Según un informe del Ministerio de Trabajo de Nación se habrían recuperado solo el 54% de los puestos de trabajo perdidos en el peor momento de la pandemia; sin embargo, con la actividad económica casi empatada con los niveles prepandemia, esto refleja una mayor explotación y precarización del trabajo: una presión más de las patronales hacia una reforma laboral.

Se trata de los 191 mil empleos privados perdidos durante marzo y junio del 2020, reconocidos por el Ministerio de Trabajo, de los cuales solo se “recuperaron” unos 103 mil, durante los 12 meses posteriores, al tiempo que la actividad económica registra el 98% de reactivación a niveles de febrero del 2020.

Lo que revelan estos números, a groso modo, es que esa actividad económica recuperada ha recaído sobre las espaldas de una menor porción de trabajadores o de contrataciones informales o precarias, lo cual revela que las patronales se han valido de la pandemia y de la permisividad del gobierno de Alberto Fernández, con un decreto antidespidos pintado, para imponer nuevas y peores condiciones de trabajo y forzar una reforma estructural en su favor.

Presiones patronales

Consultados por este fenómeno, desde la UIA señalaron que la empresas no aumentan la dotación de empleados pero sí pagan más horas extras, como forma de “compensar” la disminución del plantel y atender las necesidades de la actividad. Y que se evaden de recontratar debido a los límites de la actual normativa para disponer de su nómina a discreción (despedir, suspender, flexibilizar, etc.).

En la base de este planteo de las patronales se encuentran las presiones para imponer una reforma laboral, convenio por convenio, que flexibilice las condiciones de contratación y facilite las cesantías por medio de la aplicación de institutos como el del Fondo de Desempleo de la construcción.

Gran parte de la campaña mediática y de los políticos patronales respecto al empalme de los planes sociales con el trabajo, para la “generación de empleo”, tendría este mismo propósito: emplear mano de obra precarizada y subsidiada, al tiempo que atacar los convenios colectivos para hacerlos más versátiles a los intereses patronales.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por su parte, trató de minimizar la cuestión señalando que se debía a que esa diferencia de puestos se habría recuperado, pero esto habría sido, “circunstancialmente”, en el mercado informal. Es decir que las patronales aún no “están seguras” de formalizar estos trabajadores: lo cual revela la complicidad del Estado con el empleo no registrado y las vulneraciones que ello conlleva.

Uno de los paradigmas oficiales de la recuperación del empleo es lo que ocurre en Vaca Muerta, donde las empresas tienen récords de productividad con menores dotaciones de empleados. La Ley de Hidrocarburos presentada por el gobierno refuerza esta orientación, con beneficios a las patronales, sobreexplotación laboral y disminución salarial: un modelo para los negocios de las patronales.

Otro dato importante es que al tiempo que el trabajo en relación de dependencia privado creció un 1,5% interanual en junio, el monotributo saltó un 2,5% dejando al descubierto formas encubiertas de contratación. Mientras que el monotributo social, es decir los sectores más vulnerables que viven con una parte del salario mínimo de indigencia, creció un 5,1%.

Cuando el gobierno habla de proyecciones elevadas de crecimiento del PBI, de un 8%, y de una recuperación de la actividad económica, está festejando un salto en la recomposición de la rentabilidad de los capitalistas a fuerza no de mayores inversiones sino de que aprovecharon la pandemia para “ajustar” al personal, mientras gozaban de exenciones impositivas y a los aportes patronales que obtuvieron por parte del Estado. Ese “crecimiento nacional” es celebrado como una garantía al bolsillo de los banqueros y acreedores de la deuda externa, a costa de perpetuar una mayor explotación y salarios de pobreza.

Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos la prohibición de despidos y el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, para defender el empleo. Así como el Plan Integral contra la desocupación, presentado por la Unidad Piquetera, para la creación de un millón de puestos de trabajo bajo convenio y con un salario igual a la canasta familiar. Una orientación que se opone al régimen de explotación y precarización que viene de la mano de las negociaciones con el FMI y la agenda de las patronales.

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