Sindicales
2/7/2026
Judiciales de Córdoba rechazan una paritaria de pobreza y van al paro por 48 horas
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En la última asamblea provincial, los judiciales de Córdoba votaron por 513 votos contra 228 el rechazo a la propuesta del gobierno de cierre de una paritaria a la baja. La conducción del gremio la militó rabiosamente. La votación por el rechazo y un paro de 48 horas representa una derrota para la orientación de ajuste salarial que la patronal está obstinada en imponer. En ese marco, mientras los afiliados deliberaban, el Ministerio Público Fiscal difundió un memorando de carácter antisindical con el que apunta contra el derecho de huelga y busca regimentar al colectivo de trabajadores judiciales.
El resultado de la votación dejó expuesta a la conducción de AGEPJ. Y luego tuvo que salir a cuestionar el memorando. El documento establece una cobertura mínima durante los paros e imparte una serie de instrucciones a funcionarios y jefes de oficina de todas las áreas del Ministerio Público Fiscal (MPF) para informar quiénes son los trabajadores afectados por la medida de fuerza. Se trata de un recurso que va en la misma línea que los descuentos por los días de paro, una política con la que la conducción de la CGT ya convive y deja pasar en la provincia.
A pesar de la conducción, la base judicial impulsó el rechazo con la convicción de que la "oferta" no constituye una recomposición efectiva de los salarios. Además, los trabajadores saben que enfrentan a una patronal que no cumplió con el acuerdo de equiparación conquistado mediante la lucha del año pasado. Como ocurre habitualmente, las y los jubilados son quienes sufren las peores consecuencias, mientras las rebajas de aportes patronales siguen deteriorando el conjunto de los haberes.
El resultado de la votación se produjo en un cuadro de creciente intervención de las y los trabajadores en la vida del sindicato, expresada también en nuevas afiliaciones. A lo largo de ese proceso, la burocracia encabezada por Federico Cortelletti apuntó sistemáticamente a desactivar la intervención desde las bases y a limitar la participación democrática de los afiliados.
Es claro que la conducción de Cortelletti mantiene un alineamiento con el gobierno de Martín Llaryora. Incluso cuando el rechazo a la propuesta ya era mayoritario, recorrió distintos lugares de trabajo intentando convencer a los judiciales de aceptar una oferta que mantiene en la pobreza a las categorías más bajas.
A la subordinación de la burocracia sindical se suma la orientación represiva de la patronal, que mostró los dientes y ratificó que está dispuesta a avanzar con medidas profundamente antisindicales. Un antecedente de esta política fue el conflicto docente, cuando el gobierno de Llaryora infiltró a la Policía, secuestró y detuvo a un delegado opositor, en un grave ataque a las libertades democráticas. El activismo sindical debe sacar las mejores conclusiones de esta etapa.
La primera respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. El paro de 48 horas comenzó con una importante adhesión en toda la provincia, incluyendo las Unidades Judiciales, donde las autoridades intentaron aplicar el esquema de guardias previsto en el memorando antisindical. La medida de fuerza volvió a expresar el rechazo mayoritario a una oferta salarial insuficiente y a los intentos de limitar el ejercicio del derecho de huelga.
En ese marco, delegados de la oposicion presentaron una nota ante la conducción de AGEPJ para que el gremio cuestione la constitucionalidad del memorando y eleve el planteo ante la Secretaría de Trabajo. La presentación reclama una respuesta inmediata frente a una disposición que busca disciplinar la protesta sindical y abrir el camino a nuevas represalias contra quienes ejercen el derecho constitucional de huelga.
Defendamos a los judiciales y sus libertades sindicales. Llaryora debe recomponer urgente el salario de las y los trabajadores para que salgan de la pobreza, en particular los auxiliares. Sigamos atentamente su lucha, porque si ganan los judiciales, ganamos todos.
