Como consecuencia de dos movilizaciones al juzgado que tramita la quiebra, los trabajadores de Donnelley (ahora cooperativa Madygraf) lograron el compromiso de pago de 4 mil pesos por parte del juez Santichia. Sería -manifestaron- “a cuenta” de los trabajos realizados en el mes. Todavía queda por definir el destino del dinero que la empresa tiene en sus cuentas. Aún no se habilitó el pago de indemnizaciones y salarios adeudados correspondientes a agosto. 

 

El sindicato no se hizo presente en las movilizaciones, a pesar de que fogoneó la salida cooperativista, y le ha sacado la obra social a los trabajadores. También se produjo la movilización de un grupo de trabajadores (muchos jerárquicos), que se manifestaron por la liquidación inmediata de los bienes, para destinarlos al pago de las indemnizaciones. Los trámites en el Inaes no avanzaron. Como señaláramos en la edición anterior de Prensa Obrera, se trata de un trámite tortuoso. La política de la burocracia de Ongaro y el ministerio lleva a la desmoralización de los trabajadores.

 

Según los delegados, el Ministerio de Trabajo habría reconocido en un escrito la continuidad laboral, pero se trata de un compromiso vacío si no aclara bajo qué forma jurídica o de propiedad. Una declaración de utilidad pública con vista a la expropiación es facultad de la Legislatura, aunque de signo contrario a la tendencia del Estado en el caso de empresas vaciadas o bajo trato judicial. Christian Castillo, por el bloque parlamentario del Frente de Izquierda bonaerense, ha presentado un proyecto en ese sentido, a cambio de un peso de indemnización. La empresa no sería estatizada sino transferida a la cooperativa, aunque es probable que sea cuestionado el articulado sobre la indemnización.

 

Exigimos una movilización del sindicato por la expropiación sin carga para los trabajadores y una comisión de seguimiento formado por todas las agrupaciones sindicales y el cuerpo de delegados.

Necesitamos un plenario de delegados.