A más de un mes de vencida la paritaria, aún no se ha colocado fecha de reunión de la Mesa Nacional de Negociación Salarial para la docencia universitaria. La dilación, que responde a una embestida deliberada del gobierno nacional y las patronales universitarias contra la educación superior y sus trabajadores, cuenta con el aval cómplice de las burocracias sindicales. Como contracara de esto, la Agrupación Naranja –integrante de la Coordinadora Sindical Clasista- está en una campaña en todas las federaciones por la organización de las medidas de lucha, en primer lugar del paro de 48 horas votado por la Conadu Histórica, planteando que ningún docente debe cobrar por debajo de la línea de pobreza.

Se trata de un verdadero desplome salarial. Entre diciembre de 2015 y enero de 2021, tal como fuera denunciado en todas las intervenciones de la Naranja, el salario básico neto del cargo testigo cayó un 34%, con un importe que apenas cubre el 13,59% de la canasta familiar, muy lejos de la conquista de la media canasta.

Un dato de especial relevancia es que, tomado únicamente desde el comienzo de la pandemia, el poder adquisitivo del docente universitario cayó más de un 20%, lo cual se explica con el incumplimiento de la cláusula gatillo y del acta del 7% de aumento que firmaron el ministro Trotta, los rectores y las burocracias sindicales. Todo esto cuando no ha habido ningún reconocimiento de gastos de la virtualidad –ni conexiones, ni equipos.

La burocracia de las federaciones Conadu y Fedun, enroladas en el Frente de Todos, ha emprendido un camino de entrega, limitándose al envío de notas al Ministerio y rechazando medidas de lucha elementales. Es la línea, ya anticipada por los voceros gubernamentales, de techos salariales equivalentes al 29% o, como propone –más maquillado- Conadu, del 35% en tres cuotas. Idéntica actitud ya adoptó Ctera, que también participa del debate paritario universitaria.

Las limitaciones del planteo de la actual conducción de Conadu Histórica son materia de debate en el activismo. Luego de un intenso debate en su congreso, animado por los delegados de la Naranja y de otras corrientes de la oposición, se aprobó el paro nacional de 48 horas. No obstante, su consigna de “recuperación del 20% perdido en la paritaria anterior hasta marzo de 2021” coloca a los paladines del “frente anti-Macri” en la paradoja de bajar el reclamo por el 10,38% que aquel gobierno “neoliberal” le quitó al poder adquisitivo docente. A diferencia de Conadu, incluye el pedido por conectividad, aunque evita fijar montos. En resumen, una propuesta donde la docencia universitaria continúa por debajo de la línea de pobreza.

La respuesta comienza a sentirse en las asociaciones de base. En la Universidad de Buenos Aires, la AGD-UBA encabeza un enorme trabajo organizativo por el paro, que tendrá una expresión concentrada mañana miércoles 7 a las 13 hs en la convocatoria a la sede central del CBC (Ramos). Allí, los reclamos por la paritaria se unirán a la defensa de los puestos de trabajo de los docentes de la cátedra Marchini, amenazados por una pelea entre las camarillas universitarias. Otro tanto ocurre en el preuniversitario Colegio Nacional de Buenos Aires, que ha sido blanco de furibundos ataques mediáticos y antisindicales. Un balance del paro y la continuidad de las medidas serán puestas a consideración en la asamblea del jueves 8, donde también se votará la memoria y balance del sindicato. Por su parte, la Universidad de Rosario será otro escenario importante, en especial luego de que el 88% de los docentes congregados en la asamblea de la COaD votó a favor del paro.

La Agrupación Naranja reclama un aumento del 50% para toda la docencia, con cláusula gatillo por inflación, en el camino a la media canasta familiar; 3.000 pesos mensuales por conectividad; renta para los docentes ad honorem, pase a planta de contratados y monotributistas, reformulación del escalafón de los preuniversitarios y promociones de ATP 1 a JTP.

Con posterioridad al paro, el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista del sábado 10 será otra escala en el combate para que ningún docente universitario cobre por debajo de la línea de pobreza.