La inflación del 7,8% en abril anunciada por la Ciudad de Buenos Aires (10,4% en alimentos) lleva la carestía a un acumulado del 31,2% en los primeros cuatro meses del año, índice que será igual o superior cuando se conozcan las cifras del Indec.

La inflación descontrolada pulverizó los acuerdos salariales trimestrales pactados por la burocracia de la CGT y de las CTAs, adaptados a los topes del 60% anual de Massa y del Ministerio de Trabajo.

Los aumentos de Comercio, Uocra, UTA, etcétera, e incluso bancarios, rondan todos el 30%, están por debajo del incremento inflacionario y son en amplias cuotas, que diluyen todavía más los salarios. En todos los casos, los sueldos están por debajo de la canasta básica y son la causa de que la mayoría de los trabajadores ocupados, incluso formales, se encuentren sumergidos en la pobreza.

Daer, invitado al foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, acaba de señalar sin darse por aludido que “hay un sector del mercado laboral formal que mide por debajo de los estándares que marca la pobreza”, ante el beneplácito de los capitalistas que lo escuchaban.

Más alevosa todavía es la entrega salarial de la burocracia “con aguante” del sindicalismo kirchnerista de Hugo Yasky y Roberto Baradel, clave en el ajuste fondomonetarista del gasto público de parte del Estado, exigido por el FMI, que pactaron aumentos del 40/35,5% por siete meses, ya completamente absorbido por la actual estampida de precios. Al día de hoy, un maestro de grado con máxima antigüedad gana 182 mil pesos, cuando por estos incrementos se calcula que “la línea familiar de pobreza (matrimonio con dos hijos menores) rondaría los 210.000 pesos mensuales sin computar el alquiler. Con un alquiler modesto, supera fácilmente los 270.000 pesos” (Clarín, 8/5).

La política de la burocracia sindical ha sido un complemento estratégico en la aplicación del ajuste fondomonetarista contra los trabajadores, junto a la política inflacionaria del gobierno peronista que, según el Banco Central, llegará al 126% anual y hasta podría ser todavía mayor.

Este sablazo al ingreso de trabajadores activos, pasivos y desocupados se profundizará. Todos los analistas señalan que, en mayo, los tarifazos de luz y gas, del transporte, de los combustibles y la escalada del dólar blue seguirán alimentando una inflación descontrolada, que coloca al país al borde de un Rodrigazo.

Frente a este fracaso, la burocracia sindical de la CGT y de las CTAs han comenzado a reclamar instancias de discusiones para actualizar los salarios, ante la bronca creciente de los trabajadores. En mayoría de los casos, como pasó con estatales, docentes y judiciales con Kicillof, se han ido sin nada en las manos. No obstante, redoblan la apuesta de los acuerdos cortos y en cuotas, del adelantamiento de algún pago, de sumas fuera del salario, no remunerativas, siempre por detrás de la inflación y por debajo de la canasta familiar, que han llevado al actual desgaste histórico de los ingresos obreros.

Organizar la lucha por el salario

El 2 de mayo, en el acto de la CGT, la burocracia sindical se postuló como gran baluarte para contener a la clase obrera, ante la crisis social que anuncia la actual descomposición económica, y para seguir garantizando la reforma laboral limando convenio por convenio.

Paralelamente, por debajo, los trabajadores acumulan una presión que crece día a día. Las huelgas docentes son un ejemplo de ello, como los paros y movilizaciones de los Suteba Multicolores en la provincia de Buenos Aires, y la gran lucha de los docentes santacruceños, aislados por la burocracia de Ctera en su pelea contra los aprietes de la gobernadora Alicia Kirchner.

Organizar la lucha por la reapertura de las paritarias, por un salario que cubra la canasta familiar es la tarea urgente que tenemos planteada, una lucha que requiere del paro nacional que debemos arrancarle a las centrales sindicales.

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