Un plenario de secretarios generales de la federación del gremio de la Sanidad (Fatsa) amenazó con lanzar un plan de lucha “en abierto desafío –dicen los medios– a la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo” (Infobae, 8/7). Lo plantean como una respuesta a la postergación de las audiencias entre empresarios y el sindicato, para tratar la paritaria 2021. La conciliación ministerial fue aplicada la semana pasada cuando el gremio había anunciado paros de cuatro horas por turno con el reclamo de un aumento salarial de 43% al 45%. Llamativamente, en esa oportunidad y casi simultáneamente, se sumó la Federación Argentina de Prestadoras de salud (FAPS), que anunció un lock out patronal para la misma fecha, con suspensión de las atenciones programadas. Argumentó en ese momento que “hasta que no haya solución definitiva para actualizar los aranceles, no hay manera de aumentar los salarios”, eso a causa de “el dramático desfinanciamiento que afecta al sistema de salud…” (ibídem). Lo más llamativo de aquellos anuncios había sido la estrecha asociación entre las patronales y los gremialistas. Ya que mientras las cámaras empresarias destacaban que el reclamo gremial del 40% era justo, West Ocampo, líder junto a Daer de la Fatsa, decía que “la medicina privada tiene que aumentar sus valores que están iguales desde el 2019”. Una afirmación no sustentada en evidencia alguna, ya que las ganancias de las empresas son datos guardados bajo siete llaves y sus libros contables no son de acceso público para los gremios. Aparte de que sí hubo ajustes permanentes de la medicina privada en dos años y medio, reforzados por todo tipo de subsidios (ATP, Repro) y exenciones impositivas.

La semana pasada, sin afectar la conciliación ministerial que impide a los gremios durante su vigencia tomar medidas de fuerza, la burocracia de Sanidad realizó demostraciones públicas de aparato, con batucadas callejeras a cargo de los cuerpos de delegados de varios establecimientos. La incógnita entonces es si ahora estamos ante un viraje “combativo” de los Daer y West Ocampo en línea con sus declaraciones: “no vamos a aceptar más demoras y dilaciones”, “vamos a realizar todas las acciones sindicales que sean necesarias…” (ibídem). Sería muy extraño viniendo de la jerarquía sindical más allegada al gobierno y que más garantiza, desde la CGT, la “gobernabilidad” de Alberto.

La clave hay que buscarla en las declaraciones del ministro Moroni que suspendió la audiencia mencionada porque “se encuentran elaborando los instrumentos que resuelvan los problemas de financiamiento del sistema de salud”. O sea, el conflicto cerrará con aumento de aranceles sanatoriales y cuotas de prepagas, más algo que caiga de la mesa para los trabajadores. No se trata por cierto de un giro combativo de este sector rancio de la burocracia sindical, sino de un posicionamiento en el reparto de mayores ingresos de la medicina privada y de las obras sociales. Con el aditamento, esta vez, del tironeo que sacude a las obras sociales y prepagas ante el decreto de gobierno que apuntala la caja de la burocracia, al disponer que los afiliados a las primeras deben permanecer un año en ellas antes de poder derivar sus aportes a otras que “tercerizan” a las prepagas,

La Naranja de Sanidad está realizando una agitación en los establecimientos en favor de un plan de lucha de verdad, independiente de los intereses patronales, basado en las asambleas de establecimientos, por 100.000 pesos de básico inicial y condiciones de trabajo que alivien la situación de extrema exigencia y riesgo de la lucha contra la pandemia. Ante las patronales multimillonarias que lucran con la medicina y lloran miseria, que se abran los libros de las empresas a una auditoría pública independiente para verificar el manejo de los fondos y las ganancias.

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