06/07/2021

Jubilaciones del Banco Provincia: la trama oculta del pacto Kicillof-Palazzo

Una “sustentabilidad” a la medida de los bonistas.

En diciembre del 2017, el gobierno de María Eugenia Vidal arrasaba con la ley jubilatoria de los trabajadores del Banco Provincia (Bapro) . Si bien el peronismo, entonces en la oposición, votó en contra de la ley 15.008, el guadañazo contó con la complicidad de tres diputados de la entonces Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos. Esta ley, pactada entre Cambiemos y el PJ- kirchnerismo, fue resistida por los trabajadores que sufrieron descuentos masivos por medidas de fuerza en los años 2017 y 2018.

Recientemente, el gobernador Axel Kicillof participó junto a Alberto Fernández y el secretario general de la Asociación Bancaria Sergio Palazzo del acto por el 48° aniversario del sindicato, donde anunció el envío de una nueva ley a la Legislatura bonaerense. Aunque los “nacionales y populares” hacen campaña electoral prometiendo la restitución de los derechos cercenados, lo cierto es que el proyecto de Kicillof no implica reponer las conquistas perdidas ni el retorno a la ley original para los bancarios del Bapro.

Ajuste a las jubilaciones con la complicidad del peronismo

La ley provincial de Vidal elevó la edad jubilatoria de los bancarios del Provincia hasta los 65 años, desligando la actualización de los haberes previsionales de los salarios de los trabajadores en actividad. Vidal contó con la colaboración cómplice de Jorge Federico Otermin y otras diputadas del peronismo, que dieron quórum en la Cámara para sancionar este brutal ajuste que impone, además, un mínimo de 35 años trabajados para jubilarse, suprime el 82% y fija el 70% al cese sobre un promedio actualizado de los diez últimos años en lugar del mejor sueldo trabajado.

Como dato agreguemos que Otermin, hoy mano derecha de Kicillof, fue repudiado entonces por los bancarios y trabajadores que se movilizaron a la Legislatura y fueron reprimidos por la policía. El susodicho no es un personaje menor ya que responde al intendente Martín Insaurralde, uno de los “candidateables” del Frente de Todos en las próximas elecciones. Al lomense Insaurralde lo mencionan como posible candidato de Máximo y Cristina a pesar de sus idas y vueltas del kirchnerismo. El voluble Otermin se autodefinía en el 2017 como “más dialoguista” con Cambiemos. Nada de esto le impidió al cristinista Kicillof promoverlo como actual presidente de la Cámara de Diputados en la legislatura.

Con la ley de María Eugenia Vidal en vigencia y después de un año y medio de gobierno del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, el déficit o quiebra de la Caja debería asumirlo el Bapro con sus “ganancias líquidas”, lo que elimina de hecho el respaldo estatal para las jubilaciones. Lo que toda la burguesía llama “los regímenes previsionales de privilegio” son los distintos porcentajes de aporte que realizan los trabajadores. Por caso un bancario del Banco Provincia aporta entre el 14% y el 23% a lo largo de su carrera, además de aportar cada primer aumento, como activo y luego como jubilado, íntegramente a la Caja y de seguir aportando como jubilado el 8,2% de su jubilación o pensión. Como Vidal, el Frente de Todos invoca la sustentabilidad para limitar también los derechos previsionales. La nueva ley de Kicillof será una variante retocada de la ley vidalista y no su derogación.

A poco de haber sido promulgada por Vidal, jubilados del Banco Provincia hicieron distintas presentaciones judiciales contra la ley 15.008. Como parte de éstas, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó el llamado fallo “González” que habilita el pago al jubilado demandante en los términos de la movilidad anterior. Aunque la Caja del Banco Provincia apeló el fallo, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires rechazó la apelación considerando que “la movilidad del período involucrado se calcula de acuerdo a variables propias del momento en que González se jubiló”. En cuestión entra también la constitucionalidad de una ley que afecta derechos adquiridos.

El anuncio de Kicillof responde a las consecuencias que podría traer una eventual declaración de inconstitucionalidad y las demandas judiciales de costo millonario para la administración kicillofista. Como señalamos en Prensa Obrera, el gobierno provincial tiene que vérselas con el veinteavo rechazo de los bonistas buitres al canje de la fraudulenta deuda externa bonaerense, y con los litigios en los tribunales de Nueva York que van de los 1.600 a los 2.000 millones de dólares por el default en los pagos. Una quiebra de la Caja terminaría por sellar el derrumbe del canje de los 7.190 millones de dólares en bonos de tenencia extranjera que son de vencimiento corto.

Los detalles del proyecto de ley aún no se conocen pero sí se sabe que no se trata de volver a la ley original sino de compatibilizar algunos beneficios sin comprometer la “sostenibilidad del sistema”. Eufemismos aparte, la sostenibilidad de la Caja fue el mismo argumento del que se sirvió la exgobernadora María Eugenia Vidal para sancionar la antiobrera ley 15.008 aduciendo un déficit de 6.000 millones. Mientras Kicillof y Palazzo hacen demagogia electoral, el Frente de Todos da este paso preventivo promoviendo una “nueva ley” retocada de la 15.008 para cubrirse de los juicios manteniendo la mayor parte de las medidas ajustadoras.

El proyecto en cuestión tiene el visto bueno de la burocracia bancaria: una suerte de “vía intermedia” entre los derechos previsionales y la “sustentabilidad” de la Caja del Bapro, ni más ni menos que el viejo verso para avanzar contra los trabajadores. Como sea, esta “ley Kicillof” estará sujeto a las modificaciones a la baja y al toma y daca en la Legislatura bonaerense, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría en el Senado. Recientemente la oposición derechista logró la aprobación de la media sanción de una ley que establece la “esencialidad” de la educación presencial, más allá incluso del falseado sistema de fases sanitarias.

La tierra arrasada de Vidal lleva las huellas del Frente de Todos y de las burocracias sindicales que se negaron a hacer de la defensa de las jubilaciones una causa de conjunto. Son las mismas direcciones entreguistas de la CGT y las CTAs, que a principios del 2020 dieron su aval a la “reforma jubilatoria ” de Alberto Fernández; una reducción de las jubilaciones nacionales mientras el gobierno sigue saqueando al Anses para pagar la deuda externa y subsidiar a los capitalistas.

La lucha y movilización por la restitución de los derechos jubilatorios para los bancarios del Provincia va unida a la denuncia del kirchnerismo gobernante y la burocracia sindical que quieren “cambiar un poquito para que nada cambie”. Es perentorio que se promuevan asambleas en todas las sucursales del Banco Provincia para someter el proyecto de ley a la consideración de los trabajadores.

El Partido Obrero inscribe en su programa y plan de acción del Frente de Izquierda Unidad de la provincia de Buenos Aires la recuperación integral de todos los derechos previsionales conculcados comenzando por el 82% móvil al cese y contra todo alargue de la edad jubilatoria. Derogación de la legislación de Vidal y el macrismo.

 

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