El gobierno confirmó un aumento en los haberes jubilatorios de un 12,12% para el trimestre que va de junio a agosto. La titular de la Anses, Fernanda Raverta, lo presentó como una conquista porque, en sus palabras, permitirá a los jubilados superar el alza de la inflación del segundo trimestre del año.

Nada más falso. En primer lugar porque la funcionaria, con la mayor de las superficialidades, hace esta aseveración cuando los datos sobre la inflación de ese período aún no se conocen. Estas declaraciones de Raverta repiten lo de marzo pasado cuando comunicaron un miserable 8,07% mientras que la inflación llegó al 13%. Así, el gasto en jubilaciones se redujo en el primer trimestre en $42.600 millones respecto al mismo período del 2020.

Si la funcionaria quiere hacer proyecciones, con una inflación del 4% mensual el primer semestre 2021 superaría holgadamente el 25%, cuando sumando los dos aumentos llegarán a solo un 21,17%. Es decir que los jubilados seguirán perdiendo en su capacidad de compra, golpeada además porque los precios de los productos que forman parte de su canasta de consumo crecen aún por encima de la inflación general.

La titular de la Anses saluda y celebra que la jubilación mínima alcance, hasta el mes de agosto inclusive, los $23.064,70, cuando la canasta de la tercera edad ya supera los $65.000, casi tres veces el haber que cobrará la inmensa mayoría de los jubilados hasta el próximo mes de setiembre.

El gobierno de los Fernández sigue los pasos del macrismo de convertir a las jubilaciones en un mero aporte a la vejez, despegado totalmente de toda relación con los salarios –cuando no es otra cos que un salario diferido- y a la cobertura de las mínimas necesidades de consumo de los jubilados. Buscan terminar así con el sistema jubilatorio conquistado hace décadas por los trabajadores.

Los dos aumentos de este año muestran con claridad como la fórmula aprobada a fines del año pasado fue concebida para reducir las jubilaciones y el “gasto fiscal” tal como lo reclama el FMI. La misma se compone en un 50% por el aumento en los salarios y el otro 50% se basa en la evolución interanual de la recaudación de impuestos que tienen como destino total o parcial a la Anses. Tanto en el porcentaje de marzo como en el de junio lo que más pesó fue el índice salarial, impulsado por las paritarias recién firmadas. La recaudación empujó hacia abajo, al calor de las exenciones a las patronales. Pero como las paritarias cerraron la baja su impacto tenderá a reducirse, y el incremento de los jubilados a distanciarse cada vez más de la espiral inflacionaria. Por esa razón es que el actual gobierno de Alberto Fernández rechazó vincular la de cualquier manera la nueva fórmula con las variaciones de los precios.

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Para esconder la pérdida de 5 puntos frente al alza de precios, en marzo el gobierno otorgó dos bonos de $1.500 cada uno a cobrar en abril y mayo (solo para los que ganan de $30.000 para abajo) que, más allá del alivio momentáneo que supone en el bolsillo de la masa de jubilados que cobran haberes de miseria, no se suman al cobro mensual, por lo que en junio desaparecen. Esto supone que, para quienes cobraron el bono, el aumento de junio a agosto será de apenas un poco más de $1.000, o un 4,5% de lo que cobraron estos meses.

Con esta composición del índice, el gobierno se guardó un as bajo la manga. Si al llegar a fin de año los aumentos otorgados en los haberes jubilatorios son mayores que el índice de la recaudación del Anses, se descontará la diferencia del último incremento del año, es decir que los jubilados podrán tener entonces un aumento aún menor al que les corresponda o directamente ninguno.

A su vez, como el gobierno amplía sistemáticamente las exenciones a las patronales de aportar al sistema previsional, la consecuencia es la baja en los ingresos del organismo que se constata mes a mes y que pagarán los jubilados en sus haberes.

La línea directriz de liquidar el sistema jubilatorio no muestra grietas, ya que está dictada por las directrices del Fondo. Tiene hitos de pérdida del 19,4% en los haberes durante el macrismo, a lo que se suma el hasta el 7% perdido el año pasado -un ahorro fiscal de $100.000 millones- y el que se puede estimar en un 4 a 5% de este primer semestre.

El camino al que llevan las políticas de los sucesivos gobiernos capitalistas, sean liberales o nac&pop, lleva a la miseria total a quienes han trabajado durante décadas y merecen un retiro con la cobertura de sus necesidades básicas satisfechas. Ante este ataque brutal a las condiciones de vida, el Plenario de Trabajadores Jubilados (PTJ) plantea la lucha por un aumento de $15.000 y una mínima de $65.000 equivalente a la canasta básica del jubilado.

También reclama vacunas para todos, y una moratoria que resuelva la situación de los miles y miles que no pueden jubilarse por no alcanzar los 30 años de aportes, debido a la precarización laboral, el trabajo en negro y la desocupación.

Impulsa, con estas reivindicaciones, una nueva jornada nacional autoconvocada de organizaciones de jubilados, junto a organizaciones de lucha de los trabajadores, contra el saqueo impuesto por esta nueva movilidad, reclamando el 82% y la movilidad automática sobre la base de los sueldos o de la inflación, lo que de mejor. También que las PUAM y otros beneficios sean equivalentes a la jubilación general, la defensa incondicional de las cajas provinciales, la restitución de los aportes patronales, y por una direcciones electas por trabajadores y jubilados en la Anses, las cajas provinciales, el Pami y las obras sociales.

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