con aportes patronales y no con la plata de los trabajadores, hubiera representado una ampliación de posibilidades para las mujeres. Como se produce en un marco general de ajuste, no representa una ampliación de derechos.

Reclamamos: actualización inmediata de las moratorias jubilatorias, el financiamiento de la misma sobre la base de aportes de las patronales y de la restitución de todos los aportes patronales recortados, la prohibición de otorgar beneficios patronales que impliquen recortes en los bolsillos de los trabajadores y el cumplimiento del pago de una jubilación que no esté por debajo de los 65 mil pesos que cuesta una canasta básica familiar.

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